El Comercio, Perú
10 de octubre de 2025
La vacancia de Dina Boluarte termina con un gobierno incapaz de enfrentar la crisis de inseguridad y que tampoco dio oposición alguna a los desenfrenos del Parlamento.
La presidencia de Dina Boluarte llegó a su fin tal como se desarrolló durante sus casi tres años de mandato: sin pena ni gloria. La vacancia por incapacidad moral permanente de la mandataria, aprobada por el Congreso de la República con 121 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención marca el epílogo de una gestión que desde sus inicios se caracterizó por la ausencia de liderazgo y la incapacidad manifiesta para enfrentar los desafíos más urgentes del país.
El atentado contra la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, que dejó cuatro músicos heridos y un vendedor ambulante lesionado, fue la gota que rebalsó el vaso de una ciudadanía hastiada de vivir bajo el terror de la extorsión y el sicariato. Que un grupo criminal pueda irrumpir con ametralladoras en áreas cercanas a un recinto militar, disparar más de 20 proyectiles contra artistas indefensos y huir impunemente revela no solo la magnitud del colapso de la seguridad ciudadana, sino también la incapacidad total del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Durante su mandato, Boluarte demostró una desconexión alarmante con la realidad del país. Mientras las cifras de extorsión se disparaban ?con 18.432 denuncias hasta setiembre del 2025 según el Sidpol?, la presidenta se limitaba a ofrecer consejos tan absurdos como peligrosos: ?No contesten las llamadas ni abran los mensajes? de los extorsionadores. Como si la delincuencia pudiera combatirse con la estrategia del avestruz.
Su gestión quedará marcada por los episodios bochornosos: el abandono de funciones para someterse a cirugías estéticas en secreto, la colección de relojes de lujo sin explicación de su procedencia, y la arrogante declaración de que se ?bañaba en manteca? ante las críticas son apenas algunos capítulos de una presidencia que convirtió la frivolidad en método de gobierno.
El corolario de su incapacidad fue evidente en su respuesta ante la crisis de seguridad. Mientras más de un centenar de transportistas fueron asesinados por resistirse a las extorsiones y la ciudadanía clamaba por acciones contundentes, Boluarte se refugió en el silencio cómplice, evadió a la fiscalía y desestimó sistemáticamente las inquietudes públicas. Su administración no solo fue incapaz de contener la ola criminal, sino que permitió su expansión hasta niveles nunca vistos. El Congreso admitió y aprobó las mociones de vacancia con sorpresiva rapidez y con un respaldo abrumador. Incluyendo el de bancadas que anteriormente habían apoyado a Boluarte. Que partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que la mantuvieron a flote durante años, finalmente le dieran la espalda evidencia la magnitud de su fracaso, pero también un claro cálculo electoral y oportunismo político. Aquellos partidos que ayer guardaban silencio ante los desaciertos en materia de seguridad, hoy se erigen como críticos feroces, no por convicción, sino por conveniencia.
Su legado será el de una presidencia marcada por la inacción ante los problemas estructurales del país, la frivolidad ante las tragedias ciudadanas, el rechazo absoluto de la población que en algunos sondeos le otorgó solo el 2% de aprobación (un mínimo histórico, bordeando el margen de error) y una inaceptable tendencia a reunir ministros que le fungían más de escuderos que de técnicos, como lo que ocurrió cuando designó como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez pese a haber sido censurado por el Congreso como ministro del Interior meses antes.
Dina Boluarte deja un país más inseguro, más fragmentado y más desconfiado de sus instituciones. Urge devolver al país estabilidad. Este es un llamado no solo al nuevo presidente sino también al Congreso. Pongan fin al apetito populista y prioricen la estabilidad del país. El Perú necesita líderes que comprendan la magnitud de los desafíos nacionales y que tengan la capacidad, la voluntad y la dignidad para enfrentarlos. Frenar el avance de las economías ilegales y de organizaciones criminales tiene que ser prioridad. La ciudadanía lo reclama y las autoridades tienen que hacer frente a esta situación que amenaza al desarrollo del país. Vienen horas cruciales para el Perú.
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