El deber de respeto a las reglas

Dice el preámbulo de la Constitución colombiana -cuyo carácter vinculante ha subrayado la Corte Constitucional- que sus finalidades radican en fortalecer la unidad de la Nación y en asegurar a sus habitantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, "dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo". Nuestra sociedad, así como la organización política que estructura, parte de la base de la sujeción de todos -gobernantes y gobernados- a principios y reglas que integran un ordenamiento jurídico orientado al logro de esos propósitos y garantías. En reciente publicación expresábamos que, por pertinentes y acertadas que sean las disposiciones constitucionales y legales, de nada sirven si no se acatan, si quedan en la pura teoría, si configuran apenas una aspiración irrealizada, un ideal lejano. Todos los integrantes de la colectividad, así como reclamamos derechos y libertades, tenemos deberes y responsabilidades, comenzando por la observancia de lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Si el Estado no puede garantizar la real vigencia del ordenamiento jurídico, y -por el contrario- prevalecen las vías de hecho, las transgresiones o las interpretaciones acomodaticias, según conveniencia, la organización democrática y el Estado de derecho están llamados al fracaso. Como lo hemos visto a lo largo de este cuarto de siglo, el acatamiento a las normas no ha sido la regla general, ni en la Nación ni en departamentos, distritos y municipios. Muchas decisiones han sido adoptadas por razones políticas -hoy, dentro de una altísima polarización-, no con el fin de alcanzar las finalidades constitucionales sino para provocar efectos coyunturales. Se han buscado fórmulas para beneficio particular, por encima del interés público, y muchas veces en abierta ilicitud. Han sido frecuentes la corrupción, el aprovechamiento y el desvío de los recursos públicos, con graves consecuencias para la población. Así ha acontecido, por ejemplo, con el sistema de salud, con la alimentación escolar o con el destino que se ha dado a los bienes objeto de extinción del dominio. La sociedad ha venido normalizando conductas y procedimientos contrarios al orden jurídico, a lo cual se une algo muy preocupante: buena parte de la ciudadanía ignora o tiene una visión errada acerca de las más elementales normas que integran el orden jurídico y sobre sus propias obligaciones. Está haciendo mucha falta la pedagogía sobre el contenido, exigencias y reglas de nuestra carta política; en torno a las libertades, los derechos y las garantías en ella consignados, así como respecto a la jurisprudencia y las reformas de la preceptiva constitucional. No es solo para abogados. Todos los colombianos, en especial los jóvenes, deberían recibir permanente información. Se requiere implementar y poner en práctica una debida educación en la institucionalidad, como lo señala el artículo 41 de la carta, que, como otras disposiciones, ha quedado en mera expresión teórica: "En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución". Como señalan las normas superiores, las autoridades de la República están instituidas, entre otros fines, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por falta de una permanente formación ciudadana en la materia, la realidad es muy distinta de la normativa. Una mejor pedagogía sobre el sistema democrático, el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, a las decisiones judiciales, asumiendo cada uno sus obligaciones y responsabilidades -entre otros elementos- daría sentido y contenido real a nuestras instituciones democráticas. No todo puede ser enfrentamiento y confrontación con fines electorales.
Punto de referencia
José Gregorio

Hernández Galindo