Gobierno insistirá en impugnar el proyecto Dominga, independiente de la resolución de la Corte Suprema

El Gobierno insistirá en impugnar el proyecto minero-portuario Dominga, independiente de la resolución de la Corte Suprema del martes 16 de septiembre, que desahució varios recursos de casación en la forma y el fondo que perseguían detener esa inversión en la Región de Coquimbo (comuna de La Higuera), por US$ 2.500 millones. La iniciativa pertenece a la empresa Andes Iron (asociada a las familias Délano Méndez y Garcés Silva), que tramita el proyecto desde hace 12 años. El proceso se ha convertido en la "teleserie de los permisos ambientales", cuyos detractores alegan que el ecosistema marino de la zona del archipiélago de Humboldt, único en su naturaleza, se vería impactado con esta inversión, así como también el turismo y la pesca artesanal.
Ayer, la cartera del Medio Ambiente reaccionó a la resolución del máximo tribunal por medio de un comunicado. La decisión "no implica una resolución de fondo al proyecto y en su contenido establece que las sentencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no son definitivas. La Corte Suprema también reafirma que la competencia para resolver sobre el proyecto minero portuario Dominga es del Comité de Ministros, órgano que ya tomó una decisión al respecto en enero de 2025".
La comunicación agrega que actualmente, "quedan recursos judiciales pendientes de resolución, tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago".
Ayer, durante la mañana, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, se refirió también al dictamen. "El fallo de la Corte Suprema no aborda el fondo del asunto (...). De forma, rechaza la admisibilidad de este recurso y justamente refuerza también que es el Comité de Ministros el que debe abordar y abordó ya, en enero de este año, el fondo". La autoridad agregó que existen recursos pendientes. "Uno en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y también reclamaciones que tiene que abordar el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. También, reclamaciones a la acción del Comité de Ministros de enero de este año".
En su opinión, el fallo del máximo tribunal no ordena la realización de un nuevo Comité de Ministros. "Eso se descarta de plano, el Comité de Ministros ya tomó una decisión en enero de este año".
Ambientalistas bajan perfil a la resolución
Detractores del proyecto, vinculados a algunas ONG del mundo ambientalista, bajaron el perfil a la resolución del máximo tribunal. Oceana afirmó que "la Corte determinó que no se va a pronunciar sobre el fondo, o sea, si Dominga está aprobado o no, mientras no haya una decisión final tomada, por lo que no analizó el caso en profundidad".
Marcos Emilfork, abogado de Fima y parte del equipo legal de Alianza Humboldt, indicó que "la Corte Suprema no admitió a trámite los recursos, lo que no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto. Lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el Primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, lo cual se hizo en enero de este año, instancia que rechazó el proyecto nuevamente; luego, la Corte Suprema recuerda que, sobre casos como este, solo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas".
La ONG Modema manifestó que la Suprema no ha dado luz verde al proyecto. "El tribunal resolvió sobre un aspecto procesal, pero la legitimidad social sigue estando en cuestión", indicó. Asimismo, señaló que ningún fallo judicial puede cambiar los impactos reales: "Amenaza a la biodiversidad, consumo de agua en plena crisis hídrica y destrucción de la base económica local (pesca y turismo)".
CPC: "Es una clara confirmación de que el proyecto cumple con la normativa"
Desde el mundo empresarial, en tanto, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) manifestó que el pronunciamiento de la Corte Suprema "es una clara confirmación de que el proyecto minero-portuario Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias ambientales para su construcción y operación. Tras esta potente señal de la justicia y tras 12 años de trámites y judicialización, se da un paso fundamental en el camino para que se concrete la inversión de US$ 2.500 millones y la creación de unos 30 mil puestos de trabajo, en una zona que se caracteriza por sus elevados índices de pobreza". Y agregó: "En momentos en que hay consenso sobre la necesidad de dar un fuerte impulso al crecimiento y la inversión, esperamos que la autoridad sea consistente a la hora de permitir inversiones sostenibles que traen progreso a los chilenos, como es el caso de Dominga". Concluyó que el largo y engorroso proceso (ver cronología) que ha debido enfrentar Dominga "es una clara demostración de la urgente necesidad de contar en nuestro país con un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define puedan desarrollarse sin trabas".