Seguridad hídrica: urge planificar y no solo solucionar desastres

El tema es hoy ultra conocido, al menos en las zonas agrícolas y rurales: agua, casi no hay. No se trata solo de que desde hace 15 años se viva una megasequía en las distintas zonas del país, sino de que Chile, producto del cambio climático, no volverá a tener las mismas cantidades de agua ni de nieve. Y no hay que olvidarse de que esta falta de recursos hídricos tiene como acompañante inevitable un alto impacto productivo (con pérdida de competitividad incluida), económico y social.
Por lo mismo, los expertos del Centro de Derecho y Gestión del Agua (CDGA) de la Universidad Católica, entidad que recientemente cumplió 10 años, sostienen que ya no se puede seguir haciendo lo mismo: aplicando soluciones de parche para enfrentar los problemas puntuales. La urgencia hoy es prepararse para el futuro, es decir tomar hoy medidas para contar con seguridad hídrica que también implica seguridad alimentaria, porque, sin agua, no hay alimentos.
Por ello, Guillermo Donoso, director del CDGA, junto a Daniela Rivera, abogada miembro del mismo centro, plantea que para poder contar con seguridad hídrica es esencial un cambio de paradigma que se enfoque en una gobernanza y una planificación hídrica con mirada de largo plazo, que permita anticiparse al futuro, incluidas las crisis, las que debieran gestionarse de manera proactiva y no reactiva, como ocurre hoy.
"Es el momento de anticiparnos... Avanzar hacia una nueva lógica de gestión nos permitirá comenzar a prepararnos antes de que los impactos se manifiesten y no gestionarlos de manera reactiva, una vez que el evento se ha presentado", recalcan.
Impacto profundo
La sequía siempre se entendió como un fenómeno que afectaba en un momento o período puntual. Sin embargo, en Chile se inició alrededor de 2010, y aunque muchos no lo noten aún perdura, afectando con diversas intensidades a las distintas regiones del país. En estos 15 años la dramática escasez hídrica se ha enfrentado con restricciones de uso de la poca agua existente según la realidad de cada cuenca, con decretos de emergencia y escasez, y con camiones aljibes cuando se trata de abastecer el consumo humano de zonas que ya no tienen acceso.
"En las dos últimas décadas, la sequía se ha enfrentado como una emergencia, más que como un suceso estructural, sin contar con mecanismos preventivos suficientemente sólidos", plantea Donoso.
Agrega que eso implica "el desgaste progresivo de los ecosistemas que sostienen la vida humana, y de los elementos de la naturaleza que facilitan al hombre el permanente consumo, producción de víveres y las materialidades para la subsistencia. Por ende, este peligro latente, nos debe llevar a cuestionarnos las formas y mecanismos con los cuales estamos abordando este acontecimiento y la futura seguridad hídrica".
De acuerdo a los datos aportados por los expertos, solo las medidas para asegurar el suministro de agua potable representaron un costo de US$ 261 millones de dólares.
"A esto se suman las pérdidas en el sector agrícola, que alcanzan los 196,45 millones de dólares, equivalentes al 3,7 % del PIB agrícola nacional. En conjunto, se estima que el impacto económico total de la escasez hídrica representa el 0,6% del Producto Interno Bruto del país", enfatiza Donoso.
Agrega que lo anterior ha dejado una reducción agrícola de 13,5% en la superficie cultivable entre 2010 y 2020, y US$ 1.690 millones en pérdidas acumuladas en tres sectores clave: agricultura, agua potable urbana y rural.
En el camino se perdió no solo cultivos y competitividad, sino que la fuente de ingresos para cientos de familias.
Es decir la sequía ha tenido un impacto social directo en la calidad de vida de la población rural, que por un lado se ven afectados por restricciones de acceso al recurso hídrico para su uso básico, además de los impactos económicos que implica la caída de la productividad agrícola, lo que golpea tanto sus propias producciones como el acceso a trabajo.
