Banco Central valora promover los bancos digitales para aumentar la competencia. Sin embargo, la banca tradicional y expertos piden un marco regulatorio claro.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se muestra abierto a la incorporación de bancos digitales en el sistema financiero nacional, como una forma de fomentar una mayor competencia. Entre los nuevos actores están las fintechs (financial technology, en inglés), empresas de la industria financiera que usan la tecnología para competir con las entidades tradicionales, como los bancos.
"El Banco podría promover que exista más competencia entre los intermediarios financieros", declaró el presidente del ente emisor, Róger Madrigal, en entrevista con La Nación.
En su criterio, la tecnología es una ventaja y se debe revisar que se necesita para permitir la operación de los "bancos digitales" como intermediarios en Costa Rica.
Actualmente, el BCCR tiene autorizadas a 16 fictechs para efectuar transacciones en el Sistema de Pagos (Sinpe), pero no pueden hacer actividades esenciales de los bancos como dar créditos o recibir inversiones
Madrigal se refirió al tema tras ser consultado sobre las herramientas con que cuenta el Banco Central para que la transmisión de las reducciones de la tasa de política monetaria (TPM) fuera notable en las tasas activas, es decir, las de los créditos.
"He conocido gente que se queja de que establecer un banco en Costa Rica, tal vez el principal problema no es el capital, sino toda la normativa que tienen que cumplir y los documentos previos que tienen que presentar que son excesivos para establecer un intermediario financiero. Entonces, sí hay que revisar", agregó.
Modernizar normativa
Desde el sector tecnológico, José Miguel Zamora, presidente de la Asociación Fintech, detalló que están de acuerdo en que Costa Rica necesita más competencia en el sector financiero, y en ese sentido consideran que las fintechs (empresas tecnológicas financieras) juegan un "rol fundamental".
"Las innovaciones que introducen las fintechs a los países donde operan, motivan a los intermediarios financieros a actualizarse, mejorar su oferta de productos y a digitalizar sus servicios", indicó Zamora.
Eso sí, a criterio del presidente de la Asociación, aunque una empresa fintech se vuelva intermediaria financiera, bajo el marco regulatorio actual, terminaría comportando como un actor tradicional.
"Sin una modernización de los marcos normativos actuales aplicables a los diferentes actores del sistema financiero, el consumidor realmente tiene muy pocas oportunidades de encontrar mejoras. Aunque puede haber fintechs que pueden desembolsar más rápido (algunas en cuestión de segundos) con un proceso 100% digital para el otorgamiento de un crédito, rara vez ofrecen una mejor tasa de interés, cuando las comparamos con las de un intermediario financiero".
Es urgente revisar el marco normativo actual, que tiene lagunas y lo que sí está normado es mayoritariamente del siglo pasado.
La visión de la banca tradicional
La directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, Annabelle Ortega, explicó que, como "mercado abierto", hay espacio para que nuevos actores, incluidos los bancos digitales, complementen la oferta existente.
"La eventual incorporación de nuevos intermediarios podría contribuir a dinamizar aún más el mercado, generar eficiencias y ampliar las opciones para los clientes. Sin embargo, su impacto en las tasas activas dependerá también de cómo se integren al sistema financiero, de las regulaciones a las que estén sujetos, de su modelo de negocio y de las condiciones macroeconómicas", añadió Ortega.
Pese a esto, desde la perspectiva de la Cámara, el sistema financiero nacional presenta condiciones adecuadas de competencia, con una oferta diversa de productos y servicios que responden a las necesidades de los usuarios.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) indicó que la competencia es "muy fuerte" en el sistema bancario del país.
Rodrigo Cubero, asesor de la ABC, explicó que la población costarricense tiene más opciones para comparar precios y servicios en el sistema bancario que los que tienen los ciudadanos de otros países.
"Por ejemplo, mientras en Costa Rica hay 377.000 personas por cada banco (una cifra parecida, pero inferior a la de España), en República Dominicana hay 713.000, en Colombia 1.160.356 y en México 2.676.224 (cifras al 2023, provistas por la empresa Cefsa)", detalló Cubero.
El asesor de la ABC indicó que el ingreso de nuevos intermediarios financieros —digitales o convencionales—, "siempre será bienvenido".
Sin embargo, precisó que para garantizar condiciones de competencia óptimas y un mayor bienestar para los usuarios es necesario que los nuevos jugadores operen en igualdad de condiciones con los bancos existentes, y tengan un marco jurídico "claro y preciso".
"La competencia es sana, necesaria y beneficiosa en cualquier industria, en tanto el marco regulatorio aplicable sea nivelado y equitativo para todos los jugadores", consideró Cubero.
El criterio de la Sugef
Para conocer la posición actual de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) respecto a la participación de las fintechs como actores en el sistema financiero, La Nación consultó a la entidad a través de un correo electrónico emitido el pasado 13 de agosto a las 10:36 a. m., pero al cierre de edición, las preguntas seguían en trámite.
No obstante, en el pasado la Sugef ya se había referido.
En setiembre del 2024, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que las fintechs solo pueden captar dinero de terceros para prestar servicios de pago por medio de Sinpe, pero legalmente no están avaladas para abrir cuentas ni realizar intermediación financiera mediante el BCCR.
En aquel momento, la Sugef resaltó que estas empresas debían insertarse dentro del sistema financiero nacional; no obstante, reconoció que Costa Rica tendría que aprobar una nueva regulación especial, en la Asamblea Legislativa, para estos nuevos actores.
La Superintendencia enfatizó que se debía aplicar regulación a estas empresas para garantizar a sus clientes el adecuado uso de la información, la protección tecnológica de estos servicios, la ciberseguridad e integridad del sistema financiero.