La paradójica fuerza de la justicia

Nadie lo esperaba. Pero al indagar sobre cuál ha sido su mayor contribución en estos 3 años de gobierno a la democracia colombiana, se encuentra que gracias a Petro la justicia ha recuperado su dignidad y lugar institucional en el Estado. Bastó que el recién posesionado Presidente diera sus primeras muestras de arrogancia, al anunciar que ordenaría que los jóvenes de la primera línea pasaran la Navidad al lado de sus familias, cuando el fallo de un juez de Bogotá (que condenaba por tortura y concierto para delinquir a uno de sus líderes) le hizo saber al Presidente que no era todopoderoso. Que su poder tenía límites. Los jueces y magistrados le han hecho saber al Presidente que la Constitución y las leyes son patrones de regulación y están para ser acatados, sin diferencias de credo, raza, condición o jerarquía. Que definen las reglas de juego y se deben respetar. Así, en la medida en que Petro ha dejado ver su "vocación de mando" y su disposición a hacer una "libre interpretación" de las normas, el Poder Judicial se ha levantado para poner límites a un mandatario que creía que gobernar era llegar, ordenar y listo, ¡todo se hacía! Por ejemplo, han sido los fallos del Consejo de Estado los que, entre otros, lo han obligado a aceptar que el artículo 367 de la Constitución establece que es el Congreso y no el Presidente el que define todo lo relacionado con las competencias y responsabilidades relativas a "la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario". Que, por más que el Presidente quiera cambiar el régimen tarifario, es el Congreso el que mediante ley puede hacerlo. Nadie más. Igual, que el artículo 104 impone que cualquier decisión de trascendencia nacional que el Presidente quiera consultar al pueblo necesita del "previo concepto favorable del Senado de la República". Y si no es favorable, no hay consulta. En la Corte Constitucional, los datos revelan la escasa disposición del Gobierno a respetar la Constitución y las leyes. Entre 2023 y junio 2025, se han proferido en torno de 100 sentencias de constitucionalidad sobre leyes de iniciativa gubernamental y sobre decretos expedidos por el Gobierno. El 65 % ha sido declarado inexequible, y en el 20 % ha ordenado someterse a lo resuelto en las anteriores decisiones (por inexequibilidad). Solo el 15 % de las leyes puestas a consideración del Congreso y los decretos que ha expedido han pasado el examen de constitucionalidad. En el 80 % de los casos, la decisión ha sido unánime, y en el 20 % restante han sido decisiones mayoritarias. En la Corte Suprema, hay decisiones claves en la lucha contra las organizaciones criminales. Pero, sin duda, la contribución es más cualitativa. Por ejemplo, la férrea defensa de la independencia de la Corte y de la rama por parte del entonces presidente, Gerson Chaverra, llegó a descomponer tanto al presidente Petro que afirmó: "No entiendo por qué un negro puede ser conservador". La respuesta de Chaverra no pudo ser mejor: "En ese aspecto yo mantengo mi dignidad de juez. Los jueces nos pronunciamos a través de nuestras decisiones. Procuro no entrar en debates ni agitaciones desde el punto de vista de la política, ni manifestaciones totalmente alejadas de mi rol judicial, que es el que defiendo". Los ataques de Petro a la institucionalidad judicial y a la dignidad de los jueces terminan forzando una reacción que no solo le ha permitido a la justicia reencontrar su lugar y su papel en el sistema democrático colombiano, sino que también ha llevado a que los propios jueces, magistrados y demás operadores judiciales sean conscientes de que los Estados y las democracias soportan y sobreviven a los malos gobiernos. Incluso a los malos congresos. Pero nunca van a soportar y a sobrevivir a las malas justicias o las justicias corruptas. Por fortuna, el sistema está diseñado para corregir los entuertos de los jueces deficientes y sostener la democracia como lo ha hecho en estos 3 años de gobierno. ¡¡Qué paradoja!! * Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional
Tres años del gobierno Petro
Pedro Medellín Torres*
Los jueces y magistrados le han hecho saber al Presidente que la Constitución y las leyes definen las reglas de juego y se deben respetar.