Estado de derecho en entredicho

La situación que está viviendo la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado en 2020 por denunciar al responsable de la usurpación de un terreno de su propiedad en Quilpué, es reveladora del poco apego que existe en algunos sectores políticos a los principios que fundan el Estado de derecho. No hay disputa respecto de que esa propiedad fue ocupada ilegalmente. Por eso, en junio de 2021, la Seremi de Vivienda y Urbanismo dictó una ordenanza al Serviu para que este demoliera las instalaciones construidas en el lugar, pero ello nunca se concretó. Fue el inicio de un largo calvario burocrático para la familia Correa, la que finalmente interpuso un recurso de protección ante la Corte de Valparaíso, para conseguir que la orden de demolición se ejecutara. La Corte acogió el recurso hace un año y aun así la sentencia sigue sin cumplirse. Más aún, en estos días la Seremi emitió una declaración en la que -citando un protocolo de derechos humanos de la Corte Suprema- afirma que, para demoler, se debe desalojar antes a los ocupantes y que ello sería responsabilidad de la propia familia Correa.
La situación es incomprensible. Desde luego, involucra una revictimización para quienes, en lugar de ver sus derechos resguardados por el Estado, se enfrentan a un aparato público empeñado en eludir sus responsabilidades más básicas. En un caso como este, la Seremi está interpelada como parte del aparato estatal y lo mínimo que cabe esperar es que coordine eficazmente las acciones necesarias para cumplir lo que le ha ordenado la Corte. En vez de eso, quizás para evitar los costos políticos que pueda significar la demolición, la autoridad se concentra en hallar argucias que justifiquen su inacción.
Son estas actuaciones las que hacen dudar del compromiso con el Estado de derecho. Si frente a fallos categóricos de la justicia se sigue intentando escabullirlos, estamos ante un problema mayor. Para que la vida en común pueda desarrollarse en armonía, es indispensable que las reglas que una comunidad política se ha dado, y las resoluciones de un poder del Estado independiente, se cumplan y se hagan cumplir satisfactoriamente. En caso contrario, se instalan la incivilidad y la anomia. Y cuando eso ocurre, la posibilidad de que el orden político decaiga es elevada, perjudicando el buen funcionamiento de la democracia y la economía. En Chile, ya la confianza en las instituciones estatales, incluidos los servicios públicos y los tribunales, se encuentra muy debilitada; de hecho, se ubican en último lugar en esta dimensión entre los países de la OCDE, a bastante distancia del promedio. En un cuadro así, emergen incertidumbres e inseguridades que también son perjudiciales para la convivencia. Por eso, no se pueden aceptar las declaraciones de las autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El caso requiere de pronunciamientos y acciones por parte de las más altas autoridades del país. Recaerá sobre ellas la responsabilidad por las eventuales consecuencias de estas maniobras dilatorias.