No son pequeñeces

El pasado 25 de agosto, el reconocido sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos tenía planeado dar una conferencia en la Universidad de São Paulo (USP) titulada ‘¿El futuro de la democracia o la democracia del futuro?’. Digo tenía porque unos días antes, apenas empezó a circular la imagen del evento, profesoras y estudiantes feministas se movilizaron para que el evento no ocurriera. Para las personas que aún no conocen el caso, Boaventura de Sousa Santos fue acusado, en abril de 2023, de acoso sexual, abuso de poder y extractivismo académico por tres de sus estudiantes en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra. Las estudiantes describieron el abuso de poder en un texto titulado ‘Las paredes hablaban cuando nadie más lo hacía’. A raíz de estas denuncias, en el CES se creó una comisión independiente con el objetivo de esclarecer eventuales situaciones de acoso. En total, la comisión recibió 32 denuncias y, en un informe publicado en marzo del año pasado, concluyó que hubo "patrones de conducta de abuso de poder y acoso por parte de algunas personas que ejercían posiciones superiores en la jerarquía del CES". La reacción de Boaventura fue decir que estaba siendo víctima de "cancelación" y procesar a las denunciantes. La conferencia no tuvo lugar, pero nos causó un gran sinsabor que algunos profesores de la USP no creyeran en las denuncias. Pocos días después, una de las más importantes filósofas de Brasil, Marilena Chaui, escribió un artículo en el que defendía a Boaventura contra la "calumnia" y las "calumniadoras" (así llamó ella a las denunciantes). La defensa pública de Chaui causó varias reacciones, una de ellas fue la de la diputada estadual de Minas Gerais, Isabella Gonçalves, y el colectivo de víctimas del CES. La misma Gonçalves rompió el silencio hace dos años, cuando salieron las denuncias, al contar que ella también había sido víctima de acoso sexual por parte de Boaventura. En su artículo, Gonçalves afirma que Chaui ignora completamente la versión de las denunciantes y que, si bien la obra de Boaventura tiene una dimensión emancipadora, esto no significa que deba ser tratado como un "santo en la tierra". Me llamó la atención este caso por ser el espejo de lo que sigue pasando con las denuncias de abuso de poder de funcionarios del primer gobierno progresista en Colombia. Así como la lucha de las que denunciaron a Boaventura es para que la universidad se convierta en un espacio libre de cualquier tipo de violencia, lo mismo debería suceder en el Estado y en los partidos políticos. Cuando quienes son acusados de abuso de poder tienen el respaldo del presidente, es normal que se instalen el miedo y el silencio en esos lugares. Es lo que está pasando, en estos momentos, en el Ministerio de Igualdad, donde, por un capricho personal, el presidente Petro quiere imponer a dos personas que no tienen las mínimas condiciones para estar ahí. Juan Carlos Florián y Juliana Guerrero no tienen los méritos para ocupar los cargos que el Presidente les ha prometido, todos lo sabemos, hasta ellos mismos lo saben. Así como sucede con el caso de Boaventura, lo que importa no es tanto el poder que tenga la persona acusada, sino el entramado de poder que lo sostiene: cuanto más extensa sea la red de personas que lo defienden, más posibilidades habrá de que las denuncias en su contra caigan en la irrelevancia. Como progresistas, nuestro deber es denunciar todo tipo de abuso de poder, aún más si es ejercido por uno de los "nuestros", pues ningún proyecto político que se diga de izquierda florece entre el silencio y el miedo
Abusos de poder
Sara Tufano
Como progresistas, nuestro deber es denunciar todo tipo de abuso de poder, aún más si es ejercido por uno de los ‘nuestros’.