Normalización de la mediocridad

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025, el penúltimo de la actual administración, y la última Ley de Presupuesto del gobierno del Presidente Boric evidencian no solo la autocomplacencia de las autoridades frente a cifras que hablan de un país estancado, sino también el gigantesco desafío que enfrentará, cualquiera sea su signo político, el futuro gobierno.
Lo primero que llama la atención del IFP es la insistencia de la Dirección de Presupuestos (Dipres) por configurar un relato de normalización fiscal, a pesar de las estadísticas que apuntan en sentido contrario y de los gruesos errores en las estimaciones de ingresos, que significaron incluso la inédita revisión de las metas fiscales autoimpuestas por la misma administración. Si esto se considera normal, quiere decir que hacia adelante las finanzas públicas estarán bajo amenaza de forma permanente.
Lo cierto es que Chile tiene una tendencia de deuda preocupante y niveles de gasto público inconsistentes con su situación económica. A pesar de sus intentos por convencer de lo contrario, es evidente que la actual administración está lejos de ser un ejemplo de cómo manejar las cuentas fiscales. El Cuadro I.4.2 del IFP es una muestra. En él se reconoce el gradual deterioro del Balance Central Total de 2025. Así, mientras en el primer trimestre de este año se anticipaba un déficit fiscal cíclicamente ajustado de 1,6%, en el segundo semestre se elevó a 1,8% y en el tercero la predicción ya llega al 2,2% del PIB. Lo que es aún más grave es que este mayor déficit se produce luego de un continuo incumplimiento de la regla de balance estructural y de tibias medidas (varias de las cuales dependen del Congreso) para revertir el descalce entre ingresos y gastos de 2024. Nuevamente, sería preocupante si este enfoque de gestión pasa a ser parte de una supuesta "normalidad" fiscal.
Respecto de la deuda, las noticias tampoco son positivas. Al inicio del IFP, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, plantea que los esfuerzos "han permitido uno de los logros más relevantes de este gobierno: contener el crecimiento de la deuda pública", pues esta administración sería la de "menor aumento de deuda desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet" (2006-2010). Las cifras, sin embargo, deben analizarse críticamente. De acuerdo con el Banco Central, desde marzo de 2022 hasta junio de 2025, la deuda bruta del gobierno central pasó de 36,2% a 42,8% del producto, lo que representa 6,6 puntos porcentuales (pp) adicionales. Esto es menor al aumento observado bajo la segunda administración de Sebastián Piñera (12,62 pp) y la segunda de Michelle Bachelet (10,86 pp), pero no de la primera de Piñera (6,22 pp). Para entender el punto que hace la directora, es necesario reparar en que Dipres anticipa una deuda bruta del gobierno central de 42,4% para este año, lo que dejaría el aumento de la deuda en 6,2 pp, justo por debajo de los 6,22 pp observados entre marzo de 2010 y marzo de 2014. Cuando uno de los mayores logros de un gobierno se basa en una predicción que no se ha concretado y que se refiere al segundo decimal, el problema parece profundo.
Un elemento necesario de agregar al análisis cuando se trata de realizar comparaciones es la evolución de nuestros fondos soberanos, fuente de recursos para hacerse cargo de eventos extraordinarios y que representan un pilar de nuestra institucionalidad fiscal. Estos han sido ampliamente utilizados por la actual administración.
Lo anterior se evidencia al observar la evolución de la deuda neta (pasivos menos activos) del gobierno central, que incorpora precisamente los recursos ahorrados en esos fondos al calcular las obligaciones financieras del país. De acuerdo con el Banco Central, desde marzo de 2022 hasta junio de este año, la deuda neta aumentó en 7,11 pp (del PIB), cifra inferior a la de la administración anterior (afectada por la emergencia del covid) y a la del segundo mandato Bachelet, pero significativamente superior a lo observado entre marzo del 2010 y marzo del 2014 (3,6 pp), y lejos de la caída de deuda neta que caracterizó el período entre marzo de 2006 y marzo de 2010 (-9,18 pp). Por cierto, el que desde marzo de 2022 a la fecha la deuda neta haya aumentado casi un punto porcentual del PIB más que la deuda bruta debe llevar a reflexionar sobre la laxitud con que nuestra institucionalidad permite el uso de los Fondos Soberanos sin crisis o emergencia evidente.
El legado presupuestarioSegún el Gobierno, el énfasis presupuestario para 2026 iría a fortalecer la seguridad social, pública y económica. Para ello, en lo esencial, el proyecto de Ley de Presupuesto ingresado esta semana al Congreso plantea un crecimiento real del gasto de 1,7%, lo que sería compatible con un déficit estructural de -1,1% en 2026, cifra que estará sujeta al monto efectivo de ingresos y gastos (ya se han levantado voces alertando de una posible sobreestimación de los ingresos estructurales futuros).
Sin embargo, un análisis de los aumentos presupuestarios por ministerio no parece reflejar el énfasis descrito por la autoridad. Por de pronto, el mayor crecimiento anual lo tendría el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (11,3%), seguido de Vivienda y Urbanismo (7,6%), mientras que la cartera de Seguridad Pública vería un retroceso de -0,6%.
Otra peculiaridad es la eliminación de la llamada "glosa republicana", partida que históricamente ha permitido a la siguiente administración contar con recursos para implementar algunas de sus nuevas medidas. Su eliminación es una de las controversias que marcarán el debate.
Finalmente, en una visión de más largo plazo, es necesario reparar en el retroceso institucional que significa haber transferido obligaciones adicionales por parte de esta administración a la siguiente. Sin nuevos ajustes, el siguiente gobierno heredará déficits estructurales el 2026, 2027 y 2028. Esto impone revisar la institucionalidad fiscal vigente.