El crimen organizado no violento

Jorge Restrepo
Muchos criminales han logrado construir formidables organizaciones sin recurrir a la violencia como instrumento para capturar rentas. Este tipo de crimen organizado no violento es tan difícil de detectar que las instituciones de justicia, a veces, solo logran detectarlas y conocerlas gracias a malquerencias, deudas impagas y disputas internas por la distribución de las rentas. Las más comunes de estas organizaciones son las que buscan extraer rentas estatales, lo que comúnmente llamamos corrupción pública. También está la colusión y otros acuerdos para evitar la competencia, el desmonte de instituciones que buscan que la información sea pública para reducir la competencia en la asignación de contratos y la influencia sobre autoridades reguladoras de mercados. Casos hay por decenas: sólo estos días se conocieron dos, una en Medellín y otra en una Entidad Prestadora de Salud. El crimen organizado no violento genera tanto daño como el crimen organizado violento clásico: reduce el bienestar por la asignación ineficiente de recursos, pues transfiere esos recursos sin cargo a producto o a la prestación de un servicio alguno. Es común también en las empresas: la deslealtad de los directivos y de los responsables de abastecimiento permite la captura de rentas empresariales sin vínculo con resultados, como pudo ocurrir con los intentos recientes de estatizar la provisión de hidrocarburos o asignarla a empresas sin experiencia. En ocasiones sólo hay "favorecimiento", más no un crimen según el estatuto penal. Este fue el caso de "dejar vencer" los acuerdos marco de competencia para la compra estatal de servicios de guarda de datos y su análisis, lo que algunos llaman la "nube pública", que terminaría favoreciendo la centralización en un proveedor de propiedad estatal; al eliminar de un tajo la competencia puede conducir a asignaciones que permitan la captura de rentas no competitivas o a que el servicio sea provisto por gobiernos hostiles. El truco más efectivo para detectar este crimen no violento es explotar las disputas entre los criminales, proteger al delator y hasta estimularlo con inmunidad. Para desmantelar estas organizaciones necesitamos que la reforma a la justicia criminal esté dirigida de forma prioritaria a perseguir las organizaciones criminales, incluso las no violentas, a decomisar lo apropiado por sus principales responsables y a penalizar la pertenencia a la organización, la provisión de servicios (contables, gerenciales) y la reincidencia. Proteger la sociedad de estas organizaciones criminales requiere medidas drásticas como la pena de muerte empresarial (la terminación y disolución de la empresa), con una doble instancia judicial y mejorar el gobierno de las empresas, comenzando por las estatales, con períodos fijos y cargos protegidos. Por último, pero no menos importante, necesitamos aislar a los reguladores de los gobiernos que buscan controlar sus decisiones, tal vez con períodos fijos no "renunciables" de los reguladores, para evitar la captura que facilitan los políticos "inexpertos". Duros contra el crimen no violento.
Profesor de Economía, Pontificia Universidad Javeriana.