Cargos vacantes

Los problemas y atrasos en el nombramiento de altos cargos son ya una marca de este gobierno.
El último ejemplo es el Tribunal Ambiental de Santiago, el cual se quedó desde el viernes pasado con solo dos de sus miembros titulares; ello significa que, para poder funcionar y avanzar en su abultada lista de casos (incluidos recursos vinculados al proyecto Dominga), debe coordinarse con la Corte de Apelaciones para que ministros de esta integren temporalmente su sala. Ello desnaturaliza el diseño de un órgano cuya composición suma a abogados y profesionales de las ciencias, los que deben ser nombrados siguiendo un complejo proceso que incluye a la Alta Dirección Pública (ADP), la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y el Senado. Por cierto, la actual situación no era inevitable: las quinas elaboradas por la Corte para llenar los tres cargos hoy vacantes se encuentran hechas -una de ellas, desde hace casi dos años-, sin que el Gobierno haya procedido a seleccionar los nombres que debe proponer a la Cámara Alta para su ratificación.
Suma y sigue, días antes de conocerse este caso, "El Mercurio" había informado de lo que ocurría en el propio consejo de la ADP, que opera desde septiembre con su quorum mínimo (tres de cinco titulares), lo que le impide aprobar nuevas convocatorias para cargos de alta dirección.
Pero el listado de instituciones con integración incompleta no acaba allí. La Corte Suprema, por ejemplo, después de turbulentos procesos de designación (incluidos retiros y repostulaciones de nombres), aún mantiene dos de sus cargos vacantes. A su vez, el nombramiento de los directivos del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional, órgano clave en la reforma de pensiones, ha estado cruzado por los problemas: dos de los originalmente designados debieron renunciar luego de haber sido ratificados por el Senado, al detectarse que incurrían en causales de inhabilidad. El panorama puede además completarse con situaciones como la de la Contraloría, donde Dorothy Pérez debió desempeñarse como subrogante durante diez meses antes de que el Gobierno se decidiera a proponerla como titular. O, también, lo ocurrido el año pasado con el Consejo para la Transparencia, paralizado durante un mes por la demora del Ejecutivo en enviar al Senado una propuesta de reemplazos.
Más allá de explicaciones puntuales, esta acumulación es preocupante y habla de un problema mayor. Tentador es atribuirlo a las anomalías de nuestro sistema político o al hecho de no tener el Gobierno mayoría en la Cámara Alta, lo que complejiza las negociaciones para conseguir apoyos. Pero este no es el primer gobierno que enfrenta una mayoría opositora en el Senado, el que por lo demás, sin perjuicio de algún grado de "discolaje", no presenta los niveles de fragmentación que existen en la Cámara de Diputados. Antes bien, todo indica que estamos ante otra expresión de los problemas de gestión política que arrastra la actual administración, donde se suman desprolijidades evidentes, falta de flexibilidad negociadora y también descuidos y desatención. El resultado es un daño objetivo a las instituciones, gravemente entorpecidas en su funcionamiento, y otro motivo para el descrédito de la actividad pública.