No hay plata para aviones

Jorge Restrepo
La grave situación de inseguridad hace cada vez más necesario aumentar la capacidad de la fuerza pública para proteger. Además, se requiere un revolcón en la provisión de seguridad pública: desmantelar organizaciones criminales, reducir la oferta de drogas y destruir cultivos ilícitos, aumentar la interdicción del tráfico trasnacional de cocaína y marihuana, e intervenir en las disputas violentas entre criminales, requiere una planeación cuidadosa, una asignación correcta y una disposición creativa e innovadora de esas nuevas capacidades. Pero esto no es lo que busca el Gobierno: el ministro de defensa anunció que "El contrato se va a firmar este mes" refiriéndose a la compra de 16 aviones con un costo de un punto porcentual del PIB, $18 billones, y que "... la elaboración de la minuta del contrato, prácticamente ya está casi que finiquitado (sic)". Esta decisión del Gobierno es inoportuna en términos fiscales, no es prioritaria en términos de seguridad, y es opaca. Con presupuestos de 2025 y 2026 desfinanciados, la caja en mínimos, un déficit en su máximo histórico y rota la regla fiscal, es imposible pagar por estos aviones, a menos que se gasten en ellos el recaudo completo de la reforma tributaria que el Gobierno busca que el Congreso apruebe. Hay mejores gastos de seguridad: capacidades fluviales y marítimas, para operaciones helicoportadas, para el aislamiento e incapacitación de organizaciones criminales en cárceles, para la intervención en las disputas de los grupos armados, para la generación de fuerza con vehículos tripulados remotamente; todas alternativas de bajo costo y alto rendimiento, que mitigan las amenazas que generan violencia e inseguridad hoy. La probabilidad de que ocurran eventos hostiles contra Colombia se ha reducido a un mínimo desde la agresión de Rusia a Ucrania y por el colapso económico de los regímenes que apoya: la necesidad de contar con capacidad de disuasión también se ha reducido de forma permanente. Aunque cualquiera entiende la necesidad de proteger la reserva del proceso, parece que el Gobierno hubiera decidido actuar con máxima opacidad y evitar que conozcamos cualquier información: conocemos el resultado, pero no los oferentes, ni quiénes seleccionaron o cuáles fueron los criterios de calificación, los costos, los plazos o los términos de financiación de la oferta seleccionada. De acuerdo con la Ley, firmar el contrato requiere la aprobación de vigencias futuras en el Confis y la aprobación de un documento Conpes y no hay información al respecto en ninguna fuente. Tampoco sabemos si el proceso se hizo con apego a los criterios de "igualdad, moralidad, ética, imparcialidad, eficacia, eficiencia y transparencia" del manual de compras del ministerio o si detectaron posibles "inhabilidades aparentes, incompatibilidades, conflictos de interés" o si se cumplió con la política anticorrupción y antisoborno. Justo lo que dice la Ocde sobre las compras militares: el secretismo y la menor transparencia, junto con una discrecionalidad mayor a la habitual para quien decide, convierten las compras militares en un terreno fértil para la corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos.
x:@jorgearestrepo