¡Flor de ensayo de litigio estratégico!

Empiezan a correr las semanas desde que el 22 de octubre asistimos a la genialidad gubernativa de rescindir un contrato por conferencia de prensa del Presidente Orsi con sus secretarios, con silencio de la Ministra competente, sin cuya cooperación no hay Poder Ejecutivo.

Hace diez días se presentó la voceada denuncia penal por las irregularidades constatadas en el aval: la empresa fiadora inglesa resultó insolvente y está en liquidación; el escribano español que apareció certificando, afirmó que le falsificaron la firma. No son pavadas.

Singularmente, no se conoce el texto de la denuncia, que si se basa en hechos objetivos no debe ocultarse a la ciudadanía. En cambio, salió a la luz que ni siquiera siendo denunciante el Presidente, ni siquiera entregando el escrito en la sede central de la Fiscalía y ni siquiera poniéndolo en manos de la Fiscal de Corte Mónica Ferrero, la denuncia logró movimiento. En un par de días se excusó Sandra Fleitas y en seguida el caso recayó en Alejandro Machado, de quien, gracias a El País, se supo que "acumula unos 1.900 casos en trámite -los que figuran en su bandeja de entrada-, de los cuales 150 están en fase de investigación".

La cifra conmueve pero no sorprende. Todos sabemos que en las Fiscalías penales hay atrasos siderales y las denuncias duermen el sueño de lo injusto. Todo el foro debería estremecerse ante ese escándalo, no por apetitos penales de agilidad y cobro rápido sino por conciencia jurídica a secas. Pero el foro no clama ni reclama. Lo acepta silbando bajito, espejo de la atonía ciudadana en que subsistimos sumidos.

Que a esa Fiscalía atiborrada el Gobierno le encargue indagar si al tiempo de firmarse el aval la empresa era solvente o no -que ese parece ser el meollo del asunto-, nos mete de cabeza en una telenovela a resolverse en el día del arquero.

Del pleito civil, que sepamos no se ha pedido hasta ahora ni siquiera la conciliación, obligatoria según el art. 255 de la Constitución y mandatada al Estado por el art. 294 del CGP.

En síntesis: todo indica que se eligió una estrategia de largo -y mal- aliento, en vez de retener los pagos hasta que se subsanara el aval, denunciando penalmente las irregularidades pero sin entreverarlas con una rescisión más que vidriosa.

Todo esto ocurre mientras en el Presupuesto se crea una Secretaría de Litigio Estratégico, que aparece como una superfetación más de la Presidencia.

En verdad, la expresión "litigio estratégico" no cuadra del todo con un concepto puro del Derecho. Proviene del arte de la guerra. Se engarza con los enfoques de quienes ven al Derecho como mera batalla de intereses, sin principios generales y sin devoción por el ideal de justicia. No congenia con la imperatividad del Estado de Derecho, que no debe prestarse a dudas ni a transas coyunturales y debe tener como meta y como método -y por tanto, como estrategia- tan sólo el Derecho mismo.

En un Estado que, con todos los gobiernos, ha chicaneado y pateado para adelante y ha perdido muchos pleitos por incurrir en ilegalidad, este ejemplo vívido de lo que los creadores de la inminente Secretaría entienden por litigio estratégico sirve para que vayamos poniendo las barbas en remojo.

Y para que el Presidente y el partido de gobierno aprendan a mirar la piscina entera antes de zambullirse.