Fuerzas encontradas

ricardo ávila pinto- especial para el tiempo
Analista sénior
No se puede olvidar el riesgo de que se acelere la inflación en un país en

donde existe el fenómeno conocido como indexación, pues una serie de tarifas y servicios se expresan en salarios mínimos lo cual ocasiona una especie de bola de nieve.
Basta con cambiar de acera para encontrar dos visiones distintas en torno a la definición del nuevo nivel del salario mínimo que regirá en Colombia a partir del próximo primero de enero, cuyas negociaciones formales arrancan esta semana. La escena tiene lugar en una calle ubicada en el centro histórico de Bogotá, aunque seguramente pasaría lo mismo en cualquier otro sitio con características similares. Del lado derecho de la vía está Rolando Pérez, vigilante de un edificio de la zona, que espera un buen incremento apenas comience el nuevo año. "Con lo que gano escasamente me alcanza y uno siempre aspira a vivir mejor. Ojalá el reajuste sea bueno", dice. Del lado izquierdo se encuentra Cecilia Pachón, la dueña de una pequeña peluquería quien afirma que, si el salto es muy grande, no podrá contratar a alguien que reemplace a la ayudante que le colaboró hasta hace un mes. "Con lo que tendría que pagar prefiero defenderme sola, así me toque trabajar más, en lugar de sufrir para cumplirle con el sueldo a alguien", señala. Tales consideraciones, y unas cuantas más, deberían ser tenidas en cuenta por los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales establecida por la Ley, cuya responsabilidad central es definir el nuevo salario mínimo. Se trata de un espacio tripartito en el cual participan representantes del Gobierno, las centrales de trabajadores y los gremios empresariales y que todos los años sigue un libreto establecido a lo largo de un par de semanas. Si bien este año la foto inicial se parecerá a la de siempre, los preámbulos del proceso llevan a pensar que la travesía será más turbulenta que lo usual. Nadie, para comenzar, le apuesta a un consenso como el logrado en algunas ocasiones previas cuando sindicatos y sector privado pudieron encontrar un punto común. La razón no es otra que las indicaciones dadas por el Ejecutivo. Meses atrás Gustavo Petro habló de un aumento sustancial en la remuneración a manera de despedida, por ser 2026 el último año de su administración. Poco después el ministro del Interior mencionó que su preferencia sería llegar a los 1,8 millones de pesos mensuales, lo que equivale a un alza del 11,9 por ciento frente a lo que hoy está vigente: 1’423.500 pesos del mínimo más 200.000 pesos que corresponden al auxilio de transporte. Ante esas señales no faltó el dirigente que cuestionó la validez de asistir al ejercicio de negociación si el número igual ya está definido por el Palacio de Nariño. Bajo esa visión será esta la que promulgue un decreto antes del 31 de diciembre, sin importar los planteamientos que unos y otros hagan en la mesa. Aún con la elevada probabilidad de que así sea, finalmente los gremios decidieron hacerse presentes para cumplir con las reglas establecidas y hacer oír su voz. A fin de cuentas, participar en el debate sigue siendo válido con el fin de contrastar planteamientos. Además, se ajusta a lo que señalan las normas. Es por eso que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, insiste en que "tenemos la responsabilidad entre gobierno, representantes de los trabajadores y de los empleadores de tomar la mejor decisión posible para Colombia". Agrega que "hay que tener en cuenta la capacidad adquisitiva de los trabajadores y la situación de las familias, además de variables como la inflación, el empleo y la competitividad". Subraya que "es un delicado equilibrio en el cual debemos buscar cumplir simultáneamente con todos estos objetivos para así generar el mayor bienestar posible". Sobre el papel, el punto de partida de la discusión debería ser lo que señala la ortodoxia: reconocer el alza esperada en el nivel de precios más la mejora en la productividad de los trabajadores. Tras una sentencia de la Corte Constitucional quedó claro que el piso del reajuste debe ser, al menos, el aumento en el valor de la canasta familiar en el año que termina. A la luz de esos parámetros, cuando se combinan ambos factores, el incremento sería cercano al 6,5 por ciento en la presente ocasión, es decir, 1’516.000 pesos mensuales sin el auxilio de transporte. Sin embargo, en la práctica los criterios que entran en la ecuación son más amplios e incluyen las consideraciones políticas. Enviar una señal de flexibilidad como muestra de empatía con los colombianos de menores ingresos o tratar de calmar los ímpetus del Ejecutivo han desembocado en el pasado en alzas que se traducen en un salario real (es decir, descontado el efecto inflacionario) superior en casi 30 por ciento al de mediados de la década pasada. Optar por esa línea no es algo que sucede solamente en Colombia. Tanto en las naciones de mayores ingresos como en las economías emergentes hay presiones para que suban las remuneraciones mínimas. Los más entusiastas llegan a decir que esta podría ser una manera de acabar con la pobreza por decreto, al garantizar un ingreso decente para quienes están en la base de la pirámide. Pero así las intenciones sean loables, no hay que olvidar que el camino del infierno está empedrado de ellas. Sin desconocer que es válido que el Estado imponga límites para corregir las deficiencias que pueda tener la interacción de la oferta y demanda de brazos, el riesgo de los excesos opera en ambos sentidos. Uno de los peligros evidentes de subir los salarios por la vía administrativa es llevar a resultados opuestos a los que se buscan. Para comenzar, el apetito de generar nuevos empleos disminuye y puede incluso desembocar en recorte de nóminas. Aparte de lo anterior, si los costos laborales son mucho mayores, el valor de los bienes y servicios acabará reflejando dichas alzas, algo que puede ocasionar una verdadera espiral inflacionaria que golpea el poder adquisitivo de la población. América Latina abunda en ejemplos de países