Domingo, 28 de Septiembre de 2025

Crece economía subterránea

ColombiaEl Tiempo, Colombia 28 de septiembre de 2025

Drogas y políticas de drogas en América Latina: éxitos, fracasos y extravíos es el reciente trabajo de Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y reconocido investigador de la materia

Drogas y políticas de drogas en América Latina: éxitos, fracasos y extravíos es el reciente trabajo de Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y reconocido investigador de la materia. Se trata de un importante estudio para el Banco Mundial que registra que la producción y el tráfico de drogas en la región han alcanzado máximos históricos y muestra un preocupante aumento de las tasas de prevalencia del consumo en América Latina. El documento llega a conclusiones reveladoras. Con base en datos de Naciones Unidas, el profesor Mejía da cuenta de que en el país hay 200.000 familias campesinas vinculadas al cultivo de coca, con un promedio de 1,25 hectáreas de coca por familia. Muchas más que las familias bananeras y cerca del 40 % de las familias cafeteras del país. Un dato significativo para concluir que no se puede perseverar en la tesis de dejar de combatir los microcultivos ni de judicializar a sus propietarios, como se pretende recurrentemente en distintos proyectos de ley, porque se trata de una estrategia de la criminalidad para legalizar los cultivos ilícitos, en beneficio de la actividad industrial de los carteles. También significa un desafío para que la política agropecuaria finalmente logre programas socioeconómicos que lleven esas familias a la economía formal. La publicación ofrece una cuantificación del valor de los ingresos nacionales por producción y tráfico de cocaína en Colombia del orden de US$ 15.300 millones (es decir, 60 billones de pesos en su valor medio), lo que equivale al 4,2 % del PIB colombiano, mientras que en los cálculos efectuados diez años atrás ascendía al 1,3 % del PIB. Es este otro de los legados del Pacto Histórico. Si a lo anterior se le adiciona el hecho de que, según las estimaciones de los expertos, el 80 % de nuestras exportaciones de oro provienen de la minería ilegal, que equivalen a US$ 3.125 millones de dólares (13,7 billones de pesos), no sería difícil concluir que en la actualidad el tamaño de nuestra economía subterránea ronda el 5 % del PIB. Hemos sobrepasado los niveles de la economía subterránea existentes en los tiempos del cartel de Medellín. Ya intuíamos los colombianos que nuestra economía pasa por una grave epidemia de ilegalidad, al ver el comportamiento del dólar a la baja y su tasa de crecimiento, a pesar del ayuno absoluto de inversión privada nacional y extranjera. Frente a esta realidad se requieren medidas audaces en el campo de la regulación económica. No es posible que sus rectores sigan aproximándose a esta cruda situación con criterios ortodoxos de biblioteca. Para combatir las rentas de la economía informal, que no pagan impuestos, no contribuyen a la seguridad social y a través del contrabando destruyen empresas permanentemente, ya es tiempo de que, como ocurre en muchos países, Colombia dé el paso de prohibir las transacciones en dinero en efectivo, justo ahora que abundan los mecanismos de pago virtuales. De nuevo habrá que pensar en la conveniencia de quitarle tres ceros a nuestro pesito, por razones monetarias y, sobre todo, para hacerle perder valor al dinero encaletado por la mafia. Y, claro está, habrá que volver al monopolio del comercio del oro por parte del Banco de la República; no es posible que, ajeno a razones de economía política, nuestro banco central insista en la inconveniencia de esta propuesta, justo en momentos en que cada día más el oro es un activo monetario internacional relevante y rentable. Y, por supuesto, en un nuevo ambiente de colaboración con Estados Unidos, que compra el 80 % de nuestro oro, sería posible establecer reglas profilácticas al libre comercio de este mineral. Lo que sí no puede ser es que sigamos de brazos cruzados, mientras crece la espuma de la riqueza mal habida y, sin vergüenza alguna, utilicemos el podio de la Asamblea General de la ONU para proclamar que es exitoso el plan de Gobierno contra la criminalidad. Taponazo. La historia mundial de las reformas judiciales muestra que las propuestas de modificación de la forma de elección de los magistrados ha sido la puerta de entrada a su cooptación. ¡Ojo!
No seguir de brazos cruzados
Néstor Humberto Martínez Neira
Hemos sobrepasado los niveles de la economía subterránea existentes en los tiempos del cartel de Medellín. Se requieren medidas audaces en el campo de la regulación económica.
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