Los indultos son inconstitucionales

No prescribe la indignación nacional por el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace cuarenta años. Mi indignación personal es mayor al recordar que el 6 de noviembre de 1986, en las horas de la mañana, mientras hablaba telefónicamente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, maestro Alfonso Reyes Echandía, sobre los siguientes pasos de un programa que promovía la Cámara de Comercio de Bogotá para sistematizar los juzgados, luego de hacerlo en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, el presidente de la Corte me informó que se oían unos ruidos extraños cerca de su despacho. Me dejó al teléfono mientras confirmaba qué ocurría y al regresar simplemente me dijo: "Pasa algo muy raro. Lo llamo luego". Volví a oír su voz, por última vez, cuando le solicitaba al presidente de la República que cesara el fuego. La toma del Palacio de Justicia fue preparada y ejecutada por el M-19, que se consagró como un grupo terrorista. Se cobró la vida de un centenar de personas, entre ellas once magistrados. La Corte Suprema quedó diezmada. Aun así, como quedó de manifiesto en el seminario organizado esta semana por el Externado y EL TIEMPO, la investigación de lo sucedido y la responsabilidad de sus autores y determinadores siguen en veremos, a pesar de que durante todos estos lustros las víctimas han reclamado vehementemente verdad, justicia y reparación. Por un sesgo impropio, la justicia se concentró en la responsabilidad de los agentes del Estado por la retoma del Palacio, lo que terminó protegiendo a los autores materiales y determinadores de este impúdico crimen. En el foro de esta semana, Ángela María Buitrago -quien fuera fiscal investigadora de las desapariciones del Palacio y, de paso, ministra de Justicia del gobierno presidido por el excomandante Aureliano- confesó que ella no indagó sobre los autores, ni sobre los nexos entre la guerrilla y Pablo Escobar. Aceptó que judicialmente nada de esto está probado, a pesar de estar claro en la historia de los hechos. Yesid Reyes probó, al igual que la Comisión de la Verdad, que previamente se retiró la vigilancia policial de la sede judicial y que un cliente suyo, que se sabe era Antonio Cebollero, le advirtió en la cárcel que, por información que corría entre los narcos extraditables de La Picota, ocurriría un operativo que afectaría la integridad de Reyes Echandía. Por si fuera poco, alias Popeye declaró una y mil veces que el cartel de Medellín financió la toma que llevó a cabo el M-19, dadas las relaciones entre Iván Marino Ospina y Pablo Escobar, como lo develó recientemente Alfonso Gómez Méndez. Entre tanto, el jefe del Estado ha dicho que la toma fue una obra "genial" de quien la concibió, que su grupo guerrillero no fue aliado de la mafia y, contra la verdad que pulula, afirma que Manuel Gaona no fue asesinado por el M-19 con un tiro de gracia. Ni siquiera pide perdón, como sí lo hicieron Antonio Navarro y Otty Patiño. Su narrativa es contestataria de lo que él denomina "historia oficial mentirosa". En su criterio -seguramente- los asesinos eran unos angelitos mesiánicos y fue el Estado el único responsable de lo acontecido. Las víctimas claman verdad. Tratándose de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Constitución y el derecho internacional no admiten indultos, ni su prescripción. Entonces, la justicia puede investigar y concluir en derecho. Para facilitar las cosas, la Ley 77 de 1989, que autorizó conceder indultos por el caso del Palacio, fue retirada recientemente de nuestro orden jurídico por el mismo Congreso de la República, "por contravención con el orden constitucional", según se lee en el artículo 3.º de la Ley 2085 de 2021. Más claro, imposible: esta ley, que se encuentra vigente, dicta que la normativa que sirvió para tales indultos es contraria a la carta política, y contra la Constitución nadie puede alegar derechos adquiridos. El camino está despejado, entonces, para que haya justicia y se cierren las heridas. Taponazo. Las próximas elecciones no serán entre izquierdas y derechas, sino entre democracia y autocracia.
La toma del Palacio de Justicia
Néstor Humberto Martínez Neira
El Congreso calificó recientemente la ley de indulto del M como inconstitucional. Es posible hacer justicia frente a estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Constitución no admite indultos, ni su prescripción.