Goles en contra

En una reunión celebrada la semana pasada en la sede del Poder Ejecutivo y en la que participaron el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y una delegación del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el gobierno propuso "como forma de abrir un espacio para el diálogo entre las partes, suspender las medidas y retomar la operativa de la terminal portuaria". La duración de la pausa será diez días.

Por un lado, es una buena noticia que, aunque tarde y provisoriamente, predomine el camino del diálogo. Por el otro, el episodio plantea una inquietud: ¿en el futuro cada vez que una empresa se proponga invertir en nuevas tecnologías, deberá pasar por una ordalía de paros, huelgas, y reuniones de alto nivel involucrando secretarios de la Presidencia y ministros de diferentes carteras?

Parecería importante superar estos brotes de ludismo portuario lo antes posible, porque nuestros competidores no nos dan tregua. El costo directo e indirecto -por ejemplo, la reputación del puerto- de estos siete días de paro es considerable y contribuye a incrementar el "costo país".

La actividad portuaria involucra inversiones en infraestructura, equipos para el manejo de las cargas y sistemas operativos cada vez más eficientes.

Es un entorno muy competitivo. Los puertos operan en espacios transnacionales que atraviesan las fronteras de los países. La competencia entre los puertos de nuestra región se hace cada vez más intensa. Las grandes navieras y los usuarios pueden definir sus estrategias y elegir entre varios puertos. A diferencia de sus principales competidores, Montevideo es un gran exportador de servicios a la región. La participación de los contenedores en tránsito o transbordo en su movimiento total pasó del 55,1 % en el año 2020 al 62,4 % en el 2023. El año pasado representaron el 60,5 % y los datos que sugieren que este año disminuirá más. En este escenario, Montevideo solo puede competir a fuerza de mayor eficiencia y confiabilidad.

La realidad regional y el rol de nuestro puerto exigen estudios serios y políticas de Estado de largo plazo que den certeza a los usuarios para organizar sus operaciones y a los empresarios para realizar las inversiones necesarias para mantener la posición que se ha ganado Montevideo con tanto esfuerzo.

Pero, estos meses han sido de conflictos y problemas en la actividad portuaria causados por nosotros mismos. Recordemos el episodio de los nombramientos de 22 gerentes y jefes de administración (y que culminó con la renuncia de uno de los miembros del Directorio); y la creación de una novedosa División Planificación Estratégica Portuaria, cuyas amplias competencias incluyen tomar decisiones "de consuno" con el Directorio. Esta resolución que el Directorio tomó por mayoría, supone en los hechos si no de Derecho, una modificación indirecta de la Ley de Puertos.

A lo que se suman los frecuentes paros e interrupciones de tareas que dejan en la nada el principio fundamental establecido en la Ley de Puertos de que "Los servicios portuarios se prestarán en los puertos comerciales de República durante las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año, si la respectiva demanda así lo requiere".