El último informe de la PDI que genera dudas sobre gastos en Procultura y sustenta nuevas diligencias

Una serie de diligencias impulsa el Ministerio Público para determinar la trazabilidad total de los recursos que el Estado le entregó a la fundación Procultura para una serie de proyectos, en siete regiones del país, por más de $6 mil millones.
La sospecha del tercer equipo de fiscales que sustancia esta investigación -de la jurisdicción de Antofagasta- apunta al eventual uso irregular de estos fondos, pues no habrían tenido, supuestamente, el destino para el cual fueron entregados y eso podría constituir, de acreditarse en la causa, fraude al fisco.
Pese a un primer acceso a las cuentas bancarias de la fundación, directivos y terceros asociados a la misma, en un segundo intento, para ampliar el período analizado y completar la trazabilidad, la fiscalía recibió una negativa del juzgado de garantía de esa ciudad. El tribunal consideró que los antecedentes no habrían sido suficientes para alzar el secreto bancario.
"El Mercurio" accedió al peritaje contable Nº 419, el último de la PDI, del 3 de octubre pasado, que sustentó el requerimiento, y a los detalles de las posibles inconsistencias detectadas.
La fiscalía intenta determinar si el dinero estatal asignado "fluyó" a cuentas particulares o incluso a campañas políticas, dado que los detectives advierten que las rendiciones de Procultura no permiten tener claridad sobre el uso y destino de fondos.
Sin embargo, las defensas de los indagados en esta investigación -que se encuentra desformalizada- han descartado eventuales irregularidades.
Dificultad para reconstruir "origen" y "destino real" de fondos, dice fiscalía
El informe policial describe que los movimientos de dinero se registraron en la plataforma Rindegastos: "Observándose la existencia de 7.942 documentos ingresados desde el día 12 de septiembre de 2022 hasta el día 4 de diciembre de 2023, que totalizaron la suma de $4 mil 811 millones 141 mil 183. Dichos documentos se encuentran categorizados según el estado de este gasto, encontrándose 7.219 aprobados, que totalizaron la suma de $4 mil 219 millones 493 mil 697".
Los antecedentes fueron analizados por los persecutores de Antofagasta, Juan Castro Bekios -jefe regional- y Eduardo Ríos -jefe de Alta Complejidad de la zona-, quienes tomaron la decisión de insistir en un nuevo acceso a las cuentas bancarias de Procultura y sus ejecutivos.
En su requerimiento ante el tribunal, Ríos plantea sobre el informe de la PDI que "se revelan patrones de ejecución presupuestaria que justifican la adopción de medidas intrusivas de investigación, en particular, el alzamiento del secreto bancario, por cuanto la información contable no permite reconstruir de manera suficiente el origen y destino real de los fondos públicos involucrados".
El peritaje también da cuenta de los gastos que no se aprobaron: "126 documentos rechazados que totalizaron la suma de $103 millones 123 mil 563". Y, en ese sentido, puntualiza que "estos documentos se encuentran ingresados por 53 personas que cumplieron el rol de usuario rendidor, mientras que 17 personas cumplieron el rol de aprobadores/revisores, destacando en este último rol y para los tres estados de gasto, María José Maturana, empleada de la fundación Procultura en el cargo de directora de administración y finanzas".
Registros "sin indicar nombre del programa o proyecto asociado"
Según lo consignado por los detectives en el reporte, se hallaron "antecedentes (gastos) entregados por Procultura a (la plataforma) Rindegastos", que contiene una planilla Excel "que presenta el ingreso de 814 documentos entre el día 26 de septiembre de 2022 y el día 30 de octubre de 2023, por un monto de $278 millones 574 mil 517, sin indicar el nombre del programa o proyecto asociado a este gasto".
También, se agrega en el informe de la PDI, un segundo Excel, de la misma plataforma, "al igual que la anterior, no menciona el nombre del programa o proyecto asociado al gasto".
A su vez, en otro apartado del documento, se menciona que, "según consulta efectuada en el Sistema Siaper de la Contraloría, las siguientes personas extendieron boletas de honorarios a la fundación Procultura en fechas en que se encontraban contratados por estamentos públicos".
Como ejemplo, el peritaje reseña que "Carlos Sanhueza extendió la boleta de honorarios (...), por $641 mil 250. Según el sistema Siaper, se encontraba con contrato indefinido desde marzo de 2018 en la Municipalidad de Lota, asistente de la educación, monitor de banda diurna".
TrasladoEl 7º Juzgado de Garantía de Santiago se declaró recientemente competente para tramitar el caso Procultura, lo que podría significar su traslado desde Antofagasta.
''Se estableció que internaba la droga desde Perú a Chile, vía marítima, utilizando embarcaciones pequeñas que dejaban el cargamento en el sector de Caleta Vítor".
MINISTERIO PÚBLICO
''(En el operativo de caleta Vítor) se incautaron casi 98 kilos de ketamina en polvo, la mayor del país, se detuvo a 13 imputados y se identificó a otros 11 colombianos, líderes de la estructura".
POLICÍA DE INVESTIGACIONES
Según consulta efectuada en el Sistema (...) de la Contraloría, personas extendieron boletas de honorarios a la fundación Procultura en fechas en que se encontraban contratados por estamentos públicos".
EXTRACTO DE INFORME Nº 419 DE LA PDI, DE 3 DE OCTUBRE DE 2025