Casa de Allende: fiscalía cierra caso por no contar con evidencia suficiente, pero querellante dice que se opondrá

Si bien se realizaron múltiples diligencias, que incluyeron la toma de declaración de la exministra de Defensa Maya Fernández y de la exsenadora Isabel Allende (PS), la Fiscalía Regional de Coquimbo decidió no seguir adelante con la indagatoria por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno. Recientemente, los investigadores ingresaron un escrito al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el que comunican que no se perseverará en la causa.
En este caso, se investigó un eventual tráfico de influencias y fraude al fisco, entre otros delitos, en el marco de la adquisición de ese inmueble, ubicado en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, por el cual se habían pactado $993 millones, a pesar de las prohibiciones constitucionales del artículo 37 bis y 60 que impedían que las entonces ministra y senadora, dueñas en parte del inmueble, contrataran con el Estado.
Tras 10 meses de investigación, el organismo de persecución penal indica que no se dispone, por ahora, de antecedentes que permitan sostener una imputación contra personas determinadas, sin perjuicio de otras informaciones que puedan surgir.
Familia califica todo el proceso como "doloroso"
El caso generó cuestionamientos a la fundación y familia del expresidente Salvador Allende, puesto que parte de los antecedentes investigativos señalaron que se exploró la posibilidad de que el Estado entregue en comodato el inmueble a la organización para administrarla, además de una solicitud para subir su valor de venta en $100 millones adicionales, lo cual se concretó.
Luego que se conociera la determinación de la fiscalía, Paula Vial, abogada de las imputadas, mediante una declaración pública expresó: "Sr. Cooper, y su equipo, confirmó que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de Casa Museo Salvador Allende. Esta decisión confirma lo que desde el primer minuto señalamos, mis representadas no cometieron ningún delito y como familia fueron expuestas injustamente cuestionando su honra".
Desde el entorno familiar de las investigadas señalaron, además, que "este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende".
Las consecuencias de la fallida compraventa
La causa -cuyas pesquisas dirigió el fiscal regional Patricio Cooper- comenzó de oficio el 8 de enero pasado, y fue impulsada por la inhabilidad constitucional y la presentación de una querella posterior por parte del abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara.
El caso, además de la persecución penal, generó otro tipo de tensiones: la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, fue destituida por el Tribunal Constitucional (TC) en abril por una votación de ocho votos contra dos. Por su parte, la exministra y nieta del otrora jefe de Estado renunció a inicios de marzo, en medio de presiones por un libelo acusatorio que se preparaba en el Congreso para sacarla de su cargo en el contexto del caso.
No obstante, no fueron las únicas "caídas". De igual manera, debió dejar su cargo la entonces ministra Marcela Sandoval, a quien el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia como titular de Bienes Nacionales, cartera que llevó adelante el proceso de compra luego de que se exploraran una serie de alternativas, sin embargo, se pasó por alto la inhabilidad constitucional. Mientras que otros funcionarios salieron de sus cargos, como Leonardo Moreno, responsable del seguimiento de compromisos presidenciales, y Bernardita Nazar, abogada sectorialista de Culturas, ambos de Presidencia. Además, la renuncia de las ministras provocó una ola de desvinculaciones en sus carteras debido a que estaban ligados a cargos de confianza, como es el caso de los jefes de gabinete, entre otros.
"Hay un abuso de la facultad del fiscal", advierte querellante
Consultado respecto de la decisión de no perseverar, Palamara, querellante del caso, aseguró que "me opondré y pondré los antecedentes a la decisión del fiscal nacional, para saber si está de acuerdo con el fiscal de Coquimbo o si con los antecedentes que hay designa un nuevo fiscal".
A juicio del abogado, "lamentablemente, aquí hay un abuso de esta facultad del fiscal, y como querellante dependo de este para continuar la causa, ya que la ley limita las facultades del querellante, no puedo acusar mientras no esté formalizado y el único que tiene dicha prerrogativa es el fiscal".
En ese sentido, Palamara interpreta que "lo que está haciendo el fiscal es dejar impune a la exsenadora y a la exministra, atándonos de manos como querellantes,".
Cuestiona, asimismo, la decisión de no perseverar "como si no fuera suficiente que contrataron un abogado especialmente para que negociara la compraventa de la casa, quien presionó un sobreprecio de más de 100 millones, adicionales a los 800 millones que la familia originalmente había solicitado; que utilizó la exsenadora a su gabinete del Congreso Nacional para presionar esta compraventa que era de carácter personal; que presionó hasta al portero del ministerio, según nos pudimos enterar; que el mismo actuar ya lo había hecho cuando compró el Palacio Heiremans con obras de arte que hasta la fecha no ha entregado". En ese sentido, Palamara concluye que "hay antecedentes graves que dan cuenta de un fiscal que no está actuando con la objetividad deseada, pesándole más los poderes fácticos que los jurídicos".
Sierra BellaEn mayo, el fiscal Cooper también comunicó que no perseveraría en la causa contra la exalcaldesa Irací Hassler.