Impuestos a transferencias, un retroceso a inclusión financiera

No han pasado más de dos días desde que se conoció el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las operaciones electrónicas y ya se abrió un intenso debate entre economistas, expertos tributarios y representantes del sector digital. Aunque la cartera insiste en que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una equiparación normativa con las transacciones hechas con tarjetas débito y crédito, para muchos la medida se convertiría en un freno a la inclusión financiera y al desarrollo de los pagos digitales en Colombia. La intención del Gobierno es nivelar el tratamiento fiscal entre diferentes mecanismos de pago, de modo que las operaciones realizadas a través de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, y las billeteras digitales, reciban el mismo tratamiento que las tarjetas y según Hacienda, el cambio busca "igualdad de condiciones tributarias" entre los canales y fortalecer el control sobre los ingresos sujetos a impuesto de renta. Fuentes coinciden en que, aunque el espíritu técnico del decreto sea coherente, su efecto práctico es negativo para la economía digital y la formalización que el país ha intentado consolidar en la última década. Para Camilo Herrera, cofundador de la firma de análisis Raddar, el problema no es solo técnico, sino de confianza y en su concepto, gravar las transacciones digitales es un error que puede replicar los efectos del 4X1.000, un impuesto que en su momento generó evasión y redujo el uso del sistema financiero formal. "Bre-B apenas está naciendo, es una herramienta que necesita ganarse la confianza del usuario. Si se introduce una retención de inmediato, lo que se logra es romper toda la idea detrás de su creación", explicó. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que la propuesta envía una señal contraria al objetivo de inclusión financiera y sería mucho más nociva en las cuentas que algunos impuestos a las transacciones financieras que hay. "Gravar transacciones digitales con una retención del 15 por 1.000 va en contravía de la formalización y de la digitalización de la economía", afirmó. Lorena Gutiérrez, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, dice que más allá de la discusión tributaria, el verdadero impacto se sentirá en la caja de los pequeños negocios. "Para un tendero o comerciante que vive del flujo diario, la diferencia es tangible porque cada vez que recibe un pago digital, recibirá menos dinero", señaló. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo que el decreto refleja una visión fiscal cortoplacista, más enfocada en el recaudo que en la competitividad del país. "Desde hace más de 20 años, las tarjetas de crédito y débito tienen retefuente. Pero en lugar de revisar si esas cargas siguen siendo adecuadas, el Gobierno busca extenderlas al resto de medios digitales. Vemos una mirada fiscal del siglo XX aplicada a una economía digital del XXI", dijo. Asobancaria manifiestó que la medida, que en principio busca nivelar la cancha de los pagos, olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio de transacción. Esto elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales y tendría una afectación importante sobre Bre-B.