Cobro de garantías

La empresa Wom está negociando con el Estado para evitar el cobro de boletas de garantía por US$ 50 millones debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por el que se adjudicó frecuencias en AWS, 700MHz y 3,5GHz, para el despliegue de la tecnología 5G. Este tipo de contratos obliga a que los adjudicatarios, en plazos definidos, desplieguen una red nacional usando esas frecuencias en gran parte del país. De no cumplir (en el caso de Wom, el plazo venció en octubre de 2023), se activan las boletas de garantía, y la empresa pierde el espectro adjudicado.
La firma ha intentado por distintos medios evitar el cobro. Incluso solicitó al Ciadi -organismo ante el cual llevó el caso- dictar una medida precautoria en esa línea, petición que fue rechazada. Habiendo perdido en tales instancias, ahora solicita que el pago sea proporcional al porcentaje no desplegado de la red (aproximadamente un 20%) y no por el total de la boleta.
Esta pretensión podría, sin embargo, ser rebatida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por las empresas competidoras. Algunas de ellas también enfrentaron dificultades para el cumplimiento de sus contratos, pero lograron hacerlo luego de grandes esfuerzos y así evitaron el cobro. Porque si bien puede parecer poco razonable que se active el cobro total de una garantía cuando falta la instalación de solo algunas antenas, es precisamente lo que establece el contrato que informadamente se suscribió.
Involucra esta controversia distintos elementos que ameritan consideración. Desde luego, un tratamiento especial a una de las firmas sería injusto para con las otras que participaron en la licitación. Si en su momento Wom ofreció cubrir más localidades para tener mayor seguridad de que se le asignara el espectro deseado, no puede argumentar por eso que sus condiciones sean más estrictas. Pero además, si el cobro no se realiza de la forma en que lo establece el contrato, se generará un costo reputacional que arriesga incidir en futuras licitaciones: es probable que las empresas no desarrollen los mismos esfuerzos por proveer los servicios comprometidos en las zonas menos rentables si es que existe el precedente de que el castigo -el cobro de boletas y la pérdida de la concesión- puede ser parcialmente evitado.
Y es que -y ello es un tercer elemento a considerar- existen localizaciones comercialmente atractivas para las empresas y otras no tanto. El Estado, sin embargo, necesita que ellas hagan inversiones también en esas zonas más aisladas, las que de otro modo quedarían sin ser servidas. Como un despliegue de este tipo es costoso, las empresas pagan menos por el total de la concesión de lo que habrían pagado de no existir esa exigencia. No cumplir con las fechas establecidas -y ahorrarse parte de ese costo- es equivalente, pues, a obtener una ganancia o enriquecimiento sin causa.
Con todo, el caso deja algunas conclusiones que debieran considerarse hacia el futuro. Entre estas, la dificultad para conseguir el pago total de una boleta de garantía cuando, como aquí, faltan pocos lugares por cubrir y cumplir así lo comprometido. En efecto, tanto la autoridad política como los tribunales se muestran a veces renuentes a dar lugar a cobros que pudieren parecerles desproporcionados, pese a haber sido ello en su momento libremente aceptado por todas las partes. En nuevas licitaciones, se podría estudiar, tal vez, la conveniencia de dividir la boleta de garantía en dos; se cobrarían ambas si a la fecha límite no está instalado el 80% de la red, pero solo una mitad si el avance es mayor. El contrato estipularía una segunda fecha límite en la que se cobraría el remanente si no se ha completado el despliegue total. Quizá eso haría menos renuentes al Gobierno y a los tribunales a hacer efectivo el cobro de las boletas, en lugar de que este demore ya casi tres años.