Sueldos en el Congreso

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, está impulsando una propuesta que permita tanto establecer un límite salarial para los funcionarios del Congreso como ordenar y transparentar los criterios con que se definen sus remuneraciones. Ello, luego de los cuestionamientos surgidos tras revelar la prensa la existencia de más de 100 trabajadores del Poder Legislativo que recibirían verdaderos "supersueldos" que, en sus niveles más altos, llegan hasta los $19 millones. La propuesta pretende fijar lineamientos para quienes se desempeñen en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). Es una iniciativa que, sin perjuicio de la necesidad de revisar sus contenidos, apunta en la dirección correcta.
Se debe recordar que una reforma constitucional aprobada en 2020 buscó regular las remuneraciones de las altas autoridades. Para eso se creó una comisión encargada de fijar cada cuatro años los emolumentos que percibirán el Presidente, ministros, diputados y senadores. Así, a partir de marzo de 2026, el jefe de Estado pasará a recibir una remuneración de algo más de $10 millones. Con esa definición como criterio ordenador, se fijaron también los salarios de ministros y parlamentarios. Entre estos últimos, los presidentes de ambas cámaras recibirán una dieta de $8.451.000, en tanto que para el resto de los congresistas será de $7.641.000. El sistema pone fin a situaciones como que un subsecretario gane más que un ministro o un asesor más que su asesorado.
Los funcionarios del Congreso, sin embargo, no están afectos a esta regulación, sino a un sistema particular que ha sido cuestionado por su opacidad. La propuesta de Ossandón intenta hacerse cargo de ello, pero procurando no afectar la situación de los actuales trabajadores. Así, la aplicación del nuevo ordenamiento sería gradual, conforme se vaya produciendo la renovación del personal. En líneas generales, se definen como máxima remuneración los referidos $8.451.000, que se aplicarían a los jefes superiores de servicio, estableciéndose a continuación las escalas correspondientes. La idea es abrir una discusión, la que luego debería ser recogida por el Ejecutivo para presentarla como proyecto de ley.
Por cierto, las definiciones de remuneraciones en el Estado son un asunto delicado, pues deben equilibrarse los criterios de austeridad republicana con la necesidad de atraer talento y formación de excelencia. Lo que no puede ocurrir es que exista opacidad, acuerdos internos, beneficios únicos o asignaciones que escapan a cualquier parámetro de mercado. Cabe reconocer el esfuerzo que promueve el senador Ossandón, el cual debiera llevar no solo a establecer una escala de remuneraciones transparente, sino a determinar también la dotación adecuada para cumplir las funciones de apoyo a la labor legislativa.