OPINIÓN

Por Elsa GalarzaProfesora-investigadora de laUniversidad del Pacífico

Recientemente la OCDE presentó el Informe Económico del Perú al 2025. Este llega en un momento importante para el futuro político y económico del país. Con las elecciones generales del 2026 muy cercanas, el documento presenta no solo un diagnóstico que combina fortalezas macroeconómicas con profundas debilidades estructurales, sino que advierte lo siguiente: sin reformas fiscales, institucionales y productivas, el Perú corre el riesgo de estancarse en una senda de bajo crecimiento y alta informalidad. Mensaje que debería ser escuchado muy seriamente por todos nuestros candidatos.

Todos sabemos que, durante casi dos décadas, la economía peruana se caracterizó por su resiliencia y estabilidad macroeconómica. La deuda pública sigue siendo una de las más bajas de la región y la inflación se mantiene dentro del rango objetivo del banco central. Sin embargo, el informe advierte que la disciplina fiscal se ha debilitado. Por ello, la OCDE recomienda restablecer la credibilidad del marco fiscal, fortalecer la administración tributaria y eliminar gastos tributarios y subsidios ineficientes. En un contexto electoral, este llamado adquiere especial relevancia. Las promesas populistas de gasto pueden agravar la fragilidad fiscal si no se sustentan en ingresos permanentes. De cara al 2026, el desafío será conciliar la necesidad de estabilidad macroeconómica con una agenda de desarrollo social más inclusiva.

Otro de los aspectos críticos señalados por el informe es la persistente informalidad laboral. En este punto, la OCDE propone una estrategia integral que combine incentivos a la formalización, reducción de cargas laborales para los trabajadores de bajos ingresos y mejora en las competencias laborales. Sin embargo, avanzar en esta dirección exige liderazgo político y capacidad de concertación, dos recursos escasos en el actual clima de polarización e inestabilidad institucional.

Finalmente, el informe dedica un capítulo sustantivo a la transición verde, destacando la vulnerabilidad del Perú frente al cambio climático y el papel crucial de la Amazonía en la meta de neutralidad de carbono para el 2050. Detener la deforestación, acelerar la adopción de energías renovables y mejorar la gestión de riesgos climáticos son tareas impostergables que deben ser asumidas por el próximo gobierno con visión de Estado.

En resumen, el Informe de la OCDE no solo es una radiografía técnica, sino también un llamado a la responsabilidad política. Las elecciones del 2026 serán una oportunidad decisiva para definir si el país opta por el camino de las reformas estructurales que fortalezcan su institucionalidad y sostenibilidad fiscal, o si persiste en la lógica del cortoplacismo que posterga las transformaciones de fondo. El desafío está planteado para nuestros candidatos: reconstruir la confianza, la gobernabilidad y la visión de desarrollo sostenible que el Perú necesita. Escuchemos con atención cómo piensan enfrentar estos desafíos.

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