Gobierno trasladó al FA que ya se apronta para un proceso largo en tribunales extranjeros contra Cardama

El calificativo más repetido fuera de micrófonos en el gobierno de Yamandú Orsi a la hora de adjetivar a la empresa británica que ofreció la garantía de fiel cumplimiento al astillero Cardama es "trucha". Con las cámaras encendidas las formas se cuidan un poco más, pero el contenido se mantiene: tanto el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, como el prosecretario Jorge Díaz hablan de que Eurocommerce LTD es una empresa "falsa" o "de papel", y que ofreció un aval que el gobierno uruguayo nunca podía haber aceptado.

Ambos jerarcas de Presidencia fueron los encargados de trasladar ayer de tarde a varios senadores y diputados del Frente Amplio los detalles y la fundamentos detrás de la decisión del presidente Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama para la construcción y entrega de dos buques OPV por un monto estimado en unos ? 82 millones.

La reunión -en la que también participaron el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse- fue convocada a los efectos de ahondar en este caso y conocer qué panorama se le abre ahora al gobierno, enfocado en desplegar una estrategia judicial que, como fue anunciado ya, tendrá varios frentes.

En Uruguay, por lo pronto, habrá dos batallas: una en la Fiscalía, por el fraude o estafa que el Estado entiende que se cometió cuando Cardama presentó a fines del año pasado una garantía por parte de una empresa que no tenía correctamente fijado el domicilio, que no contaba con funcionarios entre 2023 y 2024 y que -como detalló Díaz a los legisladores de la coalición de izquierda- se encontraba en proceso de disolución y liquidación, y con balances financieros que indicaban que prácticamente no tenía actividad.

Todo lo cual, a ojos del gobierno, fue pasado por alto por la administración de Luis Lacalle Pou, que pese a contar con observaciones de un informe jurídico del estudio Delpiazzo -que indicaba, además, que el documento presentado por Eurocommerce no estaba apostillado y no contaba con certificación de firma ni estaba traducido del inglés-, en noviembre de 2024 se decidió aceptar de todas maneras esa garantía, luego de 11 meses de intentos fallidos, y por el plazo de un año -cuando el acuerdo en el contrato era que fuera por 42 meses, de tal manera que cubriera el plazo de entrega de ambas embarcaciones, y seis meses extra.

Pero en Uruguay, además, se iniciará una demanda civil para que el Estado pueda resarcirse por el daño.

Todo esto sin tomar en cuenta las acciones legales que se iniciarán tanto en territorio británico como español, en donde el gobierno está confiado en demostrar que fue perjudicado, y en intentar recuperar los cerca de US$ 30 millones que ya ha pagado en tres transferencias a Cardama, que de acuerdo a las palabras que el dueño, Mario Cardama, vertió en varios medios nacionales en las últimas horas, ya ha construido el 60% de los componentes de acero del primer buque, y por tanto buscará la manera de que el contrato no se interrumpa y continuar con el negocio.

Desde el Partido Nacional, cuyos principales referentes han salido en defensa de la gestión llevada adelante, primero por Javier García al frente del Ministerio de Defensa, y luego por Armando Castaingdebat -cuando el primero renunció a la cartera para involucrarse en la campaña electoral en el último año del período pasado-, los argumentos apuntaron al "perjuicio" ya producido en los pagos efectuados, como dijo el presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado, y en la posibilidad de sufrir represalias de tribunales internacionales, como sostuvo García en un tuit que fue reposteado por Lacalle Pou -que hizo lo mismo con otro de Pablo Mieres, quien también salió en defensa de la administración nacionalista y llamó "cortina de humo" a las decisiones tomadas por Orsi.

El convencimiento en la Torre Ejecutiva es que Uruguay tiene todo a favor para ganar las demandas internacionales que presente y que será Cardama y Eurocommerce quienes "tendrán que defenderse", dijo a El País una fuente de Presidencia, que acotó: "Nos quisieron estafar. No se puede presentar una garantía trucha".

En la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo, Díaz trasladó este mismo posicionamiento, y anunció a los legisladores que el gobierno ya se prepara para un "proceso largo", como suelen ser los juicios en tribunales extranjeros, señalaron por su parte fuentes parlamentarias.

Cuáles son las consecuencias inmediatas en el contrato, y qué se puede hacer con lo que Cardama ya construyó es parte de lo que el gobierno también se encuentra "analizando" por estas horas, según supo El País.

"Es un bochorno como país esto que pasó", valoró el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir, uno de los participantes de la reunión. "El objetivo ahora es intentar recuperar la plata. Perdimos de un saque unos US$ 30 millones, y acabamos de cerrar un debate por el Presupuesto donde nos peleamos por US$ 140 millones", lamentó el presidente de la Cámara de Representantes, quien agregó que la determinación tomada por el gobierno "no quiere decir" desconocer la necesidad de la Armada Nacional de renovar su flota. "Ahora tenemos que barajar y dar de nuevo", dijo el dirigente del MPP.

"Esto se veía venir", dijo diputado de Cabildo Abierto

"Yo lo venía diciendo, esto se veía venir", dijo de Cabildo Abierto Álvaro Perrone ayer jueves, al ser consultado por El País sobre la rescisión del contrato con Cardama.

"De las lanchas solo tenemos algunas imágenes, fotos de un esqueleto de hierro y nos llamó la atención la llegada del dueño de Cardama cuando vino el presidente español Pedro Sánchez al Uruguay. Nos enteramos de que había venido el dueño de la empresa a pedir el adelanto de un pago. Había todo un preámbulo que hacía que esto no saliera bien", expresó Perrone, cuyo partido integró el gobierno en el período pasado, representado en el Ministerio de Defensa por el subsecretario Rivera Elgue.

"El gobierno anterior debería haber tomado los recaudos en su momento, hubo negligencia; ya cuando no podía presentar las garantías debería haber caído el proceso", de selección reclamó el diputado cabildante.