Desafíos posajuste: solvencia fiscal, empleo y crecimiento tendencial

La economía chilena ha logrado corregir gran parte de los desequilibrios macroeconómicos y del alza de la inflación que surgieron en el período 2020-2021. Específicamente, la inflación general y la subyacente alcanzaron 3,4% anual en octubre, acercándose a la meta. El descenso desde los máximos de 2022 refleja los efectos del ajuste monetario y fiscal de 2022-2023 y de la mejora en las cadenas de suministro. En paralelo, el déficit de cuenta corriente se ha normalizado y el PIB se ubica en torno a su nivel potencial. Frente a este escenario, el Banco Central optó en su reunión de octubre por mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,75%, un nivel cercano a su valor neutral, a la espera de señales más claras que confirmen la convergencia de la inflación hacia la meta.
Si el frente monetario muestra avances, el frente fiscal es motivo de creciente preocupación. Chile ha registrado déficits estructurales en 16 de los últimos 18 años, con un promedio de 2% del PIB, y este año volverá a incumplirse la meta de balance estructural por tercer año consecutivo. Como consecuencia, la credibilidad de la regla fiscal se ha debilitado y la deuda pública bruta, que era de 4% del PIB en 2007, cerrará este año en torno al 43%. Esto ocurre a pesar del uso del Fondo de Estabilización. Aunque este nivel sigue siendo bajo en comparación con otros emergentes -y muy por debajo del promedio de las economías avanzadas-, la velocidad de su aumento preocupa: si no se controla, terminará por erosionar la confianza en la sostenibilidad fiscal, repercutiendo en las tasas de interés de la deuda pública y privada, con efectos en la inversión y el crecimiento. Otra preocupación es la composición del gasto público, donde la incapacidad de controlar la expansión del gasto corriente ha terminado por limitar la expansión de la inversión pública tanto la que contribuye a aumentos de la productividad como la que permite enfrentar las demandas sociales.
El proyecto de presupuesto 2026, actualmente en discusión, contempla una meta de déficit fiscal estructural del 1,1% del PIB, un objetivo valioso, pero exigente. Sin embargo, se apoya en supuestos de ingresos difíciles de alcanzar, como ha ocurrido en años recientes. Si el gasto se ejecuta plenamente, la meta de balance fiscal nuevamente no se cumplirá y la presión sobre la deuda seguirá aumentando, profundizando la pérdida de credibilidad en el manejo fiscal, uno de los mayores activos de la política económica chilena en las últimas décadas.
Así, la consolidación fiscal requerirá un esfuerzo sostenido de contención del gasto y de modernización del Estado, considerando que gran parte del presupuesto está rigidizado por compromisos legales y obligaciones permanentes. Esto refuerza la necesidad de una reforma del propio Estado que simplifique su estructura y permita reasignar recursos hacia prioridades sociales como seguridad, salud, empleo y educación. Sin una reforma profunda de la gestión pública y un compromiso político transversal, la sostenibilidad fiscal seguirá debilitándose.
El bajo crecimiento y el débil mercado laboral son también materia de preocupación. Pese a la estabilización de los principales equilibrios macroeconómicos, la actividad mantiene un bajo dinamismo. El PIB se ha desacelerado este año: creció a una tasa anualizada de 3,4% en el primer trimestre, 1,4% en el segundo y se estima en 0,5% en el tercero. Aunque la economía opera cerca de su nivel potencial, su capacidad de expansión sigue limitada por un crecimiento tendencial bajo, que el Banco Central estima en 1,8% promedio anual para el período 2025-2034.
Por un lado, elevar el crecimiento tendencial requiere abordar las causas estructurales del estancamiento. Es necesario levantar los obstáculos a la inversión, promover el ahorro nacional, mejorar el capital humano y crear condiciones más favorables para la innovación y los aumentos de la productividad. En materia de inversión, hay cada vez más conciencia de la necesidad de reducir la permisología ambiental y patrimonial, controlar la seguridad interna y fortalecer el Estado de derecho.
El mercado laboral, por otro lado, muestra una débil creación de empleo y una tasa de desempleo de 8,5%, todavía muy por encima de su promedio de la década pasada. Las empresas enfrentan mayores costos laborales por la reducción de la jornada a 40 horas y el aumento real del salario mínimo, lo que, junto con el bajo crecimiento, ha ralentizado la creación de empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y con salarios cercanos al mínimo. Políticas laborales bien intencionadas pueden tener efectos contraproducentes si no se acompañan de un entorno más favorable a la inversión y la productividad.
A estas dificultades internas se suma un entorno internacional complejo, aunque con señales positivas. Las exportaciones mantienen un importante dinamismo y los términos de intercambio han mejorado gracias al alza del precio del cobre y la caída en el precio del petróleo. Sin embargo, el menor crecimiento mundial y las tensiones comerciales podrían afectar las exportaciones, especialmente las no relacionadas con el cobre. La respuesta adecuada pasa por fortalecer la resiliencia de la economía mediante nuevos acuerdos comerciales que diversifiquen los mercados para nuestras exportaciones y reformas internas que eliminen las trabas a las exportaciones y favorezcan un mayor crecimiento tendencial.
Chile ha demostrado disciplina al reconstruir sus equilibrios macroeconómicos, pero ahora necesita visión y acuerdos para recuperar el crecimiento. El próximo gobierno deberá asumir como prioridades simultáneas fortalecer la solvencia fiscal, promover el empleo y elevar el crecimiento tendencial. No hay atajos: el progreso sostenible requiere reglas claras, instituciones sólidas y una política económica centrada en la productividad, la inversión y el trabajo.
" El próximo gobierno deberá asumir como prioridades simultáneas fortalecer la solvencia fiscal, promover el empleo y elevar el crecimiento"