Los retos que enfrenta Chile para replicar modelo finlandés de reinserción social

En países como Finlandia, al dictarse la condena se diseña un plan individual que puede incluir educación TP, con resultados en menores tasas de reincidencia. ¿Es posible replicar el modelo en las cárceles de Chile?
¿Qué pasaría si la condena a prisión se entendiera también como la puerta a un oficio y un plan de vida fuera del delito?
En Finlandia, esa lógica guía la reinserción. Desde el inicio de la pena, las personas reciben un plan individual que incluye educación y capacitación laboral, con opciones técnico-profesionales según su perfil y necesidades.
Esa forma de comprender el fenómeno, que busca convertir la privación de libertad en una oportunidad de reinserción, se traduce en menores tasas de reincidencia. Por ejemplo, en el país nórdico, un tercio de las personas vuelven a delinquir en un plazo de dos años, comparado a más de cuatro de cada diez en Chile en el mismo período, según diversos estudios.
La formación TP en contextos penitenciarios existe en el país, pero de manera fragmentada, con cobertura limitada y fuerte dependencia de fondos concursables o licitaciones de corto plazo. Sin embargo, autoridades y expertos reconocen su potencial.
"La formación técnico-profesional juega un rol estratégico dentro de cualquier política de reinserción social, ya que proporciona a las personas privadas de libertad herramientas laborales necesarias para reintegrarse de manera productiva y digna", dice Romanina Morales, directora nacional del Sence.
Los datos muestran el impacto, pero también las limitaciones del modelo. Según datos del servicio, antes de entrar a estos programas TP, apenas 4,3% de los participantes tenía empleo formal. Un año después de egresar, la cifra subió a 14,7%, prácticamente el triple. Sin embargo, son números modestos frente al universo total de internos.
Falta capacidad
Desde la sociedad civil, la mirada es crítica. "En la penitenciaría hay 6.000 internos y su Centro de Estudio y Trabajo tiene capacidad para 15. Es un grupo muy acotado el que accede a capacitación y remuneración", dice Daniela Calderón, coordinadora de Reinserción y Prevención de Fundación Paternitas.
A su juicio, replicar un modelo como el finlandés en Chile enfrenta serios límites estructurales. "Acá, el juez dicta la condena, la persona queda privada de libertad, pero eso no necesariamente se traduce en un plan de intervención que acompañe su proceso de reinserción. Pueden pasar años antes de que tenga acceso a un tutor o a un programa formativo, porque simplemente no hay suficientes profesionales ni recursos (...), y son bien pocas las empresas que ofrecen vacantes a personas con antecedentes penales", agrega.
El propio Ministerio de Justicia admite que la falta de continuidad tras la libertad interrumpe la mayoría de estos procesos formativos.
El desafío también alcanza al sistema juvenil. "Los jóvenes con los que trabajamos no perciben la certificación técnica como el final de su proceso formativo, sino como un paso previo para continuar en CFT o institutos profesionales", dice Rocío Faúndez, directora del Servicio Nacional de Reinserción Social.
El problema es que esa expectativa choca con la falta de mecanismos de intermediación laboral y continuidad educativa, por lo que muchas veces los aprendizajes no se traducen en oportunidades reales, agrega.
Tanto el Sence como el Ministerio de Justicia insisten en que sin alianzas público-privadas no es posible abrir espacios laborales.
En regiones ya se ensayan experiencias. En Antofagasta, ocho jóvenes que cumplen sanción en el medio libre participaron este año en un curso de soldadura por arco voltaico.
Otro ejemplo de articulación es el programa +R, creado en 2019 como iniciativa interministerial para vincular capacitación intrapenal con oportunidades laborales. El modelo, que se aplica a nivel nacional, incluye formación en oficios, acompañamiento psicosocial y mecanismos de intermediación laboral que buscan conectar a los egresados con empresas dispuestas a contratar a personas con antecedentes.
El desafío tras la libertad, los nudos del sistemaUno de los nudos críticos es lo que ocurre una vez que la persona egresa del sistema. El Ministerio de Justicia reconoce que al salir se interrumpen la mayoría de los procesos educativos iniciados en la cárcel, porque no existen suficientes mecanismos para asegurar continuidad en el medio libre.
"Tuvimos a un interno que empezó un curso de soldadura muy motivado, pero al salir quedó sin redes ni seguimiento. Lo perdimos de vista. Esa desconexión es la que impide que la formación se traduzca en un verdadero cambio de vida", dice Daniela Calderón, de Paternitas.
El propio Sence reconoce que solo abrir cupos de capacitación no soluciona el problema si esa formación no se mantiene más allá de la cárcel. "La formación solo marca la diferencia cuando existe continuidad, redes de apoyo, empleadores comprometidos y un sistema que no deje a la persona sola al salir", plantea Romanina Morales, directora del Sence.