OPINIÓN

Por MARTINHIDALGOJefe de la Unidad de Investigación

Las organizaciones criminales siguen ganando terreno en la política y esto es algo para tener en cuenta frente al escenario electoral que se avecina. La revelación de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre cuatro acusados de extorsión con carnet partidario es una alarma que amerita tomar acciones para evitar mayores infiltraciones en el sistema político.

Este Diario reveló la afiliación partidaria de cuatro detenidos señalados como brazos financieros de una organización criminal. Uno de ellos no solo está afiliado a Acción Popular, sino que fue candidato ?con el número 3 en las elecciones provinciales del 2018? y giró órdenes de servicio cuando su agrupación política estaba al mando de la Municipalidad de Lima (2018-2022).

Esto nos lleva a una pregunta muy sencilla: ¿qué filtros tienen los partidos políticos para afiliar a personas y para evitar que dinero ilícito opere a costa de su logo? La respuesta es igual de sencilla: ninguno. Cuando se les consultó a los partidos por sus afiliados acusados de extorsión, la respuesta fue que no cuentan con la obligación de verificar si un afiliado tiene antecedentes.

Si bien la mayoría anunció que realizaría expulsiones, no existe una verdadera intención de enmienda. Lo correcto sería una revisión integral de los padrones de afiliados, sobre todo con miras a evitar infiltraciones en la lista de candidaturas para las elecciones que se aproximan: tanto las generales como las subnacionales.

Es posible que tengamos más de 10.000 candidaturas y si los filtros no empiezan por los propios partidos políticos, el escenario pinta para mal. Porque luego vendrá la incógnita sobre cómo se hará para revisar el financiamiento de todas las candidaturas: ¿cómo evitar la infiltración del dinero proveniente de organizaciones criminales y de sectores ilegales?

Una simple revisión a las rendiciones de cuentas de las elecciones del 2021 muestra que existe poca transparencia en el uso de recursos. Tenemos desde casos como el actual congresista Guillermo Bermejo ?quien postula a la presidencia de la República?, que consignó ante la ONPE cero soles de gasto, así como una decena de actuales legisladores que aseguran haber financiado su campaña exclusivamente con sus propios recursos.

Existen iniciativas privadas para brindar herramientas para filtrar candidatos, pero resulta insuficiente si no existe la voluntad desde los propios partidos políticos. Se requiere de un accionar conjunto de todos los actores involucrados en el proceso electoral del próximo año. También resulta necesaria una fuerza política que se anime a impulsar esta agenda en contra de los grupos criminales e ilegales.

De no tomar cartas en el asunto ?y pronto? seguirán arrastrando la acusación de haber sido absorbidos o de responder a intereses criminales e ilegales.

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.