¿Política partidaria o técnica?: fallo por Danza pone en tela de juicio la función de la Jutep

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se convirtió este jueves en el centro de la disputa política entre el gobierno, el Frente Amplio y los partidos de la oposición luego de conocerse el fallo del organismo favorable al presidente de ASSE, Álvaro Danza.

La Jutep concluyó por mayoría de dos votos en tres que no existía "incompatibilidad" entre el ejercicio del jerarca en su cargo en la administración pública y su desempeño como docente y médico en mutualistas privadas, a las que el profesional igualmente terminó renunciando como le reclamaban desde hace meses los partidos tradicionales y el Partido Independiente.

Pero más allá del dictamen final, la resolución no solo despertó un sinfín de expresiones de condena de parte de blancos, colorados e independientes (mientras el oficialismo destacaba que se habían laudado los cuestionamientos), sino que también abrió un debate más estructural sobre el rol que viene jugando el servicio descentralizado en los últimos años.

¿Es realmente la Jutep un organismo que actúa con independencia técnica dada la composición de su directorio? ¿Hasta qué punto las decisiones que toma logran un equilibrio entre la ética pública y la conveniencia política partidaria?

Hablar de la lucha contra la corrupción y prometer el fortalecimiento de la Jutep durante la campaña electoral genera consenso en todo el sistema político. Sin embargo, aunque el tema ocupa un lugar central durante el período electoral, esa prioridad suele diluirse cuando asume cada nuevo gobierno: la asignación de escasos recursos y la designación de cuadros con filiación partidaria en el organismo encargado de velar por la transparencia y la ética pública terminan siendo cuestionado por uno los dos grandes bloques del sistema político.

La polarización que generó el caso Danza volvió a dejar en evidencia las falencias institucionales del organismo, derivadas de su propia estructura, con dos directores designados por el oficialismo la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti y uno por la oposición, el nacionalista Luis Calabria.

En diálogo con El País, el expresidente de la Jutep y uno de los referentes en este temática, Ricardo Gil Iribarne, sostuvo que la deriva que tomó la discusión político-partidaria sobre este último tema puntual pero también en otros tiene su origen en haber "partidizado" el organismo.

"Si ponés cuotas pasa esto. Se desprestigia a la Jutep, más de lo que estaba, y a todo el sistema político. El problema es la desconfianza que genera en la ciudadanía", reflexionó.

El contador público, crítico del papel pasivo que tuvo la institución en el período anterior, sostuvo que todo el sistema político es responsable de haber conformado la Jutep mediante la "cuotificación" partidaria.

Para corroborar esta debilidad de base del organismo, basta remontarse a setiembre de 2021, cuando Jorge Castro (perteneciente al Partido Comunista del Uruguay al igual que Ferraris) debió renunciar a su cargo en el directorio de la Jutep por haber firmado un dictamen que concluía que hubo apartamiento de las normas éticas de la función pública durante el proceso de construcción del Antel Arena.

"Durante el período anterior los únicos fallos que salieron fueron sobre el Antel Arena y Gas Sayago, todos vinculados al gobierno anterior (2015-2020). El tema al hacer la designación no es que no sean de un partido político, sino cómo te comportas desde el rol que te tocar tener. Hay gente buena en todos los partidos para ocupar los cargos, que son buenos técnicos y no tienen un vínculo tan orgánico con los partidos a los que afilian. Pero las decisiones en general que se han tomado desde el sistema político responden a la estrategia de 'qué bueno que existe la Jutep, pero que no joda mucho'", opinó.


Otros exjerarcas coincidieron en señalar que la Jutep ya se vio debilitada a raíz de los nombramientos definidos al inicio del período pasado, y que el Frente Amplio terminó de profundizar ese deterioro al retirar a Castro. Para los consultados por El País, lo ocurrido con Danza va en la misma línea: el organismo pierde credibilidad cuando se instala la percepción de que quien esté en el gobierno siempre tendrá garantizada una mayoría de dos votos contra uno, sin importar sea el Partido Nacional o el Frente Amplio, valoraron.

Misma lógica

Por su parte, la actual presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, reconoció que el debate sobre la repartición partidaria del organismo no había estado sobre la mesa hasta que se convirtió en un servicio descentralizado (en 2015) en el que hubo que nombrar a tres miembros en el directorio.

"Se siguió la misma lógica que se sigue en los demás organismos públicos. Desde el momento que son designaciones que requieren venias entra a jugar el sistema político. La clave pasa por cómo cada uno se maneje en las distintas situaciones. La Jutep es un organismo técnico-político. Pero político no en el sentido partidario, sino de lo púbico", defendió Ferraris, en línea con lo expresado por Gil Iribarne y con otro integrante del directorio consultado por El País que prefirió no ser nombrado, quien sostuvo que la verdadera prueba de fuego se da cuando se debe evaluar la conducta de un "compañero".

Tras el caso Danza, esta situación se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición, que acusó al oficialismo de actuar con "falta ética", de ejercer un "gobierno totalitario", de protagonizar un "acto militante" y de incurrir en una "gravedad institucional".

Para Ferraris, la débil imagen de la Jutep se arrastra, más allá del episodio Danza, desde antes. En gran parte, sostuvo, debido a que por la falta de recursos humanos la institución no puede cumplir con sus obligaciones legales en referencia a la apertura de las declaraciones juradas (solo de ministros, legisladores y jerarcas de primera línea de empresas públicas y otros entes suman unas 600), "se amontan y demora el tratamiento de denuncias y toda una serie de dificultades que justamente se quieren revertir para que la sociedad tenga una buena percepción de la Jutep".

Actualmente, informó Ferraris a El País, el organismo cuenta con 12 funcionarios y mantiene 10 vacantes sin cubrir desde hace varios años. Entre esos puestos a llenar hay cargos administrativos, pero especialmente técnicos, en particular el de contador público (la Jutep no cuenta con ninguno en su plantilla).

Recientemente se incorporó una economista y licenciada en administración, y se aspira a sumar a un cientista social para comenzar a trabajar en el área de estadística y crear una unidad de análisis que permita sistematizar información, explicó la jerarca.

Por su parte, la predecesora de Ferraris, Gabriela Di Longo, defendió que todos los "organismos de control tienen que ser pura y exclusivamente técnicos". Además, la exjerarca defendió su gestión (que fue de febrero de 2023 a junio de este año) y recordó como hitos que se elevó a Fiscalía denuncia por posibles irregularidades del exintendente de Florida Guillermo López o que se declaró omiso a Juan Sartori (ambos dirigentes del Partido Nacional) por no presentar la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva.

"Se está criticando que la Jutep siempre fue política, pero no se puede generalizar. Hay que recordar en la época de Gil Iribarne se elaboró el informe en contra del exvicepresidente Raúl Sendic, de su propio partido. Nosotros mandamos a un intendente a Fiscalía y declaramos a un senador omiso del partido del presidente de ese momento. Esas resoluciones fueron las votó el director blanco designado por el Partido Nacional Guillermo Ortiz. En todos los organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas o la propia Jutep, los cargos deberían ser técnicos, pero en la realidad no ocurre así: los ocupan personas designadas por los partidos, que deberían tener perfil técnico y no militante", apuntó Di Longo.

Finalmente, Ferraris sentenció: "Las personas pasamos. El peor daño que se le puede hacer a una institución es el desprestigio".