Nueva ley para la conservación de la biodiversidad: ¿Cuáles serán los impactos?

En septiembre de 2023, se publicó la ley 21.600 cuyo objeto es la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural del país, lo que incluye la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Su aplicación abarca todo el territorio nacional incluyendo áreas terrestres, acuáticas, costeras y marinas, con o sin protección oficial, y de propiedad del Estado o privada.
La ley mandata la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El SNAP incluirá todas las áreas protegidas bajo la tutela de Conaf y de otros ministerios más las áreas protegidas privadas. En conjunto, el SNAP va a abarcar más de 20 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 25% de la superficie continental (algo inferior al 26,5% de Costa Rica).
Además, establece numerosas exigencias a cumplir fuera de las áreas protegidas. Periódicamente, se deberá realizar una "planificación ecológica" del país en la cual se identificarán sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y se clasificarán los ecosistemas según su estado de conservación. Si un ecosistema se encuentra amenazado, se deberá elaborar un plan de manejo para su conservación.
Resulta extremadamente preocupante el potencial impacto de esta ley sobre las múltiples e indispensables actividades productivas que se desarrollan fuera de las áreas protegidas tales como la agropecuaria, acuícola, silvícola y sanitaria. Hay numerosas preguntas sin respuesta: ¿Cómo se verá afectada la producción de un predio agrícola si un ecosistema cercano se clasifica como amenazado? ¿Se complejiza la operación de una planta de producción de agua potable si colinda con un sitio prioritario o un humedal? ¿Qué tipo de restricciones enfrentarán las actividades que colindan con un área protegida?
Los impactos solo podrán empezar a dimensionarse una vez que se conozcan los textos finales de los reglamentos. Ellos fueron sometidos a consulta pública, sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente no ha dado respuesta a las observaciones formuladas por los stakeholders , incumpliendo el Acuerdo de Escazú impulsado por este Gobierno.
En síntesis, la ley 21.600 consolida la protección del 25% del territorio nacional para conservar la biodiversidad, pero también puede generar impactos negativos no dimensionados sobre las actividades productivas que se desarrollan fuera de las áreas protegidas. Dichas actividades hoy ya cumplen con legislaciones sectoriales que incluyen materias de biodiversidad. Es de esperar que se evite la sobrerregulación y se ponderen aspectos ambientales, económicos y sociales porque el país no está en condiciones de enfrentar una mayor paralización de las inversiones y del crecimiento.