Ejecutivo tiene casi listo anteproyecto de reforma del Código del Proceso Penal; oposición exige participar

El grupo asesor creado en mayo por Presidencia y que es coordinado por el prosecretario Jorge Díaz finaliza la redacción de un anteproyecto de ley para modificar el Código del Proceso Penal (CPP). La oposición considera que ese no es el ámbito adecuado para tratar un tema que entiende como "institucional" y reclama participación.

La resolución firmada el 11 de abril por el presidente Yamandú Orsi establece que el grupo asesor se dedicará a "sistematizar las lecciones, dificultades y propuestas planteadas por diferentes actores y organizaciones que buscan, en definitiva, mejorar a futuro el sistema de justicia en el ámbito procesal penal".

El prosecretario Díaz fue quien impulsó el actual CPP cuando era fiscal de Corte. Coordina la redacción de este anteproyecto, que se mantiene bajo reserva, y que ha avanzado "con una velocidad inusitada para el ámbito público", según valoró una fuente que integra el grupo de trabajo.

En base a reuniones semanales, el grupo ha funcionado con representantes de los ministerios de Interior, Educación y Cultura, Fiscalía General, Poder Judicial y Colegio de Abogados. A las reuniones han sido invitados el comisionado parlamentario, funcionarios de cooperación internacional de Cancillería y expertos en Derecho Penal. Según las fuentes, el texto está muy avanzado y será el Ejecutivo el que decidá "el momento político adecuado" para enviar el proyecto de ley al Parlamento.

Es intención de Presidencia revisar el rol del juez de garantía, fijar plazos para la investigación, precisar la intervención de la víctima y ampliar el acceso de la defensa a la evidencia. También se analiza el funcionamiento de los procesos abreviados y la suspensión condicional del proceso.

Desde la oposición se coincide en que, a casi ocho años de su vigencia, el CPP necesita cambios, pero se cuestiona que un asunto "de tanta sensibilidad política" se aborde exclusivamente en Presidencia. Este formato de trabajo, advierten, complicará el tratamiento de cualquier iniciativa legislativa que llegue "digerida".

El 22 de mayo, y por iniciativa de todos los partidos, se creó a nivel parlamentario una comisión especial para analizar el impacto que tuvo la reforma del Código del Proceso Penal. Fue aprobada por 88 en 89 votos y el plazo de su trabajo vence el 15 de mayo de 2026.

Para la oposición, el oficialismo no ha tenido voluntad política para poner en práctica dicha comisión.

También en mayo, y con la firma de los senadores Graciela Bianchi, Carlos Camy, Javier García y Andrés Ojeda, se presentó un proyecto de ley que propone modificaciones al CPP y fue redactado por el Colegio de Abogados. Para la oposición, este proyecto es la base de cualquier trabajo en el Parlamento. Por otra parte, el pasado 5 de setiembre, en una nota enviada al ministro del Interior, Carlos Negro, el Partido Nacional le propuso que lleve la discusión del CPP a los Encuentros por Seguridad que convocó Presidencia. El Partido Nacional aún no ha recibido respuesta.

"Juegan a la mosqueta"

El senador Javier García dijo a El País que Presidencia ha elegido el camino equivocado. "Un tema tan importante debe tratarse en el Parlamento, y si no es allí, en estos Encuentros por Seguridad a los que estamos asistiendo. Pero no, todo está concentrado en la Torre Ejecutiva, donde juegan a la mosqueta. El origen hace también al proceso de discusión, la Presidencia puede hacerlo de esta manera si quiere, pero las formas son importantes y el ámbito natural para un tema así es el Parlamento", sostuvo.

Agregó que "un proyecto elaborado con la mayor pluralidad y participación tendrá un mejor tratamiento y velocidad. Cuando llega algo que ya fue elaborado sin escuchar a nadie, un texto que es monocolor, los tiempos son otros".

"No tienen los votos"

El senador colorado Andrés Ojeda, dijo a El País que hay comisión especial y proyecto presentado para trabajar el tema.

"El Poder Ejecutivo es libre de enviar todos los proyectos de ley que quiera, pero en un tema así es el Parlamento el que debe resolver. Precisan los votos de la oposición y, para esto que es tan complejo y delicado, no les va a ser tan fácil conseguirlos", indicó.

"Yo sería por lo menos cuidadoso en la manera en que lleva adelante este tema el gobierno si es que quiere que se apruebe, si no le va a pasar lo mismo que en la Caja Profesional: muere negociando con un desgaste innecesario. Para allanar los caminos hay que hablar, hay que invitar a participar. Están los ámbitos que corresponden, y Presidencia no es el adecuado, agregó.

A nivel de la oposición también se cuestiona que sea Díaz el coordinador del grupo. Ni blancos ni colorados están dispuestos a considerarlo el interlocutor en este asunto.

"Es un asesor del presidente, pero no es el mejor interlocutor para un tema como este. Él hizo la anterior reforma, no es el más adecuado para corregir los errores que hoy tiene el sistema", se indicó.

Grandes lagunas

Florencio Macedo preside la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Es la que redactó el proyecto que ingresó al Parlamento con la firma de senadores blancos y colorados.

"Después de aprobado, el Código tuvo más de 20 modificaciones que han generado grandes lagunas a nivel del proceso penal. Se necesitan reformas urgentes para garantizar el normal ejercicio de la profesión", dijo Macedo a El País.

Definir plazos para el fiscal y regular la prisión preventiva

El proyecto del Colegio de Abogados, que la oposición hizo suyo, apunta a corregir situaciones que se fueron creando a partir de una sucesión de modificaciones al Código. Un aspecto central es fijar plazos, ya que el actual Código permite a los fiscales investigar indefinidamente sin acusar formalmente. El Colegio propone establecer plazos claros para la investigación y para la acusación posterior, con el fin de evitar que las causas se prolonguen.

"Establecemos un plazo de seis meses para investigar -que empieza a correr desde que se tiene individualizada a la persona supuestamente responsable-, que puede ser prorrogable por otros seis meses. Después, el fiscal tendrá la obligación de formalizar y, luego de la formalización, va a tener un año; incluso puede pedir un año más si no hay prisión preventiva. Son tres años de investigación para empezar un juicio, que luego podrá llevar hasta dos años más. Hay que fijar plazos para que, a partir de la denuncia o de una investigación, se resuelva la situación de las personas, tanto de la que es indagada como de la que denuncia", detalló.

El proyecto también apunta a corregir un efecto indeseado de la prisión preventiva, que debía usarse en forma excepcional y hoy es la regla. Macedo explicó que, actualmente, se observa un "alarmante" 99,7 % de condenas por acuerdos abreviados, originadas muchas veces como evasión a condiciones severas de prisión preventiva. "Las condenas surgen de un acuerdo abreviado entre el defensor, el imputado y el fiscal. Esto después se le relata al juez, que no ve prueba y condena. La segunda causa de este porcentaje tan alto de acuerdos es que el acusado quiere evitar la prisión preventiva, porque se cumple en peores condiciones que la pena de prisión", explicó Macedo. La prisión preventiva no tiene duración, porque puede prorrogarse indefinidamente. Las personas que están con el imputado salen y entran continuamente, no se habilita redención por trabajo y estudio, tienen menos visitas y, en muchas ocasiones, los lugares de reclusión son peores que los destinados al cumplimiento de la condena.