Demoras en infraestructura

Desde hace unos 15 años, los tiempos para la concreción de proyectos de infraestructura se han alargado en extremo. Como escribió en carta a este medio un expresidente de Túnel El Melón, este inició sus obras apenas tres meses luego de adjudicada la concesión. Son plazos que parecerían milagrosos hoy, cuando los proyectos pueden tardar entre cuatro y siete años antes de siquiera poder comenzar.
Muchas veces, los motivos de las demoras son hallazgos arqueológicos de poco interés o especies respecto de las cuales el impacto de un proyecto es mínimo. También ha habido una interpretación extensivamente abusiva de las normas referidas a afectación de pueblos originarios. En otras ocasiones, se bloquean proyectos que evitarían millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero por salvar algunas hectáreas de bosque nativo, un bosque amenazado en su totalidad por el cambio climático que esos proyectos ayudarían a combatir.
Afortunadamente, hay coincidencias entre las candidaturas presidenciales sobre la necesidad de agilizar estos procesos, aunque las propuestas tienen diferencias que probablemente se reflejen en su eficacia. En lo que parece haber acuerdo es en reformar el Consejo de Monumentos Nacionales, una de las principales trabas del sistema. Otra propuesta que parece acertada -del comando de Jara- es la de "eliminar la recurrencia del sistema, porque te pueden llevar a la Corte todas las veces que quieran". Pero también es necesario diseñar esquemas que acoten los márgenes de discrecionalidad, para impedir que funcionarios en el Estado puedan trabar proyectos, motivados por sus personales opciones ideológicas.
Otras propuestas, específicas para el caso de las concesiones, apuntan a que estas se adjudiquen con los permisos ya aprobados y las expropiaciones en proceso, además de crear una instancia para resolver con rapidez los conflictos entre el inspector fiscal y las concesionarias.
Hay, sin embargo, sectores que se benefician del actual estado de cosas, ya sea por sus posiciones doctrinarias o simplemente porque son parte de la verdadera industria que se ha desarrollado en torno al entrabamiento de las inversiones, desde ONG hasta gremios profesionales que han visto ampliarse sus oportunidades laborales.
El costo para el país ha sido enorme, al retrasarse beneficios necesarios para la población. En el caso de hospitales, los pacientes deben seguir recibiendo atención en ubicaciones temporales y congestionadas. En las carreteras y obras de transporte, la congestión reduce la eficiencia de la logística nacional, afectando nuestra competitividad, al tiempo que se alargan los tiempos de viaje de las personas. A su vez, la exagerada duración de los procesos de evaluación y la incertidumbre asociada elevan los costos de los proyectos, y en parte explican la escasa participación en muchas licitaciones, lo que vuelve a repercutir sobre su costo. La falta de avances en productividad, uno de los déficits de nuestra economía, es el corolario.