Mypes salvadoreñas obtienen $1,251.5 millones con prestamistas informales

La magnitud del financiamiento informal que obtienen las micro y pequeñas empresas (mypes) asciende a $1,251.5 millones anuales, un monto que equivale al 3.6% del producto interno bruto (PIB) del país y al 7.4% de todo el crédito que otorga el sistema financiero formal, según estableció el más reciente estudio sobre este sector de la economía, impulsado por la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) con apoyo de FLACSO.
La investigación determinó que hay tres grupos de mypes que recurren al crédito informal o usura: aquellas que combinan financiamiento formal e informal para cubrir sus necesidades,  las que son rechazadas por las instituciones financieras formales y acuden a prestamistas informales, y las que se autoexcluyen del crédito formal y optan directamente por el financiamiento informal.
El primer grupo, con acceso al crédito formal e informal, obtuvo un monto anual de $432.4 millones de prestamistas informales; el grupo excluido del sistema financiero recibió $157.8 millones y las mypes que se han autoexcluido de lo formal consiguieron $661.3 millones.
La usura es "el cobro de intereses abusivos en operaciones de crédito, que exceden de manera significativa las condiciones razonables del mercado y afectan la capacidad de pago del prestatario", destaca el documento.
En efecto, el informe subraya que la tasa de interés promedio anual del financiamiento informal en El Salvador es de 1,869%, que añade que "esta dependencia del financiamiento ilegal" es uno de los mayores frenos para el desarrollo de las mypes.
"Cuando hogares y empresas destinan una parte excesiva de sus ingresos al pago de intereses abusivos, se reduce su capacidad de consumo e inversión, se deteriora su estabilidad económica y se limita su potencial de crecimiento", resalta el informe.
En el caso de las mypes, la investigación considera que este impacto es aún "más grave porque impacta en compromete el capital de trabajo, restringe la reposición de inventarios y reduce su capacidad para aprovechar oportunidades de negocio".
En El Salvador, ocho de cada 10 empresas recurren a usureros por la "rapidez de los desembolsos y la ausencia de requisitos, pero a costa de hipotecar su futuro", apunta la investigación.
Una de las conclusiones del reporte es que la ley de usura, que se aprobó en 2013 para "prohibir, prevenir y sancionar" estas prácticas, no ha cumplido su propósito.
"La ley tuvo deficiencias de origen al momento de su redacción", dijo William Pleités, director de la investigación. Uno de estas deficiencias, explica, es que para establecer la tasa de usura (el máximo a cobrar) el parámetro son las tasas de interés que se cobran en el mercado informal, además, que no los formuladores de esta ley no sabían la tasa de interés promedio anual que cobraban los prestamistas usureros ni los montos que otorgaban.
Muchas veces ocurre que con la tasa de interés máxima permitida las instituciones financieras no pueden cubrir sus costos, por lo que se ven forzadas a reducir sus operaciones, retirarse del mercado o, directamente, a no ingresar. Como consecuencia, los clientes de menores ingresos terminan acudiendo a prestamistas informales que suelen cobrar intereses mucho más altos, ahonda el análisis.
Casi un 80% de asesores de créditos entrevistados para el estudio dijeron que hay un aumento de la mora en el segmento mype y que muchos clientes se están saliendo del mercado formal y que están recurriendo a usureros.
Las principales razones por las que los microempresarios de subsistencia optan por el crédito informal es porque su récord crediticio se ha deteriorado, porque les exigen menos requisitos y porque el crédito es otorgado de manera más ágil.
"Las mypes, especialmente las de subsistencia, han caído en un ciclo de sobre endeudamiento que las va excluyendo y las lleva hacia la usura y al salir del sistema (financiero formal) está casi por cerrar el negocio, porque es imposible sostener un negocio sólo con créditos de usura", señala Luis Castillo, director de FUSAI.
El estudio denominado "El Estado de la MYPE 2025: la otra cara de la economía" recomendó una revisión integral de la ley contra la usura dado que esta no ha logrado frenar la expansión del crédito informal ni reducir sus efectos sobre las mypes.
Otra sugerencia es  "desarrollar productos y líneas de crédito adaptados a ingresos irregulares, baja documentación y estacionalidad".