¿Rompiendo la tubería?

Julián López Murcia
Desde el inicio de su período, el gobierno nacional ha buscado modificar el régimen de servicios públicos domiciliarios. En varias ocasiones anunció un proyecto para reformar la Ley 142 de 1994, pero a pocos meses de terminar su mandato aún no lo ha radicado en el Congreso. Ante esta situación, ha intentado lograr cambios drásticos mediante decretos y resoluciones. Un caso reciente ilustra esta estrategia. A través de un decreto, el gobierno intentó quitarle a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la función de regular las tarifas de energía. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente esta medida por una razón: según la Constitución, esa función fue delegada por el Congreso, no por el Presidente. La Corte Constitucional ratificó esta interpretación y reconoció el vínculo entre la independencia de la Creg y el avance en la garantía de derechos sociales relacionados con energía y gas. Ahora surge una nueva propuesta en la misma línea. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Cra) publicó un proyecto de marco tarifario para acueducto y alcantarillado que busca reducir tarifas sin considerar plenamente las normas constitucionales y legales sobre reconocimiento de costos de una prestación eficiente. El agravante adicional: sería expedido en pleno período electoral en 2026. El proyecto genera inquietudes muy serias. Según la Cepal, para lograr cobertura universal en zonas urbanas, Colombia necesitaría una inversión promedio anual del 0,52% del PIB durante 10 años. Conforme al modelo de la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994, buena parte de estos recursos podría provenir del sector privado —con mayor razón en la actual crisis fiscal—. Sin embargo, el proyecto reconoce un retorno de la inversión de apenas 9% para las empresas más grandes. Con ese retorno, difícilmente un inversionista apostaría por estos proyectos. Las consecuencias de esta propuesta podrían ser graves. No solo se espantaría la inversión privada, sino que se deteriorarían seriamente las finanzas de las empresas de capital público y mixto que prestan estos servicios en todo el país. Lo más grave es que una reducción tarifaria sin sostenibilidad financiera podría, paradójicamente, perjudicar a los más vulnerables en el mediano y largo plazo, cuando la falta de inversión deteriore la cobertura, continuidad y calidad de estos servicios esenciales. La historia reciente de Colombia ofrece una lección importante. El respeto por las normas sobre reconocimiento de costos de prestación eficiente permitió avanzar casi 30 puntos en cobertura. Sería lamentable pasar de ser el paradigma del país que logró avances históricos en servicios públicos gracias a una regulación de calidad, a unirnos a la lista de naciones donde la visión de corto plazo castiga a quienes tienen menores ingresos. Más allá de este proyecto específico, convendría reforzar nuestro andamiaje institucional para blindar mejor las decisiones tarifarias frente a las dinámicas electorales. Un desafío que trasciende la actual administración y debería ser prioritario para el país.
PhD (Oxford) y Director de Nalanda Analytica