País en crisis institucional

Juan Pablo Liévano
Colombia atraviesa una crisis silenciosa, pero profunda: la de sus instituciones. No es una crisis visible en las calles, ni protagonizada por multitudes, sino una fractura que avanza desde los cimientos del Estado y que se manifiesta cada vez que un poder intenta sustituir a otro: cuando el Ejecutivo usurpa funciones del Legislativo o presiona inadecuadamente al Judicial, o cuando algunos jueces basan sus sentencias no en los hechos ni en el derecho, sino en sus creencias e ideologías, pretendiendo dictar fallos morales sobre lo que debe resolverse o pensar la sociedad. En ese vacío, el ciudadano pierde la certeza sobre la separación de poderes y la fortaleza de las instituciones, y con ello la democracia pierde su mayor garantía: la confianza en las reglas. Nuestro país no necesita más leyes, ni más reformas constitucionales: necesita, con urgencia, que las instituciones existentes funcionen, es decir que la ley que rige la estructura del Estado vuelva a respetarse, de modo que quienes la ejecutan entiendan que solo pueden hacer lo que ella les permite, y quienes la interpretan recuerden que están al servicio de la justicia, no de las ideologías. Cuando las instituciones dejan de ser independientes y se convierten en instrumentos de transformación ideológica, de venganza o de cálculo electoral, la República se erosiona desde adentro. Defender la institucionalidad no es una postura conservadora ni un capricho de nostálgicos del orden: es un acto de coherencia democrática. Las naciones que progresan no son las que cambian sus reglas con cada gobierno, sino las que mantienen instituciones sólidas y predecibles a lo largo del tiempo, cumpliendo los mandatos del Estado de Derecho con consistencia, sin sesgos y sin excepciones. La corrupción institucional no distingue entre izquierdas o derechas. Es, en esencia, una falta contra la ciudadanía que destruye la confianza en el Estado. El deterioro moral de la política no se corrige con indignación en redes sociales, sino con liderazgo ético, transparencia en la gestión y sanción ejemplar, para que quien la hace, la paga, sin importar su filiación o ideología. Colombia debe recuperar la fe en sus instituciones, no con discursos, sino con hechos. Gobernar no puede seguir siendo sinónimo de componendas económicas o burocráticas, sino un compromiso de servicio público, con liderazgo, ejemplo, sin improvisación ni instrumentalización del poder con fines ideológicos. Si queremos que la democracia sobreviva al populismo, necesitamos gobernantes y jueces que no compitan por aplausos, sino que gobiernen bien y garanticen el cumplimiento de la ley. La democracia no se defiende con consignas, sino con instituciones que funcionen; con políticos que entiendan que el poder es un servicio, no un botín; con gobernantes probos y competentes, y con jueces que fallen en derecho, no por desviaciones ideológicas.
Abogado, exsuperintendente de sociedades y fundador del bufete Liévano Ochoa Asociados.