Empleo público: El laberinto de los números

Chile enfrenta actualmente una situación de "stress fiscal", denominación elegida por el Consejo Fiscal Autónomo para reflejar el hecho de más de una década de incumplimiento de la regla fiscal. Y aunque es efectivo que el deterioro fiscal es un problema generalizado en el mundo -lo que se refleja en un spread de bonos soberanos bastante estable-, no es menos cierto que si no hacemos nada, en algunos años podría no haber recursos para que el fisco cumpla sus compromisos sociales y crediticios.
El deterioro fiscal, sin embargo, no ha sido impedimento para que el gasto en personal del gobierno central y de los gobiernos locales haya seguido creciendo a un ritmo elevado, sin que este aumento en dotación se refleje en una mejoría en la calidad de los servicios. A nivel de gobierno central, en la última década el gasto en personal ha aumentado en un 50% real, y a nivel de municipalidades el aumento es de casi 70% real.
¿Se ha moderado el ritmo de crecimiento del gasto en personal durante este gobierno? No parece, ya que, a pesar de que el promedio de crecimiento es algo más bajo que en los gobiernos anteriores, esto se explica por una caída en 2022, explicada principalmente por el fin de la pandemia, que llevó a una caída de personal del Ministerio de Salud de cerca de 25 mil funcionarios. Entre 2023 y 2025 el gasto en personal ha crecido a una tasa de 6% real promedio, bastante elevada. Durante los ocho primeros meses de este año, el crecimiento es de 7,9% real respecto a igual período de 2024. ¿Cuánto influye la creación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) en estas cifras? La verdad es que no hay forma de saberlo con claridad.
Este déficit de transparencia es una de las causas fundamentales para explicar la gran polémica que se ha generado desde ya hace tiempo con las cifras de empleo público, sobre las que existe una falta de claridad y oportunidad inexplicable, considerando que todos los meses 1,2 millones de personas, de acuerdo a la encuesta del INE, reciben un sueldo pagado por una institución del sector público, pero no existe esa información a nivel agregado y desagregado para que los ciudadanos podamos evaluar lo que nos están costando los servicios que recibimos. El tema es especialmente preocupante a nivel de municipalidades, las que han tenido un aumento de ingresos muy significativo en la última década, que se ha destinado principalmente a un aumento de personal. A nivel de gobierno central, un 23% del gasto corriente se destina a personal, cifra que es de 57% para las municipalidades. La sospecha de un creciente clientelismo es entonces evidente. Y aquí surge además un cuestionamiento adicional, ya que, si es efectivo que parte del mayor gasto en personal del gobierno central se explica por el traspaso del personal de educación municipal a los SLEP, más inexplicable es entonces lo que ocurre con el empleo en las municipalidades.
Si ahora miramos números de funcionarios en el gobierno central, ¿tiene sustento la cifra de 100 mil nuevas contrataciones que ha surgido en la campaña presidencial? Si comparamos junio de este año (último dato disponible) con marzo de 2022, se observa un aumento de 82 mil, de los cuales 58 mil corresponden al Ministerio de Educación y 11 mil al Ministerio de Salud. Esta última cifra evidencia los crecientes problemas de gestión en esa área, ya que el aumento es, en realidad, de 36 mil, si consideramos el efecto de la pandemia, a pesar de lo cual las listas de espera solo crecen. En el caso de Educación, efectivamente, cerca de un 80% del aumento se explicaría por los SLEP, lo que equivale a un 60% del total de aumento. En definitiva, quedaría un neto, corrigiendo por el empleo de salud por pandemia, de 55 mil nuevos funcionarios aproximadamente. En efecto, menos que en los gobiernos anteriores, aunque tampoco resulta marginal, dada la estrechez fiscal.
¿Qué podemos concluir entonces? Lo primero es que resulta urgente tener mayor transparencia en los datos de empleo público. Estos existen, y no se entiende cómo, con toda la tecnología disponible, no sean de fácil acceso y escrutinio por parte de la ciudadanía, que destina una parte creciente de sus ingresos a financiarlos. Lo segundo es que, corregido por el empleo de los SLEP, el ritmo de crecimiento del empleo público se ha moderado, aunque no lo suficiente. Y, por último, si consideramos que cerca de la mitad del aumento se explica por este cambio en educación, significa que nos podría estar costando cerca de US$ 900 millones al año la creación de estos servicios. ¿Y dónde está entonces la mejoría en la calidad de educación que nos genera ese gran costo al año?
Finalmente, en los últimos veinte años el gasto en personal del sector público ha pasado de un 5% del PIB a un 7%. Parece que esos US$ 7.000 millones anuales adicionales solo han beneficiado a los funcionarios.