¿En qué cabeza cabe?
La educación pública tiene muchísima más plata que la privada. Si sus resultados son peores, debe ser por otras causas.
Uno de los requisitos claves para que nuestro país avance y, con ello, mejore la calidad de vida de la gente, está en que mejore la cobertura y la calidad de nuestra educación. No hay progreso en este mundo contemporáneo si no hay educación.
Hoy en día nadie discute eso.
Sin embargo, y a pesar de que rompe los ojos, buena parte de nuestra izquierda vernácula, persiste en su deseo (obsesivo) de entorpecer y aún dañar los esfuerzos que - libremente- hacen miles de compatriotas por sostener la educación privada en el Uruguay.
Esa idea fija se basa en una noción inverosímil: que la educación es un derecho cuando la imparte el Estado, pero si lo hace un privado, eso mismo, se transforma, automáticamente, en un privilegio.
Ese disparate no responde exclusivamente a un atavismo ideológico. Responde también, en parte, a una realidad que viene ya de muchos años: en el Uruguay, los resultados de la educación privada son, comparativamente, mucho mejores que los de la estatal. Desde hace décadas. Esto atraganta a la izquierda. La explicación que para esto ofrece es que se debe a la plata: la educación privada es mejor porque tiene más plata, (lo que justifica -obvio- que se la castigue todo lo posible).
De ese razonamiento xenófobo (y obviamente equivocado) se sigue -en esa mente - el afán por perjudicar a la educación privada, negándole apoyos (no sólo económicos), al tiempo de recargarla de reglamentaciones. Afán siempre presente.
Sus manifestaciones más recientes son el decreto que, a poco de asumir, sacó el Ministro de Educación, trancando el desarrollo de las universidades privadas y el artículo del proyecto de ley de presupuesto recortando (otra vez más), la posibilidad de que un contribuyente pueda destinar una parte (relativamente pequeña), de sus tributos a apoyar la educación privada. Irónicamente, el régimen de donaciones especiales fue instaurado por el Frente Amplio, (ministerio de Danilo Astori, si no me equivoco). Vale aclarar que la llamada "renuncia fiscal" es mínima, ( ni cerca de una María Dolores ).
El absurdo de esta mentalidad es increíble.
Para empezar, la educación pública tiene muchísima más plata que la privada. Si sus resultados son peores, debe ser por otras causas. De hecho, si uno traza una línea que recoja la evolución histórica del volumen de recursos presupuestales destinados a la educación pública en paralelo con los resultados, verá fácilmente que no guardan relación.
Pero, además, si efectivamente hay un problema de falta de plata en la educación pública (como en tantos otros lados), qué cosa más estúpida puede haber que querer perjudicar a la gente que pone para la educación plata de su bolsillo. En el fondo, lo que están haciendo
- visto desde el ojo de la cerradura estatista - es aliviar parte de la carga económica (fiscal), que implica la educación.
Que la educación sea un derecho cuando la imparte el Estado, pero un privilegio si lo hace un privado, ya es un absurdo, pero perjudicar a quienes prestan el servicio utilizando menos recursos de la sociedad, o sea, alivianando la carga fiscal, es lisa y llanamente, una estupidez.
Perjudicar a la educación privada, es perjudicar a toda la sociedad.
El egresado que vuelca su formación a la sociedad, aporta a ésta lo mismo, venga de dónde venga, y el instituto privado que ensaya ideas y métodos diferentes, contribuye con todo el sistema educativo nacional.
No es tan difícil entender esto.
Pero el absurdo queda aún más patente cuando tomamos en cuenta que esta misma mentalidad aplaude exoneraciones tributarias, muy generosas, a quienes invierten, con fines de lucro, para brindar otros servicios a la sociedad o cuando defiende a capa y espada que el Estado brinde educación terciara gratis a quienes tienen recursos. ¿Cuál sería el argumento para negar igual tratamiento a nivel primario y secundario?
Es hora de que la izquierda haga un esfuerzo por ingresar en el siglo XXI y abandone la cultura del perro del hortelano.
Consagrar como objetivo la igualdad material no puede tener otro resultado que una disminución generalizada de los niveles de vida de la población.