Energía sin Estado: los riesgos federales y sociales del Decreto 450/25

Torres transportadoras de energía eléctrica



Con la publicación del Decreto 450/2025 , el gobierno nacional inició la transformación más profunda del sistema eléctrico desde los años 90. Bajo las facultades delegadas por la Ley de Bases, el decreto reescribe pilares de las leyes 15.336 y 24.065, redefine el servicio público de electricidad como un mercado libre y reduce drásticamente la presencia estatal en la planificación y regulación del sector.

La necesidad de actualizar un régimen distorsionado y dependiente de subsidios es innegable. Pero hacerlo sin debate parlamentario, sin participación de las provincias ni de los usuarios, significa avanzar sobre competencias locales y derechos ciudadanos con un instrumento excepcional que se pretende convertir en regla.

El Decreto habilita contratos directos entre privados, la libre elección de proveedor, la autogeneración y la exportación de energía. Detrás de ese lenguaje de ‘libertad económica’ se oculta una reconfiguración del Estado energético: el Poder Ejecutivo fusiona el ENRE y el Enargas en un solo ente —pese a que electricidad y gas responden a jurisdicciones distintas— y limita la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica, que garantizaba la voz de las provincias. El resultado previsible: menor control técnico, menor equilibrio institucional y mayor concentración en pocas manos.

El servicio eléctrico no es una mercancía. La Constitución Nacional protege a los consumidores frente a abusos de mercado y garantiza su derecho a tarifas razonables, información clara y condiciones de acceso equitativas. El fallo CEPIS de la Corte Suprema reafirmó que los servicios públicos integran el núcleo de los derechos sociales y que toda modificación tarifaria debe respetar criterios de razonabilidad, gradualidad y participación. El decreto, al convertir la electricidad en un bien de libre contratación, rompe ese equilibrio constitucional y traslada la definición del precio de un derecho esencial al interés del mercado.

El Congreso y los límites de la emergencia

El artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar facultades legislativas permanentes. La regulación del sistema energético —por su naturaleza estructural y federal— exige debate parlamentario y consenso político. Gobernar por decreto en esta materia implica debilitar la República: el Congreso pierde su rol de arquitecto del modelo energético y la emergencia se convierte en una forma de gobierno. Es cierto que en materia energética la emergencia ha sido la regla durante el último cuarto de siglo, pero no puede ser el argumento para una liberalización indiscriminada, de la noche a la mañana, a través de un decreto delegado. El sector requiere un debate amplio, con la participación de universidades, provincias, municipios, organizaciones especializadas y sectores productivos, industriales y sindicales. Más aún cuando se trata de uno de los pilares del desarrollo argentino.

Federalismo bajo amenaza

Uno de los aspectos más preocupantes del Decreto 450/25 es la responsabilidad solidaria que impone a provincias, municipios, distribuidoras y cooperativas por las deudas con Cammesa, incluso alcanzando a los entes de control y funcionarios locales. Se trata de una cláusula coercitiva e inconstitucional, que desconoce la autonomía provincial y busca disciplinar a las jurisdicciones mediante la amenaza económica. La distribución eléctrica es una competencia provincial indelegable: trasladar la deuda al patrimonio de intendentes o funcionarios viola el federalismo y el principio de responsabilidad limitada del Estado local.El Gobierno pretende resolver a las patadas una crisis estructural del sistema tarifario, con distribuidoras quebradas por tarifas congeladas en pesos y generadoras con rentabilidad asegurada en dólares. La solución a la ruptura del equilibrio económico y financiero del sistema requiere mayor profundidad y responsabilidad por parte del Estado, no la imposición unilateral de sanciones.

Energía y desarrollo territorial

La electricidad no sólo abastece hogares e industrias: define la posibilidad misma del desarrollo. Sin redes de transporte eléctrico robustas y planificadas, el interior productivo seguirá dependiendo del consumo urbano. El decreto omite cualquier referencia a la expansión de infraestructura —líneas troncales, estaciones transformadoras, obras que sostienen la producción y el arraigo— y al retraer la inversión estatal, condena a las regiones menos rentables a quedar fuera del mapa energético nacional. La experiencia demuestra que el sector privado no invierte donde no hay rentabilidad inmediata. Y es precisamente en esos territorios donde el Estado debe actuar, no sólo como regulador y garante del desarrollo equitativo, sino también como inversor estratégico. La pretendida desregulación y la fe ciega en el libre mercado sólo traerán más abandono del interior productivo, que seguirá atrapado en la dependencia de la producción primaria sin agregado de valor.

Paralelamente, el Gobierno impulsa la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Enarsa y las centrales hidroeléctricas del sur, que deberían haber retornado al dominio estatal tras el vencimiento de sus concesiones. La desregulación normativa y la privatización patrimonial forman parte del mismo proceso: transferir activos estratégicos a operadores privados, reduciendo la soberanía sobre los recursos energéticos y la capacidad de planificación del Estado.Ya se ha demostrado que privatización, desregulación y libre competencia en sectores estratégicos como la energía no abaratan precios, sino que fomentan la concentración y la cartelización. El ejemplo de la telefonía celular e Internet lo demuestra con claridad.

Poco después del decreto, la Secretaría de Energía publicó los Lineamientos de Política Energética 2025, que profundizan la desregulación. Reducen el rol de Cammesa, liberalizan los precios mayoristas, focalizan subsidios y habilitan exportaciones privadas. El Estado se retira del control, los precios se dolarizan y la energía se convierte en un bien financiero más.De consolidarse este modelo, el impacto será devastador para los usuarios y las economías regionales: aumentos abruptos de tarifas, pérdida de competitividad industrial y traslado del costo fiscal directamente al consumo. El riesgo más grave es la consolidación de un sistema volátil, concentrado y dependiente del mercado financiero internacional, donde el precio de la energía deje de reflejar la riqueza de nuestros recursos y pase a depender de la especulación.

La energía en Argentina no es cara por sus costos de producción, sino por cómo se distribuye el valor agregado dentro del sistema. Los generadores cobran en dólares, los transportistas garantizan rentabilidad, y las distribuidoras provinciales y cooperativas sostienen la red con tarifas congeladas durante dos décadas. Aun con los nuevos esquemas tarifarios, el sistema sigue concentrando renta en los segmentos de mayor poder económico, mientras los usuarios pagan tarifas que garantizan ganancias privadas más que eficiencia o equidad.El fomento de las energías renovables, sin planificación federal, repitió esa lógica: altos retornos dolarizados para unos pocos, financiados por todo el sistema eléctrico común. Corredores patagónicos y norteños con grandes parques eólicos o solares que alimentan los grandes conglomerados urbanos, mientras encarecen el acceso a la energía de las poblaciones locales que conviven con ellos. En muchos casos, pueblos enteros vieron transformada su geografía por la infraestructura de las renovables sin siquiera acceder a la energía necesaria para su propio desarrollo.

Modernizar con Estado y con federalismo

La Argentina necesita modernizar su sistema energético, pero no a cualquier precio. Sin Estado, no hay equilibrio; sin federalismo, no hay desarrollo. La libertad económica sin justicia social termina en concentración, y la desregulación sin planificación conduce a desigualdad. El desafío no es elegir entre Estado o mercado, sino construir reglas que garanticen que la energía sirva al arraigo, la producción y la igualdad de oportunidades. Modernizar, sí. Pero con instituciones fuertes, con provincias partícipes, con usuarios protegidos y con un Congreso que vuelva a ser autor del modelo energético argentino.

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El autor es abogado, integrante del Movimiento Arraigo