La ‘trampa’ de Colombia Compra Eficiente

Víctor Muñoz
Portafolio Resulta alarmante el desmonte deliberado del Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Nube Pública por parte de Colombia Compra Eficiente (CCE). Esta decisión plantea serias dudas sobre la existencia de intereses ocultos, el favorecimiento de jugadores específicos del mercado y el uso indebido de figuras jurídicas para burlar el régimen de contratación. La omisión deliberada de la renovación de los AMP abre la puerta a la adjudicación directa de contratos a través de acuerdos interadministrativos entre entidades públicas. ¿El resultado? Un entorno propicio para la opacidad, el encarecimiento de los servicios y la concentración del mercado en manos de unos pocos. La Directiva Presidencial 06 de 2025, que habla del fortalecimiento de las compras públicas pero que en realidad incentiva la contratación con una entidad de mayoría estatal, no puede entenderse como un acto aislado. Bajo el manto de la "eficiencia" y la "autonomía administrativa", se están eliminando los controles de transparencia y competencia. El paso del modelo de acuerdos marco a uno basado en convenios entre entidades, sin licitación y sin competencia, equivale a desmontar uno de los pilares de la contratación pública moderna. ¿A quién le sirve esto? ¿A la ciudadanía o a las entidades públicas? Imposible. ¿A las arcas del Estado? Menos. La única respuesta lógica es que favorece a quienes buscan monopolizar la provisión de servicios tecnológicos al Estado colombiano. Por eso, en 2026 no bastará con pasar la página. Habrá que auditar, investigar y, de ser necesario, judicializar. Será el momento para que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía e incluso la SIC revisen cada uno de estos convenios que se firmen y se analice si: ¿Se aumentó el costo final para la entidad contratante frente a lo que ofrecía el AMP? ¿Quiénes son los subcontratistas de las entidades que proveen los servicios a través de convenios interadministrativos? ¿Se presentaron presiones institucionales para abandonar el modelo competitivo? ¿Existen correos, minutas de reuniones o lineamientos informales que confirmen una estrategia deliberada para romper el equilibrio del mercado? ¿Existen efectos adversos sobre la libre competencia o el mercado en general? Los funcionarios de las entidades públicas que firmen los contratos no podrán escudarse en una directiva presidencial. Serán ellos quienes respondan por sus actuaciones, así como las juntas directivas de las entidades que firmen los acuerdos marco para prestar servicios. Su responsabilidad no se extingue con la firma del representante legal. ¿Acaso fueron pasivos ante la toma del mercado por una puerta trasera, o cómplices de posibles colusiones? Si callaron, si omitieron actuar, también son parte del problema. La desactivación del AMP de Nube Pública debe ser considerada como un posible acto de corrupción estructural, ejecutado con la complicidad de quienes tenían la obligación legal de prevenirlo.
Emprendedor, investigador, analista.