Presupuesto 2026 comienza debates, con vientos de recorte
Así las cosas, con la presentación del Presupuesto 2026, el Congreso enfrenta el reto de decidir si respalda la propuesta del Ejecutivo o si impone recortes que envíen una señal de responsabilidad fiscal; mientras que los expertos coinciden en que el presupuesto está inflado, desfinanciado y mal estructurado, y que mantenerlo como está debilitaría aún más la credibilidad del país ante inversionistas y calificadoras
Así las cosas, con la presentación del Presupuesto 2026, el Congreso enfrenta el reto de decidir si respalda la propuesta del Ejecutivo o si impone recortes que envíen una señal de responsabilidad fiscal; mientras que los expertos coinciden en que el presupuesto está inflado, desfinanciado y mal estructurado, y que mantenerlo como está debilitaría aún más la credibilidad del país ante inversionistas y calificadoras. Esta nueva etapa del Presupuesto no será como en años anteriores, ya que otra vez se depende de una ley de financiamiento o reforma tributaria, que ayude a recaudar 1 de cada 20 pesos que se tienen proyectados en las cuentas de gasto del 2026. El punto es que los debates arrancaron y no se sabe cuál será la propuesta tributaria.
El Congreso de la República se prepara para abrir la discusión del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 por un monto de $556,9 billones, este debate se realizaría entre el jueves y el viernes de esta semana, debido a que el Legislativo canceló las sesiones del 12 y 13 de agosto ante el luto por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. De acuerdo con información entregada por la mesa directiva del Legislativo a los congresistas, el trámite oficial será pospuesto durante estos dos días y se reanudaría el jueves, todo esto con el fin de cumplir con lo establecido en la ley. El presidente de la Cámara, Julián López, sostuvo que son conscientes de la magnitud de lo sucedido con Uribe y se brindarán todos los honores que merece. Luego de ello, dijo que deben surtir el proceso de debate del Presupuesto antes del 15 de agosto, para no incurrir en vicios de trámite o afectar la normativa que rige este tema tan importante para el país. En este sentido hay que decir que el trámite inicia en un ambiente marcado por cuestionamientos técnicos, advertencias sobre sostenibilidad fiscal y la posibilidad de ajustes a la baja; ya que tanto centros de pensamiento como exministros y congresistas coinciden en que el monto propuesto por el Gobierno es excesivo y se aleja de una senda fiscal responsable, especialmente en un año en el que se suspendió la regla fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que el incremento del gasto, del 9% frente al presupuesto vigente con aplazamientos ($511 billones), está "completamente desalineado con las condiciones fiscales del país". Según sus cálculos, un presupuesto prudente no debería superar los $531 billones, por lo que el proyecto "se pasa en más de $20 billones respecto a lo que debería ser una senda fiscal responsable" y aumenta mucho más que la inflación esperada del 4,5%. No hay ambiente En medio de la desolación por el asesinato de Miguel Uribe, fuentes en Senado y Cámara resaltaron que el consenso mayoritario es que el monto propuesto por el Ministerio de Hacienda es exagerado y supera las expectativas reales de gasto del país. Es por esto que no se descarta que se radique una proposición para reducir el monto, para no depender de una ley de financiamiento que podría no prosperar; aunque también se plantea revisar, en etapas posteriores, las asignaciones por sectores para ajustarlas a lo mínimo necesario y evitar nuevos descalabros fiscales en un contexto de incertidumbre económica. Algunos integrantes de las comisiones económicas, como el representante a la Cámara Christian Garcés, han dicho que "el presupuesto se espera financiar con deuda, pero de qué sirve si se van a escalar las finanzas del Estado colombiano. Lo malo es que sube el déficit en 5,3%, el 25% del presupuesto se espera financiar con deuda, en un país que crece al 2,6%". En varias alocuciones Garcés ha criticado el crecimiento del gasto de funcionamiento y cuestionó que se plantee una ley de financiamiento de $26 billones cuando el año pasado no se aprobaron $12 billones y por eso propuso devolver el proyecto para que sea ajustado y se apruebe de forma concertada entre Gobierno y Congreso, escuchando al Banco de la República y al Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, calificó el proyecto como un "pésimo presupuesto", no solo por su magnitud sino por su estructura. Según dijo, desde 2022 la inversión real ha caído y el gasto en burocracia se ha disparado un 40%. Para Restrepo, el proyecto llega con un hueco de $26 billones y en un contexto en el que la regla fiscal fue suspendida, por lo que advirtió que "es un descaro pedir una nueva reforma tributaria en medio de este desorden fiscal. No hay límites sensatos. Y para colmo, los recursos para cultura, deporte y ciencia caen en términos reales". También alertó que los mayores recursos se destinan a funcionamiento, personal e intereses de deuda, sin fortalecer la inversión productiva y social; por lo que el riesgo, en su concepto, es que si la reforma tributaria no pasa, el ajuste termine recayendo sobre esos rubros de inversión. Aseguró que la reforma tributaria propuesta, que considera una "mala idea", podría deteriorar la actividad productiva al elevar la carga tributaria y eliminar exenciones de IVA, afectando al ciudadano e insistió en que "no hace ningún ajuste en el derroche de funcionamiento ni en los gastos de personal" y pone a la inversión social y productiva como la más afectada en caso de que no prospere. Así las cosas, con la presentación del Presupuesto 2026 esta semana, el Congreso de la República enfrenta el reto de decidir si respalda la propuesta del Ejecutivo o si impone recortes que envíen una señal de responsabilidad fiscal; mientras que los expertos coinciden en que el presupuesto está inflado, desfinanciado y mal estructurado, y que mantenerlo como está podría debilitar aún más la credibilidad del país ante inversionistas y calificadoras.