Carlos Chacón: El modus operandi del crimen organizado es intentar someter a la Justicia por corrupción o miedo

Es de nacionalidad colombiana, abogado, magíster en Seguridad y Defensa, y en Asuntos Políticos Internacionales. Formó parte de múltiples organizaciones y centros de pensamiento, desempeñándose durante 15 años en el Parlamento Andino. Desde 2022 es el Director Ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

El próximo martes participará en un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), en el que también expondrán el ministro del interior, Carlos Negro, y especialistas internacionales.


-¿Qué falta en América Latina para ver cambios reales en el combate al crimen organizado?

-Lo primero es reconocer la naturaleza de las amenazas. Lo segundo es invertir en capacidades de Inteligencia o despliegue rápido que permitan enfrentar esas amenazas y a las estructuras criminales que forman parte de ellas. No todo tiene que ser necesariamente uso de la fuerza. En muchos casos se trata de intervenciones para entender cómo esas estructuras empiezan a integrarse con las comunidades donde no hay presencia efectiva del Estado, o para prevenir el reclutamiento de menores de edad. La falta de una visión integral sobre el crimen organizado hace que no se logre entenderlo.

-¿En qué posición está Uruguay con respecto a la región?

-Hay países como Uruguay, que tienen mejores condiciones con respecto al Estado de derecho y de funcionamiento de la justicia. Eso, de alguna manera, ayuda en comparación con otros países más débiles en ese sentido, como Ecuador, Perú o Venezuela. Pero sin lugar a dudas el crecimiento y la expansión del crimen organizado lleva a que se desplacen sus dinámicas a otros países y Uruguay no está exento de ello.

-¿Qué efecto directo tienen los mercados ilegales sobre la economía de un país?

-Las economías ilegales tienden a mezclarse con las legales. Sus recursos se utilizan para impulsar empresas legales que laven activos, haciendo competencia desleal. Se da una pérdida de confianza porque en el escenario de los negocios, una economía permeada por el narcotráfico termina siendo una economía que recibe sanciones. Al final del día, también los negocios terminan viéndose impactados por los niveles de violencia, lo que provoca que se ponga en riesgo la inversión, la confianza inversionista, la estabilidad.

-¿Cómo se puede combatir el lavado de activos?

-Cuando uno reconoce que el crimen organizado es un problema de redes criminales que funcionan como sistemas adaptativos complejos, puede identificar dónde están los nodos críticos para atacar. ¿Cuál es la logística que están utilizando los grupos criminales para sus actividades? ¿Son los puertos?¿Las estaciones de gasolina? ¿Los bares? Cuando el Estado identifica la logística y la interviene rápidamente, les quita condiciones para que recluten a más miembros.

-¿Se puede evitar que el crimen organizado se infiltre en el Estado?

-Sí, claro, es evitable en la medida en que haya altos niveles de transparencia, bajos incentivos para la corrupción y sobre todo un actuar muy rápido de la Justicia para sancionar las conductas que abran la puerta a la corrupción.

-¿Qué síntomas se vieron en Colombia que ahora podrían verse en Uruguay?

-Los grupos criminales empezaron a tomar el control territorial. Controlaban barrios, donde ejercían el poder de facto. Sometían a las comunidades al pago de extorsiones, imponían horarios, fronteras invisibles. Empezaron a ejercer una serie de prácticas de control de la sociedad haciendo uso de la violencia. Los grupos empiezan a ejercer control ante la ausencia del Estado y ahí convergen distintas actividades criminales, como la distribución de drogas, la extorsión, prostitución y así controlan las economías subterráneas. Esos grupos terminan articulándose con otros más grandes y con un poder militar mayor. En muchos lugares, lo que la gente termina haciendo es aceptando el poder de facto bajo el argumento de que una estructura criminal los protege de las otras.

-¿Qué le parecen las posturas más flexibles con el narcotráfico?

-No se puede dejar operar a los grupos criminales. Hoy capaz que uno controla el microtráfico en una ciudad y no ejerce la violencia, pero en el momento en que otra estructura vea una oportunidad de negocio y quiera disputarle su cuadra, lo primero que va a hacer es usar la violencia. Si algún ciudadano se atreve a denunciar también termina siendo objeto de la violencia. Es importante definir marcos jurídicos fuertes que protejan a la fuerza pública y desarrollar, por ejemplo, fuerzas intermedias que se dediquen específicamente al combate del crimen organizado.

-Recientemente hubo un atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. ¿Cómo escalaron este tipo de situaciones y atentados a las autoridades en Colombia?

-Es el modus operandi de las estructuras criminales. Cuando no pueden someter a la Justicia vía corrupción, lo hacen por el miedo. En la época de Pablo Escobar teníamos jueces y fiscales sin rostro, pero eso vulneraba el debido proceso y el derecho a la defensa. Lo que se ha hecho es reforzar la seguridad de los jueces y fiscales. Son personas que corren un riesgo muy alto.

-Los grupos reclutan menores de edad para hacer el "trabajo sucio". ¿Cómo se puede combatir?

-En Colombia tenemos el mismo problema. El sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial, era menor de edad. El problema es que la legislación no está permitiendo que se responda a la forma en que los grupos criminales instrumentalizan a los menores. Si se tiene un criterio de que únicamente la edad demuestra la madurez psicológica, es muy complicado.

-¿Hacia dónde va la región?

-Se está empezando a reconocer el impacto que tiene el crimen organizado transnacional en todos los aspectos de la vida democrática de los países. Estados Unidos ha cambiado su doctrina, reconociendo que su propia seguridad también pasa por lo que ocurra en este hemisferio. Eso es una muy buena noticia, porque implica que se abren las posibilidades de cooperación