El impacto de la escasez hídrica ha implicado también una creciente alza de la conflictividad, en donde se acusa al agro de "robarse" el agua en desmedro de las personas, sin considerar que lo que se hace en convertirla en alimentos. A lo que Rivera agrega que el problema es que nosotros no transmitimos bien cuál es la situación hídrica.
"Cuando le dices a alguien de la ciudad en plena sequía, la gente no entiende por qué y plantean que lo que ocurre es que la agricultura consume el 85% del agua".
Detrás está la distinta percepción y la realidad que viven las personas en la ciudad -donde se toman las decisiones- y en las áreas rurales y agrícolas.
"La priorización del consumo humano es relevante, pero hoy esto se enfoca desde la demanda más que desde la necesidad", plantea Donoso, recalcando que el problema es que hay que tener una mirada que considere todo el panorama y las distintas necesidades y no centrarse solo en lo que requiere la ciudad.
Se refiere a que, por ejemplo, en los últimos años, en donde el agua ha disminuido de manera importante, se quería que el 95% del recurso disponible en la cuenca del Maipo fuera a la ciudad (Santiago, especialmente), en donde, a pesar de la escasez, se ha tenido un promedio de consumo de 500 litros día por persona, en el sector oriente.
"Nuestra visión es que debería priorizarse unos 100 litros más o menos, que es lo que se considera en países desarrollados y es adecuado para satisfacer las necesidades de las personas", dice Donoso.
Una distante seguridad hídrica
Si en los próximos años la escasez de agua aumenta -que es lo más probable- o incluso si se mantiene a los rangos de hoy, crece el riesgo de seguridad hídrica y, en consecuencia, de la seguridad alimentaria.
Hay que tener claro, dice Donoso, que cuando se habla de seguridad hídrica, "se refiere a lograr el acceso al agua para el consumo humano, para las actividades productivas y para el entorno y con una gestión de riesgo adecuada a través de una gobernanza que minimiza o reduce la conflictividad hídrica".
El otro elemento esencial, plantea Daniela Rivera, que es importante tener claro, es que no basta con que el agua esté, sino que sea de la calidad adecuada, lo que, con el aumento de la escasez y el avance de las urbanizaciones, tiende a complicarse. Incluso, en los últimos años están apareciendo nuevos contaminantes que pasan desapercibidos.
El problema es que a pesar de que han pasado 15 años de vivir con el fenómeno, la situación se sigue enfrentando de la misma forma.
Los expertos recalcan que estos años de sequía se han desperdiciado al no haberse hecho un aprendizaje real para poder ya estar trabajando en las fórmulas para enfrentar el futuro.
Son enfáticos. Avanzar en seguridad hídrica implica hacer un cambio de paradigma que considere una gobernanza, planificación hídrica y territorial y una gestión proactiva de los fenómenos como la sequía.
"Para que esta 'hoja de ruta' tenga asidero, proponemos la necesidad de contar con diversos elementos, tales como: definición jurídica de sequía, que haga posible activar mecanismos específicos y diferenciados según la intensidad y extensión del fenómeno. Asimismo, urge una plataforma integrada de monitoreo, que permita desarrollar un sistema unificado con múltiples índices capaces de visualizar y predecir diferentes tipos de sequía", enfatiza Donoso.
Una gobernanza adecuada
Los expertos recalcan que para poder avanzar en seguridad hídrica se vuelve esencial contar con una mirada de largo plazo con una gobernanza adecuada que permita un manejo adecuado de todas las variables que influyen o se generan a partir de esto, incluida la creciente conflictividad en torno al agua.
"Hay que tener una mirada de mediano y largo plazo. La gestión del agua requiere saber cómo va a estar y los proyectos son de largo plazo. Con la gobernanza actual estás sujeto al ciclo del gobierno", plantea Donoso.
Aún más, en los cambios normativos que se han realizado en los últimos años, este tema no se ha considerado.
"En la reforma del Código de Agua esto no se tocó, sino que se dijo que se tocaría en un proyecto de ley distinto. Lo que hay que buscar es que exista un esquema y marco institucional con reglas y responsabilidades bien definidas", comenta Daniela Rivera.
