Solicitud contra Orrego acusa "corrupción" y "estrategia" en Procultura "impulsada desde las más altas esferas del Gore RM para asignar proyectos"

En distintas oportunidades el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, descartó vínculos con personas y hechos presuntamente ilegales indagados en el caso Procultura. Incluso negó cercanía o "amistad" con el fundador de la institución, Alberto Larraín.
Además, el viernes, en un comunicado, la gobernación desmintió información sobre el uso de un certificado "ideológicamente falso" para que el indagado pudiera correr media maratón en Buenos Aires en 2023, dado a conocer por este medio el jueves.
Sin embargo, en las 75 hojas de la solicitud para su desafuero, presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, el persecutor de alta complejidad, Eduardo Ríos, contradice esas afirmaciones y esgrime una serie de antecedentes y evidencias, reunidas por la PDI, para dar forma a su imputación.
Ahora, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, y el persecutor Eduardo Ríos afinan los cargos que buscan atribuirles a Orrego y a otros funcionarios públicos, incluido el fundador de Procultura, Alberto Larraín.
Los unió la "militancia de ambos en la DC"
Fraude al fisco, malversación por aplicación pública diferente y usurpación de funciones son los delitos por los que la fiscalía indaga a Orrego. En el escrito presentado ante la corte se detallan las tres figuras penales y "otros ilícitos de corrupción pública".
El documento dice que existen sustentos que justifican el requerimiento: "Existe mérito suficiente para acceder a la solicitud del Ministerio Público de levantar el fuero que favorece al gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, en relación con los hechos investigados, para los efectos de continuar con el procedimiento penal en su contra conforme a las reglas generales, esto es, proceder a su formalización y solicitud de medidas cautelares personales".
Añade que el indagado "abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano" y detalla un eventual perjuicio al fisco, por dos convenios, de $1.690.388.000.
Para explicar cómo la autoridad y Larraín pudieron verse involucrados en posibles ilícitos, el Ministerio Público expone la cercanía de ambos para lograr distintos objetivos, entre ellos, un convenio que permitió la entrega de fondos fiscales por más de $1.600 millones a Procultura.
"El origen de los vínculos personales, profesionales y políticos entre Claudio Orrego y Alberto Larraín podemos situarlo en el período comprendido entre los años 2011 y 2014, a propósito de la militancia de ambos en el partido político Democracia Cristiana".
Agrega que "es en el marco del mandato de Claudio Orrego, como alcalde de la comuna de Peñalolén, en que Alberto Larraín es designado para diseñar, implementar y liderar el primer Centro de Salud Mental Infantil de la comuna (...). Es así como, este primer lazo profesional, se consolidó bajo un ideario compartido en torno a las políticas públicas de salud mental, vínculo que posteriormente se proyectó al ámbito político".
"Ascendían en poder e influencia"
El contexto político además les permitió, dice el fiscal Eduardo Ríos, escalar en círculos de poder.
Asegura en el escrito que "de esta manera, la relación entre ambos se extendió por más de 12 años, manteniéndose constante en diversos niveles de responsabilidad pública, desde lo municipal hasta lo regional. Esta progresión demuestra que la relación entre ambos no se limitó a un cargo específico, sino que fue consolidando a medida que ambos ascendían en sus respectivas esferas de poder e influencia, existiendo una colaboración reiterada y sostenida en el tiempo".
Detalla que la cercanía derivó incluso en la extensión de un certificado "ideológicamente falso" para que Orrego pudiera asistir a una maratón en Argentina; que el gobernador y el psiquiatra tenían una relación de "total confianza", al punto que Larraín "le diera el trato de 'líder'".
Los antecedentes exponen ante los jueces de alzada que el certificado se extendió para asistir al evento deportivo y "justificar su ausencia a sus labores en el Gore RM, certificado médico que resultó ser ideológicamente falso, ya que, para efectos de extender dicho documento, no hubo anamnesis o exámenes médicos que dieran cuenta de que efectivamente el gobernador no padecía de alguna patología que justificara la extensión de dicho certificado médico".
"Transferencias de fondos arbitrarias" y "a dedo"
Los fiscales establecieron que en los convenios con Procultura no hubo concurso. "No se convocó a un proceso abierto y público, configurándose así una modalidad de selección y de transferencias de fondos arbitraria, equivalente a la entrega de recursos 'a dedo'", sostienen.
Concluyen que "se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública, sino que se realizó mediante un acuerdo conjunto entre los miembros de la fundación y los del Gore RM, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos".
Y sobre el modus operandi, agrega que "la fundación operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore RM para asignar proyectos financiados con fondos públicos".
"Pero el gobernador ha llamado hasta al contralor"
Si bien en la arista Santiago del caso Procultura se defendió el convenio con la validación de la Contraloría en 2022, la investigación determinó que hubo gestiones con el entonces contralor Jorge Bermúdez para dar luz verde al contrato.
"Pero el gobernador ha llamado hasta al contralor", se lee en un mensaje enviado por Evelyn Magdaleno Gutiérrez, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), a las 19:52 del 5 de octubre de 2022. El contexto es una conversación vía WhatsApp con María Teresa Abusleme, en la que esta le solicitaba a Gutiérrez información respecto del estado de la toma de razón de la Contraloría del convenio con la fundación.
Según detalla la solicitud, el 11 de octubre de 2022, el órgano contralor tomó razón del convenio. Pero los primeros días del mes estuvieron marcados por el monitoreo constante del procedimiento, como queda en evidencia en la conversación del lunes 3 de octubre: "Has sabido algo de la contraloría???", preguntaba Abusleme.
El escrito agrega que "tan solo seis días antes de dicho acto administrativo, con fecha 5 de octubre de 2022, el imputado Claudio Orrego Larraín sostuvo comunicación directa con el entonces contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto". Para los investigadores, dicha conversación "habría tenido como objetivo acelerar indebidamente el proceso administrativo de toma de razón del convenio señalado, y de esta forma asegurar la tramitación expedita del mismo y la liberación de los recursos públicos a la fundación".
AudienciaEl 6 de octubre se realizará la audiencia para debatir sobre la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fiscales pedirán "cautelares personales"El jueves 4 de septiembre, el fiscal jefe de alta complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, ingresó la solicitud de desafuero respecto de Claudio Orrego. En el escrito presentado en el tribunal de alzada local anuncia la intención de formalizar a la autoridad de la Región Metropolitana y la necesidad de pedir medidas "cautelares personales", para lo que se requeriría despojarlo de su fuero.
El jefe regional Juan Castro Bekios ayer habló por primera vez del requerimiento en el caso y dijo que "efectivamente se presentó una solicitud de desafuero respecto del actual gobernador Metropolitano de Santiago, don Claudio Orrego, esto, en la llamada arista Procultura del denominado caso Convenios".
Añadió que "se investigan presuntos delitos en la suscripción y ejecución de convenios de transferencia de fondos públicos entre el Gore Metropolitano y la aludida fundación".
Y subrayó: "Esta petición debe ser conocida ahora por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en la audiencia que ha sido fijada para el próximo lunes 6 de octubre y, eventualmente, en caso de existir recursos, también por la Excelentísima Corte Suprema, quienes están llamados, como Poder Judicial, a ponderar los antecedentes reunidos y resolver conforme a derecho la petición de desafuero".