Amplían investigación por el contrato de los pasaportes

La Procuraduría General de la Nación decidió ampliar la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en el convenio para la fabricación de pasaportes, suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. La medida, que inicialmente estaba dirigida contra la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ahora vincula a seis funcionarios adicionales. Además, el órgano de control indicó que la Sala Disciplinaria de Instrucción examinará si en la suscripción del acuerdo se omitió un proceso de selección abierto y competitivo. De acuerdo con el planteamiento de la Procuraduría, en el modelo adoptado la Imprenta Nacional no tendría la capacidad plena de ejecutar el objeto contractual, lo que la obligaría a subcontratar servicios complementarios, limitándose a recibir capacitación y a realizar desembolsos presupuestales. La investigación de la Procuraduría también se concentrará en determinar si se desconoció la normativa vigente sobre la contratación con algunos organismos internacionales. El Ministerio Público también señaló que el aporte de la Casa de la Moneda de Portugal en el acuerdo es inferior al 50% del valor total, lo que pondría en cuestión la figura jurídica utilizada para formalizar el convenio. Otro de los puntos en revisión es el supuesto compromiso de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que excederían el actual periodo de Gobierno. Según la Procuraduría, este aspecto podría implicar un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los colombianos residentes en el exterior. De manera paralela, se investigará la existencia de una presunta falta de disponibilidad presupuestal para cubrir ciertos ítems del convenio, así como la legalidad de varias decisiones de la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia relacionadas con la aprobación del acuerdo. En la ampliación de la investigación fueron vinculados Julián David Peña Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Imprenta Nacional; Olga Lucía Ruiz Mora, subgerente administrativa y financiera de la misma entidad; y los miembros de junta Jaime Berdugo, delegado del Ministerio del Interior; Luis Alberto Sanabria, delegado del Ministerio de las Culturas; Dora Ojeda Roncancio, representante del Ministerio de Educación; y Ricardo Arque Benavides, delegado del Departamento Administrativo de la Presidencia. Con estas actuaciones, la Procuraduría busca establecer si hubo irregularidades en la planeación, aprobación y suscripción del convenio, así como en el manejo de los recursos asociados a la fabricación de pasaportes. El ente de control abrió investigación el pasado 29 de julio contra Villavicencio y los exministros Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo por presuntas irregularidades en este polémico convenio, que se forzó tras la orden del presidente Gustavo Petro de no continuar la contratación con el operador vigente, Thomas Greg & Sons, y de que el Estado asumiera este trámite.