Crimen organizado y lavado en Uruguay: aumentar la percepción de riesgo para evitar que se enquiste

El Senado aprobó modificaciones al proyecto de ley de lavado de activos esta semana, que pasó a Diputados, valorándose el consenso que se logró a pesar de las diferencias de los partidos políticos. En medio, el atentado contra la fiscal de Corte (subrogante) Mónica Ferrero. Este tema, con sus múltiples aristas, fue abordado en el "Compliance Day 2025", un evento organizado por el estudio Brum-Costa, con la participación de autoridades nacionales, del sector privado y otros expertos en el tema.
Entre ellos, la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti; el asesor de la Senaclaft, Daniel Espinosa; el superintendente de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), Juan Pedro Cantera; y el consultor internacional en la materia, Alejandro Montesdeoca.

"El crimen organizado está presente", afirmó Libonatti, al presentar un panorama de la situación en Uruguay y añadió: "cuando el crimen organizado está enquistado en la economía o sociedad, es más difícil quitarlo; es mejor prevenir".

De ahí la propuesta legislativa al respecto y un nuevo enfoque de supervisión de la Senaclaft, considerando que la efectividad no ha sido la esperada y que el país tiene vulnerabilidades y amenazas.

La Senaclaft se ha propuesto objetivos claros: que mantenga sus políticas y estrategias a pesar de los cambios de gobierno, que mantenga su libertad de accionar a pesar de que su estructura está ubicada en la Presidencia de la República, llegar a más a los sujetos obligados (distintas empresas, profesionales, instituciones) para que cumplan mejor su función de alertar ante riesgos en las operaciones financieras, y coordinar más con las fiscalías y el Poder Judicial, para que se realicen investigaciones paralelas.

La titular de la Senaclaft hizo foco en que el sujeto obligado cumpla mejor su función, dado que notan que faltan buenos análisis de riesgos. Según manifestó, los procesos de debida diligencia no toman en cuenta todos los elementos para detectar eventuales irregularidades en las operaciones o negocios de los clientes, o se cumple con las meras formalidades pero sin profundizar, por ejemplo, en los orígenes de los fondos u otros indicadores.

Libonatti afirmó que venían haciendo un trabajo conjunto con los sujetos obligados, ayudándolos a entender más la función, pero en los últimos cinco años se frenó esa actividad, que ahora aspiran retomar.

Insistió en la importancia de aumentar la percepción del riesgo en las operaciones que realizan los clientes y en ir más allá del mero formulario a completar. "A veces no se comprende adónde vamos", apuntó.

En ese contexto, adelantó que la cantidad de fiscalizaciones que realiza la Senaclaft de 2025 será menor que años anteriores. "Esto va a ser titular de los diarios, pero en gran parte es así porque le estamos dedicando más tiempo a los sujetos obligados", fundamentó.

No obstante, la responsabilidad última es de la Senaclaft, que también está procediendo a mejorar en ese sentido. "No cargamos todas las tintas en el sujeto obligado, por eso el proyecto de ley tiene muchos artículos sobre que hay que coordinar las instituciones y los equipos", aclaró.

Un tema en el que se insistió durante el evento es que el hecho de que los fondos estén bancarizados no significa necesariamente que la operación sea de bajo riesgo. "Nosotros queríamos que esto apareciera de alguna forma en el proyecto de ley", afirmó Libonatti.

Libonatti advirtió que las organizaciones criminales encuentran ptra forma de "meterse" en el sistema, aprovechando la inclusión financiera. "Los fondos se cuelan en operaciones pequeñas y luego el canal queda abierto", reafirmó.

Puntos estratégicos

Existen factores que amenazan al país como el narcotráfico, el tráfico de armas, la expansión de los delitos en la frontera y en menor grado los delitos tributarios, al tiempo que se han identificado sectores vulnerables, como las inmobiliarias, el trading en zonas francas y la comercialización de automóviles de alta gama. A esto se le suman carencias en las capacidades del Estado para afrontar los riesgos de lavado de activos, tecnología insuficiente para esta actividad y bajo nivel de operaciones sospechosas.

"No es que las operaciones sospechosas hayan disminuido, sino que los controles fueron más laxos durante el gobierno anterior", lanzó Espinosa en diálogo con El País.

Ante esta realidad, Espinosa destacó en el evento que la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos apunta a aumentar los recursos para esta actividad, regular nuevos sectores como los criptoactivos, elevar los estándares de control, capacitar en la materia, entre otros.

"En la evaluación de riesgo de 2017-2020, identificamos que existen muchos elementos de mejora que no representaban más gastos, pero tampoco se cumplieron, o se hizo parcialmente", dijo Espinosa, apuntando a lo que, a su entender, fue falta de voluntad política.

Espinosa reconoció también que los sujetos de derecho tienen baja percepción del riesgo, no quieren verse involucrados, o no cuentan con una capacitación mínima para completar bien la debida diligencia ante transacciones complicadas, lo que se podría corregir.

Por su parte, Montesdeoca consideró que la historia de Uruguay muestra que las leyes antilavado se han aprobado por unanimidad o amplia mayoría, pero que luego no se asignan los recursos a los organismos competentes o las capacidades para implementarlas.

Redefiniciones en el Banco Central

La preocupación del Banco Central (BCU) en materia de lavado de activos está fundamentalmente en los riesgos operativos y tecnológicos a nivel de ciberseguridad, incluyendo fraudes, y en ver cómo las empresas enfrentan sus vulnerabilidades a ese nivel.

El BCU ha tenido un cambio de directorio recientemente y está revisando su propia regulación y funcionamiento, según compartieron representantes de la propia entidad.

Juan Pedro Cantera, superintendente de Servicios Financieros del BCU, destacó que una de las iniciativas es la modificación de la Carta Orgánica del Central, para ampliar su perímetro regulatorio con el objetivo de abarcar actividades que hasta ahora no están comprendidas. Esto a partir del caso de estafa de Conexión Ganadera, entre otros.

Cantera afirmó que muchos casos de supervisión de operadores que incentivan este tipo de inversiones están fuera de la competencia del BCU. "Desde las situaciones de finales de 2024 y principios de 2025, el BCU está preocupado por ampliar sus funciones para proteger más a los pequeños inversionistas", afirmó.

"La modificación legal dice que toda convocatoria al público para invertir queda bajo la supervisión del BCU", agregó.

Asimismo se adelanta una regulación y supervisión de operadores de activos virtuales, para fortalecer el sistema financiero y mitigar riesgos, entre otras iniciativas en el marco de la estrategia país.