¿Y la ‘Farcpolítica’?

La primicia de esta semana de Caracol TV puso de presente la capacidad de la guerrilla para destruir nuestra institucionalidad y evidenció la mezquindad de algunos agentes del Estado, que traicionan a la patria. Es inaudito que un oficial del Ejército con el más alto rango y que el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia estén al servicio de las Farc y puedan considerar la posibilidad de organizar, con la insurgencia, empresas de vigilancia en su beneficio común. El repudio nacional es absoluto. La noticia da lugar a muchos cuestionamientos. Después de conocerse el contenido de los computadores y archivos digitales de alias Calarcá, ¿puede este, por obstinación del Gobierno, ser gestor de paz, con las gabelas que ello significa? También es momento de preguntarse si la ley establece un régimen de impunidad en favor de los colaboradores de la guerrilla y las más duras sanciones para los movimientos contrainsurgentes. Interrogante legítimo, porque lo que advierte el ciudadano del común es que la actividad judicial es frenética cuando se trata de investigar y acusar a los facilitadores de los grupos paramilitares, pero pocón respecto de los facilitadores de la guerrilla. Baste tener presente cómo la JEP se ha interesado en juzgar a los militares que colaboraron con los ‘paras’, pero jamás se la ha oído hablar de que exista un macrocaso o una actuación en contra de políticos tradicionales o de otros agentes del Estado que, del lado de los comandantes de las Farc, han intervenido en el conflicto armado y, por ende, tienen un alto grado de responsabilidad en los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en que aquellos incurrieron. Pese a las múltiples evidencias que comprometían a Piedad Córdoba, ninguna de sus investigaciones prosperó. Se dirá que fue por la imposibilidad de hacer uso en su contra de los correos secretos contenidos en los computadores de ‘Raúl Reyes’, donde se la mencionaba con el alias de Teodora Bolívar. Pero no hay tal. La justicia ha podido llenarse de razones con otras pruebas documentales. Es evidente que, para generarle réditos políticos, las Farc exigían la presencia de Piedad Córdoba en los operativos humanitarios de liberación de secuestrados. Así ocurrió, por ejemplo, en la entrega del sargento Pablo Emilio Moncayo, de los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio, o la liberación del soldado Josué Daniel Calvo, en marzo del 2010. En este último caso, por ejemplo, en el que estuvo en duda la presencia de Piedad Córdoba en el helicóptero militar de Brasil que se utilizó para el operativo, el ‘Mono Jojoy’ le escribió al secretariado: "Tenemos claro que si no va Piedad, no entregamos nada", según ha trascendido de sus computadores. O cómo olvidar el trino de Ingrid Betancourt en el que manifestó que la exsenadora "retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos". Son muchos más los nombres que aparecen en los computadores incautados a la guerrilla de las Farc, en el curso de operativos militares. Uno de los que se mencionan recurrentemente en los medios es el de Iván Cepeda, actual candidato presidencial por el Pacto Histórico, quien debería aclararle este asunto al país. La ‘Farcpolítica’ es inocultable. De hecho, la Comisión de la Verdad reconoció la existencia de relaciones pecaminosas entre agentes del Estado y la guerrilla de las Farc, a nivel de mandatarios regionales e, incluso, de excongresistas. Como resultado de los trabajos que hace seis años entregó la Fiscalía para que la justicia transicional funcionara, la JEP recibió un documento titulado ‘Vínculos entre las Farc-Ep e integrantes de la Fuerza Pública’, del que hoy haría parte el denunciado caso del general Huertas. No se sabe qué hizo con esta línea investigativa. Por su sesgo ideológico, ¿solo se interesa en los colaboradores del paramilitarismo? El caso del general y el del investigador de la DNI es una oportunidad de oro para que la justicia ordinaria acredite, en contraste, que funciona sin agenda política. Taponazo. Ordena la Constitución que la violación de las normas de financiación de campañas implica la pérdida del cargo del candidato.
Justicia sin agenda política
Néstor Humberto Martínez Neira
Es momento de preguntarse si la ley establece un régimen de impunidad en favor de los colaboradores de la guerrilla y las más duras sanciones para los movimientos contrainsurgentes.