En los primeros meses de gestión, los nuevos jerarcas departamentales revisan y ajustan gastos que en algunos casos se incrementaron durante la campaña electoral.
A poco menos de tres meses de asumir, la mayoría de los intendentes del
Partido Nacional que administran las comunas departamentales no tomaron una decisión tan drástica como
la de Carlos Albisu en Salto, pero sin embargo sí se encuentran en un proceso de revisión de
gastos heredados de la anterior gestión, que en algunos casos tuvo un
incremento sustantivo durante el año de campaña electoral.
El caso que más repercusión mediática tuvo en los últimos días fue el de Salto, el único departamento gobernado por la
Coalición Republicana tras 10 años de gestión de
Andrés Lima (Frente Amplio), por el cese de
291 funcionarios de la intendencia departamental.
En diálogo con El País, y en respuesta a acusaciones de Adeom Salto y del
Pit-Cnt que calificó la medida de "
despido masivo de trabajadores", el intendente salteño defendió la medida y argumentó que "era necesario
ordenar la casa".
En conferencia de prensa, explicó que el
convenio colectivo que pretendía dar carácter permanente a esos ingresos era "claramente violatorio de
normas legales y
constitucionales". Previamente a los pocos días de asumir, el expresidente de la
Comisión Mixta de Salto Grande había denunciado deudas con el
Banco República y con proveedores que comprometían las
finanzas de la administración.
Aunque en menor grado, han sido varios los
gobiernos subnacionales que han tenido que recurrir a
recortes luego de recibir una dificultosa y delicada
situación financiera, como habían denunciado en julio cuando en algunos casos estuvo hasta en riesgo la posibilidad de
pagar salarios.
En las elecciones de mayo fueron electos
12 nuevos intendentes, mientras que en los restantes
departamentos hubo reelección, por lo que continuarán los mismos
jefes comunales durante otros cinco años.
Compensaciones y horas extras
El
intendente de Florida,
Carlos Enciso, indicó que desde que empezó su administración se cortaron algunos
contratos de empresas individuales, asesores que no se renovaron, se bajó el porcentaje de las
compensaciones que se pagan a los
funcionarios y la cantidad de
horas extras asignadas en la comuna departamental.
De esta forma, el
exembajador uruguayo en Argentina aseguró que se están ahorrando $ 2 millones mensuales por los recortes, unos US$ 50.000.
En el caso del politólogo
Diego Irazábal, jefe departamental en
Flores, su decisión como jerarca fue la de no despedir
funcionarios, pero sí compensaciones. A su vez, afirmó que se están estudiando contratos que, en principio, fueron extendidos hasta el 31 de
diciembre.
"Cesar contratos decidí no hacerlo con trabajadores, aunque sí con algunas empresas de
servicios personales. Tengo a estudio hasta fin de año una cantidad importante de
empresas unipersonales monotributistas Mides. No quise tomar la decisión de cesar esos vínculos antes de analizar bien los casos por las características (de posible vulnerabilidad social) de los
monotributistas", declaró Irazábal.
En materia de compensaciones, el jerarca ilustró que muchas de estas
partidas fueron otorgadas por
decisión discrecional de los intendentes, situación similar a la ocurrida en otras
intendencias.
Por ejemplo, existen casos en que un funcionario considerado
grado cinco cobra compensación como
grado siete, pero no son este tipo de beneficios los que, en líneas generales, se están recortando, sino los que implican partidas fijas definidas discrecionalmente por el intendente. "En ese caso son alrededor de 50 que existen. Pero en realidad más que nada hemos decidido cesar muchos casos de
empresas tercerizadas, de servicios de seguridad en particular", contó el gobernante.
El intendente de Artigas,
Emiliano Soravilla, dijo que se están tomado medidas de este tipo también, pero "no porque peligre la
estabilidad financiera de la comuna, sino por una cuestión de ordenar y de
eficiencia".
En Cerro Largo, Christian Morel, que fue uno de los nuevos jefes comunales más
críticos con la situación económica heredada de la anterior administración (también del
Partido Nacional), indicó que en primera instancia cesó a 169 funcionarios, cantidad bastante menor a los 300 que había anunciado en su momento.
"Pare ahí, porque se recortó por rendimiento y diferencia de sueldo. Eso me permitió no tener que
desemplear a tanta gente. Había algunos que eran contratos nuevos (de la campaña electoral), pero la mayoría
gente contratada desde hacía tiempo que se decidió prescindir de su
servicio. En líneas generales el ahorro que tuvimos tras tomar estas medidas fue de $ 9 millones (US$ 225.000)
mensuales", dijo a El País el intendente de Cerro Largo.
Compromiso de campaña
En Lavalleja, donde el
Frente Amplio gobierno por primera vez en la
historia bajo el
liderazgo de
Daniel Ximénez, se optó por no llevar adelante
recortes del estilo, al menos por el momento.
Un jerarca de la comuna afirmó que, sin embargo, sí se va a "cumplir con un
compromiso de campaña de revisar los casos de algunos
trabajadores zafrales que ingresaron a la plantilla durante el período de la campaña electoral".
Según señaló, hubo un incremento importante de ese tipo de contratos durante el año de las
elecciones departamentales, aunque son
sueldos mínimos del entorno de los $ 20.000.
"Por ahora la situación está a estudio. No se ha definido un plazo, pero
decisiones al respecto va a haber y ya está hablado con el
sindicato", añadió el jerarca.
Por su parte, desde la administración de
Guillermo Levratto en
Río Negro donde
Omar Lafluf decidió no competir por la reelección y ganó el Frente Amplio no se llevó adelante un
ajuste relevante, dijo el
secretario general de la intendencia, Walter Cardoso.
"Se mantuvieron los 240 contratos de monotributistas heredados, se suprimieron acciones y
funcionarios de confianza. Las horas extras se manejan por área, se respetan y se controlan. Se cortó con la
discrecionalidad", afirmó Cardoso.
La compleja realidad económica de la Intendencia de
Montevideo ha sido posiblemente el caso que más repercusiones políticas ha tenido a nivel nacional.
En línea con otras comunas del país, a principios de setiembre el intendente
Mario Bergara un conjunto de medidas a implementarse a partir de octubre con el fin de ordenar las cuentas. Entre ellas, se anunció la eliminación de contratos con empresas, la postergación del pago de subsidio, contar con menos cargos de confianza política, reducción de horas extras, entre otras.
El País, Uruguay
25 de septiembre de 2025
