Pardow: desenlace que marca un hito

El rechazo del Senado de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow tiene una importancia política que excede el caso particular. En efecto, pese a que -dada la composición de la Cámara Alta- había una importante probabilidad de que el libelo fuera aprobado, los senadores privilegiaron su rol institucional, evaluando cada uno la situación en su mérito, como corresponde al papel de jueces que la Constitución les asigna en estos casos. La oposición, en particular, renunció a hacer de esta una demostración de fuerza política, y sus parlamentarios actuaron al margen de alineamientos. Eso fue lo que libró a Pardow de una sanción que hubiera significado su inhabilitación para ejercer cargos públicos -incluidos los de docencia- por los próximos cinco años. Y precisamente esa actitud opositora, sumada al reconocimiento que durante el debate expresaron parlamentarios oficialistas respecto del mal uso que ellos mismos habían hecho en el pasado de las acusaciones, abren la expectativa de terminar con el continuo abuso de esta herramienta por parte de todos los sectores.
Concebida como instrumento de uso excepcional para sancionar infracciones graves a la Carta Fundamental y las leyes, la acusación ha experimentado una expansión sostenida que contraría su naturaleza. Y es que cuando un mecanismo diseñado para proteger la integridad institucional se transforma en vía para expresar molestias coyunturales o corregir errores propios de políticas complejas, la consecuencia no es fortalecer la fiscalización, sino diluir su legitimidad.
El episodio Pardow ilustra bien esta tensión. Hubo errores relevantes en la fijación de tarifas eléctricas y en su reacción a ello, así como graves deficiencias en su manejo de la información. Tales hechos justifican los cuestionamientos y explican su salida del gabinete, pero la pregunta decisiva es otra: ¿configuraba esto una infracción constitucional? En un sistema regulatorio caracterizado por modelos complejos, decisiones acumulativas y una fuerte interacción entre organismos técnicos, el error metodológico es una posibilidad siempre latente. Convertir cada falla en una falta constitucional no solo desnaturaliza la responsabilidad política, sino que instala un precedente que puede entorpecer la toma de decisiones en ámbitos donde se requiere confianza profesional, continuidad técnica y razonabilidad institucional. Este punto es particularmente relevante para un Estado que necesita autoridades capaces de actuar apoyándose en sus equipos especializados. Si cada desajuste fuese interpretado como negligencia sancionable, la consecuencia sería una cultura de temor y desconfianza, incompatible con la gestión de políticas públicas complejas. Un país no se beneficia cuando sus ministros actúan bajo la sospecha permanente de que cualquier desviación pueda transformarse en un juicio constitucional.
El rechazo del Senado no equivale a eximir de responsabilidad al exministro, cuyas falencias quedaron a la vista. Significa, más bien, reafirmar que la proporcionalidad y la excepcionalidad deben seguir siendo los criterios rectores. Sostener ese estándar es indispensable para fortalecer las instituciones, resguardar la gobernabilidad y asegurar que el control político se ejerza sin comprometer la capacidad de gestión del Estado. Pero, además, desde un punto de vista político, las palabras de Pardow y de los parlamentarios oficialistas que demandaron el martes recuperar el sentido de las acusaciones constitucionales y terminar con los abusos en su utilización -de los que ellos mismos fueron responsables durante la administración Piñera- los comprometen hacia adelante, cuando probablemente vuelvan a ser oposición y a enfrentarse a un gobierno de derecha. Lo resumió el exministro al afirmar: "El turno ahora es de nosotros". Tal vez pronto será momento de poner a prueba la coherencia de sus dichos.