A lo anterior se suma que tampoco está claro cómo podrían estar impactando las modificaciones del Código de Agua que fue aprobado hace tres años, principalmente porque ha sido complejo implementarlas.
"No se han visto la implementación ni los efectos de esas normas. Tenemos una institucionalidad pública muy pequeña desde lo presupuestario y lo humano para hacerse cargo en plenitud del cúmulo de nuevas funciones y potestades que trae. Se les dieron más funciones, pero no más presupuesto. Y ahí queda la duda de la capacidad de implementar", resalta la abogado.
La unión hace la fuerza
Tener una gobernanza adecuada significa también contar con una planificación hídrica y territorial que ayude a que se sepa de antemano cómo se podrá utilizar el recurso y qué medidas tomar para prevenir los impactos que podrían traer eventos extremos o disminuciones crecientes de agua. Y no hay que olvidar que el avance de la tecnología hoy permite anticiparse con tiempo a estas situaciones.
Sin embargo, uno de los problemas que tiene el país es que no existe una planificación integrada de cuencas ni una planificación hídrica con mirada de largo plazo. Eso significa que muchas de las acciones llegan tarde o afectan más a unos que a otros.
Desde hace ya algunos años que se planteó la necesidad de avanzar con los planes estratégicos a nivel de cuenca. Hoy hay solo ocho.
Los expertos reconocen que se han hecho esfuerzos por buscar la participación de los distintos usuarios para conseguir los consensos a través de las mesas estratégicas del agua.
Uno de los aspectos claves en este tema es la multiplicidad de visiones, es decir hay políticas para el agua potable, otras para el medio ambiente, y otras para los distintos sectores productivos. Sin embargo, de nuevo, la mirada y las acciones son desde lo urbano.
Así, por ejemplo, mientras en la ciudad existe cerca de un 100% de cobertura de agua potable, en las zonas rurales esta cobertura puede llegar al 50%, especialmente en las zonas con menos densidad poblacional. Y en el tema del saneamiento la situación es aún más grave, lo que puede llevar incluso a la contaminación de acuíferos o de aguas superficiales.
Y, en condiciones de escasez hídrica eso puede tener un impacto grave tanto en el ambiente, como en la salud de las personas y de los cultivos: nuevamente en riesgo la seguridad alimentaria.
Gestionar riesgos, no desastres
Cuando llueve en la zona central, pareciera que la sequía no existe. Sin embargo, en la IV Región los agricultores y los habitantes rurales viven un verdadero drama, en el que han perdido todo. Los camiones aljibes que abastecen con agua a las personas y los animales se vuelven parte del paisaje, mientras el verde se convierte en color tierra. La situación se repite una y otra vez desde hace cerca de 15 años.
La mirada cortoplacista también existe en cómo se enfrentan los desastres naturales, como es la sequía.
"Tenemos lo que llamamos una gestión de desastres, es decir cuando ya ocurrió, pero no se tomaron las medidas preventivas. Todos nuestros instrumentos van en respuesta al daño ya ocurrido. Por ejemplo, tienes el decreto de emergencia agrícola, pero cuando ya hay que ver cómo se puede mitigar el impacto del problema. Lo mismo con el decreto de escasez, que implica redistribuir lo que queda, pero no prevenir la situación. La evidencia está a nivel de países comparados que hacen una gestión proactiva", plantean ambos expertos.
Que la sequía genera impactos es inevitable, pero por ello es esencial tener como prioridad reducir el riesgo o la vulnerabilidad de la población. Ahí es cuando el uso de las tecnologías actuales permitirían hacer una gestión que permita contar con información a través de plataformas de monitoreo con indicadores claros y con umbrales que gatillan ciertos instrumentos a tiempo para establecer las acciones previstas en las políticas y los instrumentos establecidos previamente para ellos. Es decir, nuevamente gobernanza y planificación hídrica.
De hecho, países como Australia, España o regiones como California incluyen en sus políticas o planes hídricos elementos como la planificación para enfrentar una sequía, lo que evita que, por ejemplo, se tomen acciones de alto costo económico que luego de pasado el evento crítico queden con capacidad ociosa.
