La tenencia compartida
Tras el trágico episodio de Soriano, voces exigen eliminar una ley que garantiza el derecho de los padres a participar de la vida de sus hijos. El daño que eso generaría es mayor que ningún beneficio.
Todo el Uruguay quedó en shock por el trágico y conmovedor crimen, en el cual un padre completamente enloquecido, asesinó a sus dos pequeños hijos, y se quitó la vida. El hecho nos interpela como sociedad, y nos obliga a mirar algunas de las aristas más sórdidas de nuestra convivencia, para tratare de entender cómo generamos una situación así, y que podemos hacer para que no se repita.
Ahora bien, en medio del dolor generalizado, hay posturas, explicaciones, análisis, que lejos de ayudar a provocar algo constructivo a partir de esta tragedia, apenas buscan empujar la agenda pública y política en direcciones que no sólo no son superadoras del momento actual, sino que más bien reforzarán corrientes que ya vienen teniendo un auge preocupante en el país.
La primera postura que hay que descartar, es esa que sostiene que todos somos culpables, que la sociedad en su conjunto tiene que asumir la culpa del hecho. Y en particular que los hombres, todos, deberían hacer una especie de acto de contricción generalizado, por llevar en su seno una especie de potencialidad violenta, siempre a punto de provocar un daño espantoso.
Las dos posturas estás profundamente equivocadas.
El episodio ocurrido es truculento, trágico, y una aberración. Pero no deja de ser un hecho, que no tiene elementos colaborantes que permitan sostener que se trata de una especie de fenómeno general. O siquiera algo que ocurra con frecuencia ilustrativa de algo más, que la salida de sus cabales de un individuo enfermo y alienado. Los grupos feministas radicales, apelarán a cifras y estudios, que en su abrumadora mayoría están manipulados, o no revisten el mínimo de seriedad técnica, para sostener que esto es más habitual de lo que parece. No es así.
La segunda postura a problematizar, para usar terminología propia de quienes manejan estos temas, es la que atribuye responsabilidad genérica por un crimen individual. Esto está muy estudiado en materia de filosofía del Derecho y el derecho Penal. Las conductas criminales, son responsabilidad de quien comete el delito. Por ello, siempre la responsabilidad penal es individual, y pretender atribuir a un grupo, la culpa por el accionar de un individuo, es una conducta irracional y fascista. Aunque más no sea por el simple hecho de que cuando la responsabilidad es de todos, termina no siendo de nadie.
Es importante que la sociedad rechace esta visión, que termina provocando que un individuo que nada tiene que ver, tenga que cargar sobre sus hombros con una responsabilidad ajena.
Pero hay otro tema de fondo por estas horas, que no puede pasar desapercibido. Que es el accionar de estos grupos, oenegés, y asociaciones civiles, dominados por personas con miradas feministas extremas, que ya buscan influenciar al sistema político, para que las leyes sean todavía más direccionadas en beneficio de un sector de la sociedad, y en desmedro de otro.
Cuando se busca derogar la llamada" ley de tenencia compartida", lo que se está haciendo es afirmar que el padre no tiene el mismo derecho que la madre a la custodia, tutela y educación de sus hijos. Eso es inaceptable.
El argumento es que esa ley obliga a los jueces de familia a respetar ese derecho a la co crianza, y que hay casos en los que se puede exponer a los menores a padres violentos.
Ahora bien, la realidad es que se trata de caso excepcionales y muy minoritarios. Y derogar esa ley implica, en los hechos, forzar a los jueces a que ante la mínima denuncia, iniciar un protocolo que dejará a los padres fuera de la vida de sus hijos durante meses o más.
¿Justifica el número pequeño de casos en lo que eso puede salir mal, romper miles de vínculos familiares de los niños con sus padres? ¿Qué efecto tiene esto en el mediano y largo plazo sobre la vida de esos menores? ¿Y sobre la de los padres? ¿Y sobre la de la sociedad en su conjunto?
Hay que ser muy cuidadoso, porque más allá de las intenciones, la realidad es que en un sistema desbordado y tensionado de forma permanente por grupos de presión muy fuertes, un marco legal que no respete ese derecho de los padres, implica generar un daño a toda la sociedad, exponencialmente mayor al que se busca evitar.
Una clave de cualquier sistema legal sólido, democrático y justo, es que el fin no justifica los medios. Entonces es clave que para no intentar evitar situaciones que no dejan de ser minoritarias, y apelando a teorías más que discutibles aunque se den por sagradas por muchos activistas, se perjudique de forma letal al conjunto de la sociedad.