Alta informalidad en migrantes limita su seguridad social

La seguridad social en Iberoamérica se concibe en el papel como un derecho universal que no distingue nacionalidad, pero la realidad muestra que millones de personas migrantes enfrentan obstáculos profundos que les impiden afiliarse, cotizar y ejercer ese derecho en igualdad de condiciones; mientras que la brecha entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en la práctica no solo afecta su bienestar, sino que compromete la sostenibilidad de los sistemas. En las últimas décadas la región ha impulsado reformas para ampliar la cobertura y fortalecer la sostenibilidad financiera, suscribiendo ochenta y cinco convenios bilaterales y cinco multilaterales de portabilidad pensional. Sin embargo, menos del 5% de las personas trabajadoras migrantes en edad de jubilación ha logrado beneficiarse, un indicador que evidencia que los mecanismos existentes no alcanzan a cubrir la magnitud de los flujos actuales. Un estudio de la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, destaca que la región registra cerca de 10 millones de personas en movilidad humana, la mayoría atravesando fronteras en busca de mejores oportunidades laborales y acceso a derechos básicos. En charla con Portafolio, Gina Magnolia Riaño, secretaria General de la OISS, contó que desde 2020, el Tapón del Darién se consolidó como la ruta irregular más utilizada y más peligrosa, con más de 250.000 personas en tránsito solo entre enero y julio de 2023, una señal del nivel de urgencia con el que migran. A esto se suma un cambio estructural por cuenta de los flujos migratorios actuales, que no solo provienen de Venezuela o Haití, sino que se mezclan con dinámicas históricas como la migración paraguaya y boliviana hacia Argentina o la peruana hacia Chile; mientras que la composición es diversa y creciente, y las mujeres representan casi la mitad de las personas migrantes internacionales, con un 49% en América Latina y el Caribe. "Hoy tenemos 43 millones de migrantes en la región, personas que van a buscar mejores condiciones de vida o mejores oportunidades de trabajo a otros países dentro de la región. Es decir, colombianos que se van para España, argentinos que se van para Uruguay, uruguayos que se desplazan para México, otros países", dijo esta experta. Aunque los países reconocen la seguridad social como un derecho humano garantizado para cualquier persona, el estudio muestra que "el mayor problema reportado por las personas migrantes para acceder a la seguridad social es la falta de documentación migratoria"; una carencia que impide hacer trámites básicos, obtener contratos formales y afiliarse a los sistemas contributivos, lo que constituye un cuello de botella que afecta toda la cadena de protección. En este sentido, Riaño explicó que la documentación temporal o provisoria que algunos países entregan mientras avanza el proceso de regularización suele emitirse en formatos que dificultan la contratación laboral y que los procesos presentan retrasos administrativos, barreras digitales para quienes no tienen conectividad, exigencias de documentos difíciles de conseguir en los países de origen y restricciones normativas que dejan por fuera a determinados perfiles migratorios. "Colombia tiene, todos los países tenemos retos y desafíos parecidos. Tenemos que afrontar la transición demográfica, el envejecimiento de la población, tenemos que afrontar la sostenibilidad de las pensiones, tenemos que afrontar la suficiencia de las prestaciones, son los objetivos de cualquier sistema de seguridad social, que sea universal, que sea sostenible y que sea suficiente", acotó Gina Magnolia Riaño.