Algo parecido es lo que pasa hoy en día con las inundaciones y los aludes de barro provocados por las lluvias intensas en períodos cortos de tiempo, que llevan a que, por falta de prevención, escurran hacia zonas pobladas.
"Hemos ido ocupando planicies de inundación natural, es decir donde históricamente corría o había agua. A eso se suma la intervención de los cauces, lo que también aumenta los riesgos", dice Donoso.
Los expertos recalcan que el Estado no tiene la capacidad para asumir todas las funciones que se requieren, como monitoreo, fiscalizaciones, gestión local. Esta última tarea la asumen, con distintos niveles de eficiencia las Organizaciones de Usuarios del Agua, pero, ocurre en cuencas importantes, como algunas de las secciones del Maipo, que no tienen a nadie haciendo una gestión colectiva, lo que ha derivado en diversos conflictos.
Ahora, si se trata de las aguas subterráneas, la problemática es aún más compleja, ya que solo hay 15 comunidades de aguas subterráneas -aunque son las menos las que funcionan- cuando debiera haber cerca de 200. El problema aquí es que dado lo atomizado de las extracciones, cuesta que los usuarios vean el beneficio de la gestión colectiva. La de Copiapó es una de las pocas que ha logrado generar información suficiente para que todos sus integrantes entiendan lo que está ocurriendo con el acuífero y las medidas que se deben ir tomando.
Datos, pero no información
"En información hay una brecha muy grande. Es muy difícil gestionar lo que no se sabe que hay. Australia, cuando hizo su reforma sustancial, lo primero que hicieron fue contabilizar qué tienen y quién lo usa. Israel antes de hacer su Ley de Aguas, instaló medidores", comenta Donoso.
En Chile se han ido juntando datos, pero no hay una capacidad adecuada para convertirlos en información que ayude a la gestión.
"Eso lleva a que las percepciones sean distintas, lo que lleva a que la conversación, la búsqueda de acuerdos, sea inoperante y a conflictos que no llegan a juicios, como protestas o debates", dice Donoso.
Cuando una entidad como una Junta de Vigilancia tiene información que manejan todos los usuarios de la cuenca, "se consigue hacer una gestión colectiva eficiente y pueden enfrentar los desafíos", agrega.
Comenta que precisamente algunas de las Organizaciones de Usuarios de Aguas que hoy tienen automatizado sus sistemas tienen información en tiempo real, lo que les ha permitido hacer una gestión altamente eficiente en momentos de crisis.
"Lo importante, de cara al futuro, es hacer un avance gradual. Los agricultores saben hacer uso del agua. Tienen sistemas eficientes. Pero tenemos que aprovechar los espacios para seguir avanzando. Si no, no podremos enfrentar un futuro que sabemos será más complejo", dicen los dos expertos.
¿Qué pasa con los conflictos?Conflictos en torno al agua existen desde siempre y en todas partes del mundo.
En Chile, en los últimos 10 años, se ha visto una aumento, al menos de los que se judicializan, que son los que se pueden registrar, ya que, si bien se sabe que hay otros, no existe una forma de tener una información concreta.
"Hay una percepción social, que uno ve y permea distintas instancias y distintos tipos de organizaciones, que hay conflictos cada vez más notorios que están involucrando a más actores y esos conflictos también se están volviendo más complejos", comenta Daniela Rivera.
Estos se están extendiendo incluso a zonas que siempre han tenido agua, pero que con el avance del cambio climático están también afectadas por la escasez o por la falta de sistemas de distribución. Y asociado al tema de la gobernanza está que carecemos de un sistema ágil de resolución de conflictos. "Si tuviésemos un sistema de resolución de conflictos, podría ser más ágil la resolución y si tenemos una gobernanza adecuada, podemos prevenir este tipo de conflicto. Nunca vas a evitarlos al 100%, pero podría disminuirse el impacto de lo que viene al haber menos agua", agrega la especialista.