en donde la calidad de vida se deterioró de forma sustancial, por cuenta de gobiernos que quisieron aplicar recetas del corte de la mencionada. Quizás por ello se ha aprendido que exagerar con la medicina salarial aumenta el riesgo de empeorar la condición del paciente. Hechas las advertencias, son pocos los que en la administración Petro consideran que en este asunto vale la pena irse por el camino de la prudencia. Uno de los motivos es que las mediciones más recientes sugieren que las alarmas que se emiten son exageradas. Como prueba se cita la buena salud del mercado laboral. Sin ir más lejos, esta semana el Dane reportó que en octubre el desempleo se ubicó en 8,2 por ciento a nivel nacional y en 8 por ciento en las áreas metropolitanas más grandes. Dichos guarismos no solo son muy inferiores a los registrados en el mismo lapso de 2024, sino que son los más bajos desde cuando la entidad comenzó a publicar mensualmente los datos del mercado laboral a comienzos del presente siglo. Tal como ha ocurrido en otras partes del mundo en donde han surgido polémicas similares, parecería que aquí las alertas sobre el impacto negativo que podrían tener los salarios regulados sobre los índices de ocupación no tienen fundamento. Igualmente, se insiste en que esta es una manera de impulsar el consumo de los hogares y la buena salud de la economía. Si la gente gana más, sostiene el argumento que comparten personas como Fabio Arias, presidente de la CUT, podrá adquirir más bienes y servicios que harán girar un círculo virtuoso en favor de la producción y el empleo. Tampoco se olvida la coyuntura política. Con las elecciones legislativas y presidenciales a la vuelta de la esquina, el Pacto Histórico les dirá a los votantes que ha defendido los intereses de los trabajadores y no los de los del gran capital. Otras cuentas No obstante, una mirada más profunda muestra que las cosas no son tan sencillas. Tanto en Colombia como en otras latitudes la literatura académica reciente muestra que las alzas en el salario mínimo sí tienen consecuencias que golpean a grupos específicos de la población. En el caso del país, lo más relevante es el comportamiento de la informalidad laboral, que comprende a aquellos trabajadores asalariados o por cuenta propia que, entre otras características, no están afiliados a la seguridad social. Según el Dane, entre julio y septiembre esa proporción ascendió al 55 por ciento del total de ocupados a nivel nacional y a 41,6 por ciento en las 13 áreas metropolitanas más grandes. Estudios hechos por técnicos del Banco de la República muestran que la creación de puestos formales es inversamente proporcional a los aumentos en la remuneración mínima. Uno de los segmentos más afectados por esa circunstancia son los jóvenes con bajo nivel educativo que quedan atrapados en la precariedad. Que coexisten dos realidades muy distintas, es algo que confirman los datos oficiales. De un lado hay colombianos que reciben sus prestaciones de acuerdo con lo que prescriben las normas, que siguen siendo una parte minoritaria del total. Del otro están los que viven del conocido rebusque, el cual incluye oficios a destajo. Tal como lo muestra, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, a mediados de este año el ingreso laboral mediano de los no asalariados fue de 938.208 pesos mensuales, muy por debajo del mínimo establecido. La brecha es especialmente notoria en el campo, en donde la fijación de los jornales corresponde a las realidades locales, una circunstancia que ha llevado a los especialistas a insistir en la necesidad de fijar remuneraciones diferenciales entre las zonas rurales y las urbanas. Pero más allá de esa discusión, quienes saben de este asunto insisten en que subir más rápido de lo aconsejable la vara del mínimo implica dejar atrás a una parte importante de los ciudadanos que nunca podrán dar el salto de un escalón a otro. Como si eso fuera poco, dicha circunstancia puede golpear de manera desproporcionada a lo más pobres. Por el contrario, aquellos que cuenten con un empleo formal pueden salir ganando, como los trabajadores sindicalizados cuyos aumentos de sueldo se encuentren atados al comportamiento del mínimo. Incluso aquellos que reciben mucho más y cuentan con poder de negociación en su empresa acaban logrando reajustes significativos en algunas ocasiones. No se puede olvidar el riesgo de que se acelere la inflación en un país en donde existe el fenómeno conocido como indexación, pues una serie de tarifas y servicios se expresan en salarios mínimos lo cual ocasiona una especie de bola de nieve. Precios más altos disminuyen el poder adquisitivo de todos, pero se ensañarán sobre los más vulnerables. Vale la pena tener en cuenta tales elementos, incluso a la luz del reporte más reciente sobre el empleo. Del aumento cercano al millón de personas ocupadas entre octubre de 2025 y el mismo mes del año pasado, unas tres cuartas partes correspondió a categorías asociadas con la informalidad. Al respecto, José Ignacio López, presidente de Anif, recalca los riesgos actuales. Para el experto, "aumentos significativos del salario mínimo pueden elevar el umbral de entrada a la formalidad, dejando a muchos trabajadores en empleos informales y contribuyendo a una inflación más rígida y superior a la meta del Banco de la República". Y a lo anterior se suman las preocupaciones de otra índole. "En el contexto de la campaña de 2026, insistimos en que la discusión sobre el salario mínimo debe mantenerse en el ámbito técnico, y que en la mesa de concertación deben primar los argumentos y el análisis, y no el uso electoral de este tipo de decisiones", concluye López. Falta ver si ese llamado a la sensatez encuentra eco en una administración que no asume el rol de amigable componedor que tuvo en otras ocasiones. Lo único que podría moderar los impulsos es el efecto sobre las finanzas públicas, pues cada punto de incremento le vale un billón de pesos a las arcas estatales. Pero los augurios no son los más alentadores y menos en las condiciones actuales en los que el populismo campea.