El daño que provocan los altos impuestos y, en especial, sobre las rentas y el capital es muy importante, mucho más diseminadores de problemas para el desarrollo que el gasto
Desde un punto de vista
macroeconómico (efectos de corto plazo) subir (bajar) los
impuestos o bajar (subir) el
gasto público, son equivalentes. Si se necesita ajustar
las cuentas públicas, aumentar la demanda porque se está "lejos" del
pleno empleo, o reducir la
presión en el mercado de bienes porque está sobre calentado, se puede tomar una u otra medida y en algún tiempo lograr el efecto.
La velocidad con que se toman estas medidas en general no es rápida, porque deben aprobarse por el parlamento y ello lleva tiempo. A su vez, si se centran en expandir la inversión toman tiempo en concretarse ya que hay que hacer los proyectos, licitarlos y luego ejecutarlos o, en sentido contrario, una contracción requiere al menos terminar las que están en curso. En materia impositiva, las medidas suelen tener efectos casi inmediatos desde la aprobación. No suele ser fácil aprobar subas impositivas o reducciones de gastos. De todos modos, para este último caso el Poder Ejecutivo tiene la potestad de no ejecutar la autorización presupuestal. Aunque suene raro, el presupuesto es una autorización de máximo gasto, no una obligación de gasto.
Un ajuste fiscal se lo asocia irremediablemente a recesión, lo cual es erróneo. En tal sentido, el rol de las expectativas es tan importante que profundos ajustes fiscales que la teoría clásica indica genera caída de la actividad, pueden resultar en lo contrario. En efecto, si partimos de un escenario donde el riesgo de inestabilidad es grande y pasamos a una situación donde se elimina ese riesgo, seguramente el sector privado aumente su actividad mediante consumo e inversión y hasta puede resultar expansivo. Ejemplos sobran, incluso en Uruguay.
Ahora bien, aceptando que a corto plazo cuando hay que estabilizar se deben tomar medidas y éstas pueden no ser las mejores, ello no quiere decir que deban mantenerse a medio y largo plazo, donde lo que importa son sus efectos sobre la tasa de crecimiento. Así, reducir la inversión pública daña el crecimiento, del mismo modo que lo hace aumentar los impuestos. Éstos, todos malos, tienen "sus peores" en los que gravan el capital, sea humano, físico o financiero. Los estudios empíricos son abrumadores al respecto mostrando la repercusión de este tipo de impuestos disminuyendo la tasa de crecimiento (el progreso) de las sociedades. Lo anterior no quiere decir "tasa cero" pero sí reducida y competitiva a nivel internacional con jurisdicciones rivales.
Como existe competencia entre jurisdicciones, a igualdad de condiciones jurídicas, tanto como los costos de transporte y la dotación de recursos naturales lo permiten, son los impuestos los que definen la locación de las inversiones. Es más, se puede disponer de enormes recursos naturales y seguridad jurídica, pero con altísimos impuestos las inversiones serán reducidas. Quienes deben abonar los impuestos "se defienden", es decir de alguna manera buscan lugares donde paguen menos. La recaudación es segura sólo si lo que se grava "no se puede mover", y en estos casos, con altas tasas impositivas, el capital se deprecia, no se repone, horadando la base a lo largo del tiempo. Los recientes ejemplos de impuestos "a los más adinerados" en Noruega y Francia, con una "velocidad de respuesta" desconocida en el pasado, dan cuenta de ello. De hecho, Francia rápidamente deshizo el camino y solo dejó gravado, con mínimos no imponibles superiores y tasas reducidas, los bienes inmuebles dentro del país. Noruega en 2022 subió el "impuesto a los ricos" al 1,1% de su capital, con el que esperaba recaudar US$ 150 millones al año. En 2024 la recaudación de dicho impuesto
había caído en US$ 450 millones.
Sucede que la gente "se mueve" y en el mundo hay muchísimas jurisdicciones dispuestas a recibir las inversiones y personas cobrando tasas razonables, no expropiatorias. A su vez, esas jurisdicciones son pequeñas, compiten entre sí y, como la teoría económica muestra, las bajas tasas impositivas sobre el capital, físico y humano, maximizan el bienestar de los trabajadores de esos países y el equilibrio se logra con menores tasas a las rentas que en las mayores, básicamente en razón del arbitraje en tasas de retorno y los rendimientos marginales decrecientes de la función de producción. La maximización del bienestar social es la "función objetivo" del análisis y, seguramente, de todo gobierno.
Quienes más posibilidades tienen son quienes mayor capital poseen, sea humano o financiero y de allí los resultados que muestran los estudios. Las altas tasas de IRPF desplazan capital humano a menos que sea compensado localmente, en cuyo caso de manera indirecta son el resto de los trabajadores quienes pagan con menores ingresos el impuesto "del que más gana". Es algo común. Si no se quiere ver, no es tema de la realidad. El daño que provocan los altos impuestos y, en especial, sobre las rentas y el capital es muy importante, mucho más diseminadores de problemas para el desarrollo que el gasto
[1], porque reducen la base de la creación de riqueza, la que genera los ingresos para la población y el sector público a efectos de cumplir su intransferible rol.
No olvidemos que la función de producción tiene dos factores centrales, el trabajo y el capital. Si se reduce el capital, se produce menos.
En mi vida he tratado con funcionarios de organismos internacionales. Sus propuestas de aumentar impuestos fueron desde el impuesto al cheque y débitos bancarios, a sobre activos, retenciones a las exportaciones y, por supuesto, a los ingresos de las personas. Lo más sintomático de las situaciones es que esos funcionarios proponen impuestos que no son cobrados en los países donde viven y, además, los personales no los pagan porque disponen de inmunidad tributaria dado los organismos donde trabajan.
[1] Claro está que un gasto alto también genera problemas en cadena, entre los cuáles está su financiamiento que suele ser muy distorsionante.