Ya nadie la toma en serio

Pese a que el gobierno quiere dar el tema por cerrado, el escándalo en torno al médico Álvaro Danza y su cargo al frente de ASSE, no termina de cerrar.

El propio avance del episodio no hizo más que mostrar lo patético que era. En la medida que el director se aferraba a su cargo sin renunciar a los otros, en indiscutible violación del artículo 200 de la Constitución, fue degradando el tema y afectando el prestigio y la imagen de quienes lo defendían, entre ellos la ministra de Salud Pública y el propio presidente de la República.

Que Danza se haya aferrado a su cargo oficial, sin renunciar a ninguno de los otros, puede llevar a tres tipos de lecturas.

Por un lado, la de la eficacia. Nadie puede rendir como corresponde si tiene siete empleos. En más de uno no está cumpliendo bien. Es verdad que en su situación algunos eran de consulta y exigían menos dedicación. Otros en cambio lo obligaban a estar en más de un lugar a la misma vez. y cobrar sueldo por cada uno de ellos. Lo raro fue que algunas de las organizaciones privadas, al ver que no estaba cumpliendo como debía, no lo hayan despedido. A no ser (y por eso existe la disposición constitucional) que les sirviera contar con alguien que no cumplía pero que estaba en un puesto público de peso, que eventualmente le podría ser útil.

Esto automáticamente lleva al segundo punto y es el relacionado a su conducta. Si sabe que no está cumpliendo bien con ninguno, porque el tiempo no le da, y si sabe que hay una incompatibilidad legal, ¿por qué insistió? ¿Por qué comprometió a sus defensores a aceptar algo que no era correcto? Eso muestra que Danza tiene una seria dificultad para distinguir entre lo que está bien y lo que no lo está.

Por último, aparece la cuestión constitucional. Es tan claro lo que dice el artículo 200 que vale la pena preguntarse porque se perdió tanto tiempo en discutir algo tan evidente.

Es verdad que hay algunas disposiciones constitucionales que se prestan para diferentes interpretaciones y por lo tanto son los jueces y eventualmente la Suprema Corte quien dirime el pleito. No es el caso del artículo 200, texto inequívoco si lo hay. Se elaboraron varios informes técnicos que en forma explícita dijeron lo que era obvio.

Tanto expertos como gente que no era especializada se rendían ante la evidencia, pero no lo hizo la JUTEP. Encargada de vigilar casos de falta de transparencia, el organismo puso en evidencia que eso de la transparencia le importaba poco y sentenció que sí era compatible que Danza tuviera todos esos cargos más el oficial.

La decisión se logró porque los dos integrantes frentistas de la Jutep la hicieron posible. Lo absurdo es que poco después Danza anunció que renunciaba a esos cargos, dejando a sus correligionarios en falsa escuadra.

En definitiva, lo que quedó al desnudo es que la Jutep no sirve ni tiene autoridad moral para emitir opinión en estos temas porque siempre se alineará disciplinadamente con lo que diga su partido, no con lo que es correcto.

Algunos referentes del Partido Colorado, según lo informado en El País del domingo, están pensando en elaborar un proyecto de ley que le otorgue a la Suprema Corte la potestad de aclarar ese tipo de casos.

Según tituló el diario, sería para las situaciones en que se dan "debates políticos". Lo cual es cierto en un sentido muy general de la palabra, pero para entender en donde estamos parados es necesario precisar mejor los términos. Esto no es un debate político si lo acotamos a la típica discusión entre partidos. Es mucho más profundo.

Estamos hablando de conductas, o sea de ética. Estamos hablando de eficiencia, es decir si alguien con tal dispersión de tareas puede cumplir una sólida gestión en su cargo público. Y estamos hablando de si la Constitución, nada menos, se lo permite. Por cierto, en muchos casos de similar tenor, es la Corte quien tiene la última palabra para disponer si una ley o una medida gubernamental es o no constitucional. Esa es una de sus funciones. Por eso no resulta tan disparatado lo que estos legisladores colorados proponen.

Lo que quedó plenamente demostrado, es que en estos temas la Jutep perdió toda autoridad moral para pronunciarse. Y en este caso, la excusa de que es un organismo dotado de pocos recursos y escaso personal, no sirve. Lo único que necesitaba era que sus directivos actuaran con claridad y con principios.

Al no hacerlo, puso sobre la mesa lo que muchos pensaban: en estas condiciones lo mejor es disolver la Jutep. Ya nadie se la toma en serio.